Las frías paredes de los hospitales guardan un oscuro secreto: un maltrato que estaría afectando a un 79,28% de las mujeres chilenas. Un trauma que traspasó incluso generaciones.
Por Tomás Baros, Carolina Berríos, Angelo Cosmelli y Leandro Santana
Una joven de 17 años despertó ensangrentada en el hospital en la madrugada de un martes. Como en una escena de terror, todo a su alrededor era rojo. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. ¿Qué había pasado? Tres días antes le habían dicho que su hijo había muerto y que esperara en casa hasta el lunes cuando debía volver al recinto de salud.
La muchacha llegó esa noche, pero en la misma sala oscura, otra mujer a punto de dar a luz gritaba por ella y pedía ayuda. Nadie la acompañó, nadie le explicó. A la joven de 17 le inducirían un aborto, sin informarle razones ni consecuencias. Sin atención psicológica, sin contención, sin palabras. Así fue como el sistema de salud chileno recibió a Hellen Cosmelli en su primer parto.
Lo que vivió ella no fue un hecho aislado. Entre salas de parto y maternidades, miles de mujeres han sido “castigadas” por gritar, mandadas a callar, cuestionadas o separadas de sus hijos sin justificación. Otra gran parte fue obligada a parir acostada, inmovilizada, sin anestesia, o se enteraron de la muerte de sus bebés sin ningún criterio psicológico. Estas prácticas se han considerado parte de la rutina hospitalaria, pero en realidad son formas de violencia obstétrica.
¿Qué es violencia gineco-obstétrica?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no usa el término de violencia obstétrica, sino que la reconoce como “falta de respeto y maltrato” durante el parto, al considerarla una violación de derechos humanos. Este concepto, tipificado ampliamente en Latinoamérica, se define como la “apropiación del cuerpo por parte del personal de salud, expresada en un trato inhumano con abuso de la medicación y la pérdida de autonomía de la mujer durante el parto”.
Según la Primera Encuesta Nacional sobre la Violencia Ginecológica y Obstétrica, realizada en el 2020, el 79% de las mujeres chilenas declara haber sufrido este tipo de maltrato. Aun así, no existe una normativa que lo tipifique de forma exclusiva.
En 2024 se promulgó la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que la define como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer”.
Pese a ello, la norma sólo la menciona como una de las tantas expresiones de violencia de género, sin abordar sus particularidades ni entregar un marco para su sanción o reparación. Este vacío genera incertidumbre en casos donde la línea entre una práctica médica legítima y un acto violento no resulte totalmente evidente.
Por ejemplo, si una mujer es sometida a una cesárea sin justificación médica o se le obliga a prolongar el parto innecesariamente, la ley vigente podría no reconocerlo, pese al impacto físico y psicológico. En la práctica, las víctimas quedan en un limbo: cuando denuncian, el Estado carece de criterios y protocolos claros para determinar si hubo vulneración de derechos o qué mecanismos de reparación podrían aplicarse —si es que existen.
Entre quienes han advertido la urgencia de avanzar en esta materia está Michelle Sadler, exdirectora del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), quien en una entrevista en TVN en 2021, explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “habla del concepto de abuso y la falta de respeto en la atención del nacimiento”. Se trata —detalló— de prácticas que incluyen regaños, humillaciones y amenazas, cuando la mujer manifiesta dolor o pide ayuda y no se le presta atención; incluso, cuando se la ridiculiza o se le hace sentir que no sabe.
Ese diagnóstico se refleja cada día en los testimonios de miles de mujeres. Mientras tanto, las cifras aumentan y las historias se repiten. En Chile, dar a luz sigue siendo un acto de supervivencia y de miedo. Porque el dolor, muchas veces, no proviene del parto, sino del trato.
La ley que no nace
Uno de los principales avances en la materia es el proyecto de Ley Adriana, inspirada en la historia de Adriana Palacios, cuya hija murió tras negligencias médicas. El proyecto busca llenar el vacío existente: reconocer la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos y sancionar a quienes la ejerzan. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la iniciativa duerme en el Congreso desde 2022. Esta parálisis se refleja en la palpable frustración de las palabras de la joven que dio nombre a la propuesta.
