El actual gobierno ha retomado una de las promesas más grandes y ambiciosas de la campaña del Presidente Gabriel Boric: la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta medida ha generado un amplio debate y expectativas entre los afectados por esta deuda educativa y los diferentes sectores políticos.
Propuesta del gobierno
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha sido la principal portavoz encargada de comunicar las razones y el alcance del proyecto. Vallejo ha destacado que la condonación del CAE no solo busca aliviar la carga financiera de miles de estudiantes y egresados, sino que también pretende corregir una deuda histórica con las familias chilenas que han enfrentado un sistema educativo costoso y, en muchos casos, inequitativo.
Según la ministra, a pesar de que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha aclarado que la condonación no será universal, sino que estará focalizada en aquellos grupos que más lo necesitan, el gobierno está comprometido en buscar una solución integral que beneficie a todos los afectados, promoviendo a la vez un sistema de financiamiento educativo más equitativo y sostenible en el futuro.
Además, Vallejo ha señalado que la implementación de esta medida requerirá un análisis detallado y una planificación cuidadosa para garantizar su viabilidad fiscal y su impacto positivo a largo plazo, señalando que el gobierno está trabajando en conjunto con diversas entidades y expertos para definir los mecanismos más adecuados para llevar a cabo la condonación del CAE.
Mientras tanto, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se expresó en el programa Mesa Central de Canal 13 sobre los compromisos asumidos por el gobierno en relación al CAE.
El ministro recordó que el Ejecutivo acordó presentar, antes de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de 2025, una propuesta para crear un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización de la educación superior.
Asimismo, Elizalde aseguró que, cuando se presente la solución al problema del CAE, se informará al país sobre los detalles del proyecto. Destacó, además, la transparencia con la que el gobierno planea manejar el proceso, manteniendo a la ciudadanía informada y participativa en la evolución de esta importante reforma educativa.
Costos y viabilidad
Según el informe de 2023 Simulación de la condonación del CAE del centro de estudios Horizontal, el costo total de una condonación universal sería de aproximadamente US$11.270 millones, equivalentes al 3,7% del PIB. Este costo varía según los distintos grupos de beneficiarios: US$5.160 millones para quienes tienen deudas que superan el valor inicial del crédito, US$4.240 millones para quienes mantienen un saldo remanente previo a 2012, y US$3.200 millones para deudores con garantía ejecutada. Estos montos reflejan el alto costo que representa la condonación para las arcas públicas y subrayan la necesidad de una evaluación cuidadosa de su viabilidad fiscal.
Además, de acuerdo con el informe publicado en diciembre pasado, del total de beneficiarios del CAE, sólo el 43% está al día con sus pagos mientras que el 57% se encuentra en situación de morosidad. Este dato resalta un posible desafío adicional: cualquier política de condonación de deudas, ya sea por morosidad o por garantías ejecutadas, puede desincentivar el cumplimiento entre quienes están al día con sus pagos.
Sebastián Donoso Díaz, investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián, a través de su columna La condonación del CAE es muy cara, pero puede no ser regresiva publicada en Ciper, reconoce que la condonación del CAE es una medida altamente costosa, pero no comparte la visión de su regresividad. Según Donoso, «todos los sujetos de crédito estaban en una situación inicial que requería del CAE para poder estudiar; situación que es claramente injusta, e incluso inmoral, pues eran personas capaces —como lo demostraron en su gran mayoría— que dependían de un impulso económico para lograrlo. Sin embargo, el diseño técnico del instrumento fue claramente inapropiado y gravó a muchos de sus «beneficiarios» con deudas muy altas; que sí terminaron siendo regresivas”.
Donoso enfatiza la necesidad de considerar la justicia redistributiva, donde una política equitativa debe garantizar acceso a oportunidades según la situación inicial de cada individuo. Propone un «análisis caso a caso» para determinar las medidas de corrección adecuadas y evitar decisiones regresivas que beneficien desproporcionadamente a quienes han alcanzado altos niveles de éxito financiero. «Es muy distinto comparar al profesional que pudo pagar su crédito y quedó con capital para salir adelante, respecto de a quien el pago del CAE le ha perjudicado su calidad de vida», señala.
Opiniones de los estudiantes
Cooler se puso en contacto con diversas federaciones de estudiantes universitarios para recopilar sus perspectivas y sensaciones respecto al proyecto de condonación del CAE.
Catalina Lufín, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), señala que “desde la Federación consideramos que este gobierno está al debe en materias de educación y que es momento de cumplir las promesas de campaña. En eso, el CAE es central, pero no sólo respecto de la condonación a la deuda, sino que por la necesidad de erradicarlo y reconocerlo como una política pública fracasada, que solo contribuyó al endeudamiento de las familias”, añadiendo que “consideramos que cualquier avance sustantivo en materias de financiamiento a la educación superior debe contemplar el fin al CAE y otras expresiones del voucher”.
Asimismo, Javiera Carlesi, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (FEPUCV), explica que “es sumamente necesario que se comience a implementar esta política, esta promesa del gobierno del Presidente Gabriel Boric, sobre todo entendiendo la precarización que genera para los estudiantes, luego de sus egresos, y sus familias el cargar con esta gran mochila de la deuda, una deuda que ataca principalmente a mujeres, ya que el 56% de las deudoras de CAE son mujeres, y un 57% de este grupo son de los quintiles más bajos de la población chilena”, recalcando que “la educación debiese ser un derecho y una garantía, no un privilegio al cual [solamente] quienes tienen capacidad de endeudamiento pueden optar”.
Escucha el resto de las palabras de Javiera a continuación:
De igual modo, Catalina Jofré, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEUC), señala que “no es solamente importante avanzar en un programa responsable de manera fiscal, pero también hay que ayudar a la gente que está en situaciones criticas con el pago del CAE, pero lo más importante es que el gobierno pueda presentar un proyecto abra un nuevo sistema de financiamiento que entienda la educación como un derecho que, finalmente, acceder a la educación superior no sea un bien o un privilegio para algunos”.
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Por otro lado, Escarlet Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (FEDEP), explica que “consideramos que la condonación del CAE es un asunto relevante y que debe estar sí o sí en la cima de la esfera pública. Responde a un asunto que se debe concretar”. Sin embargo, señala que “somos realistas en cuanto a los límites de los recursos materiales y económicos con los que cuenta el gobierno para llevar a cabo este cometido. Vemos plausible que la condonación sea progresiva y también selectiva en consideración de aquellas familias que se encuentren con un mayor índice de vulnerabilidad, lo que no implica que en un futuro se pueda avanzar a una condonación absoluta para todas y todos quienes accedieron a este recurso (CAE), enfatizando que es “una medida justa, necesaria e ineludible. Esta responde a una política pública que hizo y sigue haciendo mucho daño a miles de chilenas y chilenos, y, por lo mismo, se debe remediar por medio de la condonación y un nuevo modelo de financiamiento”.
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