incidente ocurrido en Iquique en el que un grupo de marinos agredió y mató brutalmente a un hombre en situación de discapacidad, ha dejado consternada a la sociedad y despertó una ola de indignación. Este acto de violencia inexcusable nos obliga a reflexionar sobre el imprescindible respeto a los derechos humanos y la responsabilidad que recae en quienes tienen el deber de proteger a la ciudadanía.
Es lamentable y preocupante que miembros de las Fuerzas Armadas, que están entrenados para salvaguardar el orden y la seguridad, sean los perpetradores de un acto tan repudiable. La función de los uniformados debe ser garantizar la protección y el bienestar de todos los ciudadanos, sin distinción. Este incidente pone en tela de juicio la formación ética y el control disciplinario dentro de la institución.
La discapacidad no debería ser motivo de discriminación ni violencia, sino al contrario, una oportunidad para mostrar empatía y solidaridad. En este caso, el hombre en situación de discapacidad se encontraba en una condición de vulnerabilidad, y en lugar de recibir ayuda y respeto, fue objeto de una golpiza por parte de aquellos que deberían velar por su integridad, que terminó con su vida. Además, este acto fue producto de una suposición de los marinos, pues, anteriormente y según lo que declararon, habrían sido víctimas de un asalto, por lo que pidieron explicaciones al migrante venezolano y este dijo que no tenía responsabilidad alguna. A mayor abundamiento, la propia fiscalía puso en duda esa versión.
Es fundamental que la justicia realice una investigación exhaustiva y se apliquen sanciones ejemplares a los responsables. No podemos permitir que estos actos queden impunes, ya que constituirían un mensaje peligroso de tolerancia hacia la violencia y el abuso de poder. Además, parece necesario reforzar la educación en derechos humanos y la sensibilización en temas de diversidad y discapacidad tanto en las FF.AA. como en la sociedad en su conjunto. Quizá si la única señal positiva en medio de esta trágica situación fue la rápida condena de la Armada a estos hechos, al más alto nivel institucional, y la desvinculación de los cuatro implicados.
Como Cooler, expresamos nuestra condena enérgica a este tipo de actos. No podemos permitir que la violencia se normalice ni que los derechos de las personas más vulnerables sean pisoteados. La justicia debe prevalecer y los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. En momentos como estos, es esencial recordar que la fuerza y el poder deben estar al servicio de la justicia y el bien común. La violencia no tiene cabida en una sociedad que aspira a ser justa e inclusiva. Debemos trabajar juntos para construir un país donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto.