A sus 19 años, Adriana se enfrentó a un sistema que la abandonó; la recibió con golpes, la dejó sin acompañamiento y la sometió a procedimientos sin su consentimiento, mientras ella solo se enfocaba en la pérdida de Trinidad, su bebé. Tras el fallecimiento de su recién nacida, y una vez que realizó la denuncia, tardó años en asimilar lo ocurrido. Ella misma reconoce el impacto traumático de la experiencia: “Yo contaba mi historia, pero lo hacía en tercera persona. Jamás lo conté como si me hubiera pasado a mí”.
Si bien su lucha se transformó en una puerta esperanzadora para las mujeres, también ha significado un desgaste. Antonia Orellana, la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, comenta que el actual retraso en la Comisión de Salud se debe a la sobrecarga de la agenda legislativa y que esta ha estado “muy ocupada a propósito de la crisis de financiamiento hospitalario, las consecuencias de la pandemia, y también de lo ocurrido con las reformas para la ley de Isapres”. A su vez, la secretaria de Estado acusa un “nudo de la oposición a que esto se legisle”.
La resistencia se ha convertido en un motor de frustración. Gonzalo Leiva, matrón y director del OVO, la analiza como un síntoma de inmadurez. Aunque ya existe un importante reconocimiento del problema, el temor de los equipos clínicos —particularmente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG) y el Colegio de Matronas y Matrones de Chile (ColMat)— sigue frenando el avance: insisten en que la ley aumentará la judicialización de la medicina.
La mera necesidad de tener que legislar para garantizar un trato humanizado, le resulta un punto crítico. Habla sobre la paradoja de tener que forzar por norma lo que debería ser ética profesional. “Qué lamentable llegar a esto”, expresa con sinceridad. La ley se vuelve el único camino para introducir un marco normativo que obligue a modificar protocolos obsoletos.
Esta falta de acción legislativa perpetúa la violencia en sus distintas dimensiones, incluyendo la estructural. Una de sus manifestaciones más graves es el alto índice de cesáreas que hay en Chile. Según Leiva a nivel nacional bordea el 60%, incluso, llega a superar el 70% en mujeres con Bono PAD —un beneficio que asegura atención médica integral y especializada durante el parto—. Considerando que la OMS recomienda una tasa que no exceda el 10% o 15%, las cifras son alarmantes. De acuerdo con el director del OVO, la prevalencia de esta práctica incrementa “tres veces más el riesgo de morbilidad y mortalidad para la madre, al igual que aumenta el riesgo de enfermedades asociadas al sistema inmune del recién nacido”. Esto último ocurre porque se pierde del paso por el canal del parto; es decir, la “primera vacuna invisible”.
Además de establecer sanciones, la Ley Adriana se centra en la educación sexual integral como una estrategia preventiva de promoción. Este enfoque es esencial, porque la salud mental de la madre es a menudo descuidada. Es la propia Adriana quien insiste en la importancia vital de la atención psicológica postparto, un apoyo necesario incluso si el nacimiento fue ideal. “La salud mental de la madre se agota con la llegada de una nueva vida”, expresa.
El peso del silencio
“Fue difícil, porque un embarazo adolescente siempre viene con sus temas”, admite Hellen Cosmelli. Con el apoyo de su familia logró sobrellevar los primeros meses. Recuerda que escuchó los latidos a las 12 semanas. Poco después, el silencio. El anuncio llegó un viernes, luego la enviaron a su casa junto a la soledad del fin de semana y la muerte de su primer hijo.
Lo que ocurrió no fue un caso aislado. Cada año, miles de familias enfrentan pérdidas gestacionales y perinatales. En 2023, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reportó más de tres mil muertes perinatales a nivel nacional. En el mundo, la OMS estima que ocurre una muerte prenatal cada dieciséis segundos.
Pero ningún dato explica el vacío que sintió aquel lunes. Hellen —entonces de 17 años— apretaba con fuerza los dientes mientras esperaba que la atendieran. Afuera, sus padres rezaban para que aquella noticia del viernes fuera solo una pesadilla. Después de todo, una semana antes habían escuchado su corazón: un golpeteo que siempre ilusiona.
