Por Guido Camu Cárdenas
Los artistas urbanos chilenos son sumamente discriminados, especialmente en el país que los vio nacer, crecer y consolidar un género que se creía exclusivo de Puerto Rico o República Dominicana. Es su tierra natal la que más duramente juzga sus letras, sonidos y, sobre todo, su estrato social.
A una parte importante de la población no le interesa que personajes como Pablo Chill-E o Jere Klein hayan logrado, a través de su propio esfuerzo, perseverancia y derribando a la competencia que contaba con gruesas billeteras, posicionar a Chile en el mapa mundial de uno de los estilos musicales más sonados de la actualidad. A los verdugos solamente les importa su lenguaje, los tatuajes, la ropa con la que visten y su incomodidad frente a las temáticas que abordan, muy propias de la vida empapada de vulnerabilidad y falta de oportunidades que les tocó sufrir, de la cual lentamente han podido surgir gracias a sus hits y decenas de estadios sold out.
Esta clase de diferencias hacia los artistas chilenos quedaron en evidencia cuando diversos medios de comunicación publicaron que artistas como Pailita o Cris MJ -quienes cosechan más de 500 millones de reproducciones con Ultra Solo Remix y casi 1.200 millones con Una Noche en Medellín, respectivamente- cobrarían cerca de $40 millones por una presentación. Sin embargo, el cantante de narcocorridos y música urbana mexicano Peso Pluma, a quien se le ha acusado de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa, se le habrían ofrecido, según el periodista Andrés Caniulef, hasta $700 millones por abrir la última noche del Festival de Viña 2024, show que fue cancelado “debido a razones personales” del artista.
La política no se ha quedado al margen de estos ataques hacia las principales estrellas nacionales del género, pues a principios de año la diputada Joanna Pérez Olea (DC) propuso modificar la Ley N°19.928 para incluir una restricción que impida la participación de artistas en eventos de gran escala si promueven la narcocultura o actividades ilegales, señalando directamente a artistas como Pablo Chill-E, King Savagge, Jere Klein y Cris MJ, quienes gozan de completa libertad y no están siendo juzgados legalmente por ningún delito vinculado a lo señalado por la “honorable”.
Además, es notable la exclusión y falta de interés de cualquier premiación musical gubernamental hacia los artistas urbanos. Joe Vasconcellos o Roberto Bravo, quienes cuentan con un inmenso talento y apoyo, son galardonados con reconocimientos como el Premio Música Nacional Presidente de la República. Mientras que, Floyymenor, cantante vicuñense de apenas 22 años, que gracias a los casi 400 millones de reproducciones de su tema Gata Only está actualmente en el primer lugar del listado Hot Latin Songs de la prestigiosa revista estadounidense Billboard, no ha obtenido ni unas simples felicitaciones por parte del Presidente, la Ministra de Cultura u otra figura del gobierno.
Es así que la discriminación y juicio sistemático hacia los artistas nacionales del género urbano refleja una clara discordancia entre sus enormes éxitos y el reconocimiento cultural en su país de origen. A pesar de sus carreras en ascenso y de haberle ganado a las barreras socioeconómicas, llegando a oyentes de todo el planeta, estas estrellas continúan sufriendo de una persistente persecución y subestimación de su arte. Es imperativo que la sociedad chilena, si es que realmente tiene una seria preocupación por el narcotráfico y la delincuencia, revalore y celebre a aquellos artistas que le han abierto camino a cientos de chicos que no hallaban otras alternativas a la vida delictual y que hoy ven en la música una herramienta para surgir y dar a conocer sus duras realidades. Gracias a figuras como Pablo Chill-E, cientos de jóvenes han soltado las armas y las drogas, cumpliendo la promesa del cantante de “poner a to’ los niños de la pobla a cantar”.
