Desde la ONG defensora de los derechos humanos se le exigió al gobierno avanzar también en reformas policiales, principalmente por el programa con el que Boric llegó al poder.
“Por cierto que existieron actos de delitos y violencia, pero no se puede distorsionar la legítima demanda de reivindicaciones que siguen vigentes”.
Por Vicente Flores
Esta mañana Amnistía Internacional Chile presentó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En cuanto al estado de Chile, el expediente arrojó conclusiones negativas, por lo que el director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos, aprovechó la instancia para hacer un llamado a la presidencia.
“El presidente Boric sucedió a un gobierno sombrío en materia de derechos humanos, pero fue esperanzador su programa en este aspecto, marcado fuertemente por el respeto a los derechos humanos»—afirmó el exjefe de Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)— «Sin embargo, aún hay compromisos pendientes, e incluso retrocesos”.
Para Bustos es relevante agilizar los proyectos de ley relacionados a la temática que trabajan desde Amnistía Internacional , como la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante el estallido social.
Según el director ejecutivo, el proyecto de ley impulsado por parlamentarios de oposición, el cual busca la amnistía para carabineros condenados por delitos durante ese periodo, “pretende entregar impunidad para personas que violaron los derechos humanos» agrega «Lo que debieran hacer es lo contrario, avanzar en justicia y reparación integral a las víctimas del estallido social”.
Sobre esto último, el abogado recalcó que pese a la delincuencia que se generó a partir del 18 de octubre del 2019, no es excluyente para desconocer las demandas sociales de la ciudadanía, porque “por cierto que existieron actos de delitos y violencia, pero no se puede distorsionar la legitima demanda de tantas personas que salieron a las calles de manera pacífica para exigir igualdad en el ejercicio de sus derechos sociales. Esas legitimas reivindicaciones siguen vigentes”, concluyó.
| «Nos parece que es inaceptable y contrario a la constitución y a los tratados de derechos humanos a los que está suscrito el país». |
Carabineros y la seguridad
En la presentación del informe anual también se contó con un panel de debate que incluyó a la periodista Alejandra Matus y al académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. La posible reforma a Carabineros por parte del gobierno fue uno de los temas que se abordó en la conversación, así también la crisis de seguridad ya que, según los panelistas, ha impactado en la implementación de la propuesta.
Para Matus, la contingencia política sobre seguridad y el aumento de la delincuencia ha provocado que el gobierno “no pueda avanzar, o que le de miedo, profundizar en materia de derechos humanos» Tal como con la situación de carabineros, según la periodista, existe la idea de que parecen incompatibles las demandas ciudadanas por seguridad y la molestia con las causas judiciales a carabineros.
Según Nash,” la impunidad de las grandes instituciones que impera en Chile es un factor determinante a la hora de tratar estos temas. Por eso es que el debate sigue pendiente, porque es una problemática, incluso, a nivel regional”.
La pena de muerte
Bustos en conjunto con los panelistas abordaron la polémica declaración del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien afirmó en Súbela radio que “hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, como la discusión en torno a la pena de muerte. Actualmente hay delitos que por más que les apliquemos cadena perpetua, por más que apliquemos las mayores sanciones, no tendrían una sanción o pena suficiente”.
Pese a que rectificó sus dichos, aludiendo a una “reestructuración de fondo” en vez de la pena de muerte, sus palabras causaron repudio en su propio sector político.
El director ejecutivo de Amnistía Chile subrayó que: “lo ideal sería no volver a hablar sobre reponer la pena de muerte, sobre todo cuando el mundo está avanzando hacia su erradicación. Por ello es que se trata de una declaración que implica un retroceso en avances civilizatorios que ha dado la humanidad, así que esperamos que esas ideas no prosperen”.
| «Este es el ejemplo más patente y patético de la deriva autoritaria en el país, donde buscamos la respuesta fácil, y el populismo penal es eso. Trea un aplauso rápido y efectista de la gente”. |
En tanto, Nash sostuvo que esta propuesta, además de ser populista, se enmarca en la regresión conservadora que ha vivido el país durante el último tiempo: “Si hay algo que caracteriza esta regresión autoritaria -y así lo avala el informe de amnistía- es la diminución de la calidad de la democracia. Así se instalan fácilmente estos discursos»
En la misma línea se situó la opinión de la periodista, quien analizó esta frase como “un acto de lucha por un voto”. Además, agregó que: “hay un fracaso del populismo penal. Esto de aumentar el número de cárceles y uso de policías o militares para tratar de reprimir los actos del crimen organizado solo contribuyen a afianzarlos, a darles más poder. Así ha ocurrido en México y Brasil, y probamente suceda en El Salvador. Lo peor es que contagia, incluso, a gente del sector progresista”.
Finalmente, Bustos recalcó que la futura formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será fundamental para avanzar en materia de justicia y derechos humanos. Cabe recordar que al alto mando se le acusa de una supuesta responsabilidad de omisión por apremios ilegítimos, esto, en el contexto de las lesiones graves y homicidios ocurridos durante el estallido social.
