Con más de 150 testigos y 38 acusados de alta peligrosidad, la Corte Suprema suspendió el juicio oral telemático contra el clan Los Gallegos -una de las facciones del Tren de Aragua- que en un principio, fue agendado para el lunes 22 de abril en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica. El máximo tribunal acogió el recurso de amparo presentado por la defensa y ordenó una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial.
Cabe destacar que, al brazo operativo en Chile de la banda transnacional de origen venezolano, Tren de Aragua, se le acusa de 16 tipos de delitos en al menos 22 acciones criminales, donde 11 de los 38 imputados arriesgan cadena perpetua. Entre las condenas solicitadas para el resto de la banda, se suman más de 200 años de pena.
El máximo tribunal aceptó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica y acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de los imputados, insistiendo en que se vulneraron sus garantías, así como la información sobre los motivos para realizar audiencias de manera remota y sin la presencia de todos los involucrados.
La polémica se desató principalmente por los amparados recluidos en el Centro Penitenciario de Valparaíso, donde la Corte Suprema rectificó lo siguiente: “Gendarmería de Chile deberá adoptar las medidas que resulten conducentes para asegurar la debida comunicación de los amparados que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva (…) con sus abogados defensores”. No obstante, Cooler UAI tomó contacto con la Dirección Regional de Valparaíso, donde aseguraron no tener ni un tipo de incidencias a nivel nacional frente a lo ocurrido con los reclusos.
Según informó El Mercurio el miércoles 24, el TOP de Arica fijó la audiencia de factibilidad técnica para este viernes, instancia donde se informará la defensa al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre los antecedentes de un informe emitido por Gendarmería que advierte sobre las consecuencias que conllevaría trasladar hasta Arica a los imputados para que sean juzgados: 19 de ellos están cumpliendo prisión preventiva en diversas cárceles del país ubicadas en La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt.
Carlos Fernández, dirigente nacional de Gendarmería de Chile, aseguró que el desarrollo de un juicio presencial no es factible. “Como Gremio no atacamos al cartel sino, más bien, estamos apelando a la necesidad de seguridad ciudadana. Son bandas y organizaciones criminales que tienen alto poder económico y con ello pueden comprar un sinfín de cosas, no solo materiales, sino también voluntades que pueden ponernos en riesgo”, afirmó.
Fernando Wilson, doctor en historia y docente de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, aseguró que la petición de Gendarmería sobre mantener el juicio online es absolutamente válida, y que “hacerlo en Arica no se ve como una opción racional. Eso da cuenta del nivel de atraso y de desconexión con la realidad que tienen algunos administradores dentro del Estado, en este caso, el Poder Judicial”.
Los modelos de relación interna dentro de las cárceles chilenas representan uno de los principales problemas dentro del escenario de seguridad del país, y la descoordinación entre los distintos órganos estatales -Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Fiscalía y Gendarmería- marca un tipo de precedente que definiría el destino de posibles casos a futuro de sentencias por crímenes organizados de características similares al de Los Gallegos.
Los problemas de logística por la cantidad de imputados y la peligrosidad que cada uno de ellos poseen por sí solos, dificulta la realización de un juicio presencial si es que no están las condiciones. Además, “se hace ampliamente en otros países, particularmente en aquellos que tienen experiencias con mafias, como lo es el caso de Colombia, Italia o España”, explicó Wilson.
Por otro lado, “el juicio telemático permitirá separar a las bandas complicar el tema logístico. Realizarlo en Arica sería regalar tiempo y posiciones para que, en el peor de los casos, se intentara un rescate caliente que pudiese terminar en violencia o muerte”, aseguró el analista político.
Desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, comprenden la importancia de mantener informada a la población respecto de las problemáticas que supone un juicio oral de tales características, entender los hechos que esta acción podría desencadenar para así prevenir consecuencias que atentan contra un privilegio que, hasta hace poco, se consideraba cotidiano; el orden y la seguridad pública.
A través de un comunicado enviado desde el Gremio a la Dirección del Trabajo, realizaron un llamado explícito a la Corte Suprema para no comprometer la seguridad de las personas: “Confiamos en que existen los medios para asegurar el cumplimiento de ello, sin que esto signifique trastocar la vida de los habitantes de Arica y de todos aquellos que, en el eventual traslado de internos, podrían verse expuestos al actuar del crimen organizado”, expresaron.
Desde gendarmería, Fernández mencionó que, como funcionarios luchan por mejorar los servicios de infraestructura y logística, porque: “somos los convocados a resguardar y apechugar con todo lo que ello conlleva, pero tampoco es la idea entregarse al peligro de forma gratuita sabiendo a lo que nos estamos enfrentando (…). Necesitamos que las autoridades empaticen con el trabajo que realizamos a diario, donde cumplimos con el objetivo como custodios de las personas privadas de libertad”, mencionó.
Pero no todo está perdido. Según el analista político, Fernando Wilson, “Chile puede ser mejor de lo que es hoy día en términos de seguridad y condiciones de vida, llegando a los consensos nacionales suficientes en el Congreso y tomando medidas prácticas en términos de seguridad sobre la base de la experiencia de otros países que han vivido lo mismo (Estados Europeos y Norte América)”, concluyó.