Entró por urgencias del Hospital San Agustín de La Ligua. En la sala de ecografías, el doctor la empapó con gel tan frío como su trato. Luego se sentó frente al computador, revisó el monitor y habló sin levantar la vista.
—El bebé no tiene latidos y está todo ahí; es un aborto retenido.
—¿Cómo? —logró murmurar.
—No hay signos vitales —repitió él, como quien dicta un resultado más de laboratorio.
El término le sonó brutal y ajeno. “Aborto” y “retener” en la misma frase. Afuera, en la sala de espera, sus padres seguían dando vueltas. Pero el médico no los dejó pasar. Hellen se quedó muda. Miraba el suelo, los zapatos del doctor. No lloró. No se movió. Sintió el peso del vacío.
Salió del box con las manos frías, sin saber qué decir. A la salida, caminaba como si no tocara el suelo. Llevaba la mirada fija. Detrás de la puerta, el aire del pasillo olía a cloro. Al salir, vio a su mamá venir hacia ella, con paso rápido, y detrás su papá con el ceño fruncido.
—Doctor—alcanzó a decir su madre, apenas lo vio asomarse.
El médico se detuvo un segundo y contestó:
—No hay nada que hacer. El bebé no tiene latidos.
El silencio se hizo pesado. Hellen lo recuerda en cámara lenta.
—Esa fue la palabra exacta: shock —dice hoy—. No podía reaccionar, no hacía nada. Nada.
Su mamá mantuvo la calma. Pero su papá ya había dado un paso adelante.
—¿Cómo se le ocurre decirle eso a una niña sola? —le reclamó al médico—. ¡Tiene 17 años! Nosotros somos sus padres, ¿por qué no nos dejaron entrar?
El doctor pidió disculpas, pero para Hellen no cambió nada; tenía que armarse de valor para lo que venía. Su madre la abrazó, pero ella mantenía su vista perdida. Afuera, el sol caía, pero todo seguía igual de frío.
Las horas siguientes no serían más alentadoras.
Le colocaron una pastilla en el cuello del útero para “ayudar al cuerpo a expulsar los restos del embarazo”, pero nadie se lo explicó. Solo le dijeron que esperara. “Yo no sabía para qué era esa pastilla. Era para que a mí me dieran contracciones y yo empezara a tener el bebé” recuerda con los ojos vidriosos.
Horas después, su cuerpo comenzó a contraerse. No sabía si era dolor o desesperación. Estaba en una habitación compartida, donde otras mujeres esperaban entrar a la sala de preparto. Las escuchaba hablar, las notaba ilusionadas. Minutos después, esas mismas mujeres gritaban al verla empapada en sangre.
—De ahí viene, como yo digo siempre, mi pesadilla —recuerda—. Fue súper traumático, sobre todo siendo una niña de 17 años. Todos decían: “Si fuiste lo bastante madura para tener un hijo, ahora te lo aguantas”. Pero no era así. Yo seguía siendo una niña.
Las contracciones se intensificaron. Hellen sentía que expulsaba a su bebé en pedazos, sin entender lo que pasaba. Nunca había presenciado un parto y, menos, algo tan violento. Nadie se acercó a explicarle. No hubo manos profesionales que la sostuvieran, ni palabras que calmaran su miedo.
—Podrían al menos haber puesto un biombo —dice—. Para no ver, para no escuchar. Me desmayaba, despertaba, y volvía a desmayarme.
Cuando finalizó, el silencio fue igual de brutal. Ningún médico habló con ella. Le realizaron un raspaje uterino, un procedimiento para eliminar los restos de la gestación. Nadie explicó en qué consistía, ni por qué era necesario.
—Terminó el raspaje y me mandaron para la casa como si nada hubiera pasado. Ni un control, ni un “cómo te sientes”. Sí o sí hubiera servido una ayuda psicológica, porque tal vez los embarazos que vinieron después no hubieran estado tan llenos de miedo. A lo mejor los habría disfrutado más.
El trauma no terminó al salir del hospital. Durante años luchó con los recuerdos. La doctora en Neurociencias, Isabel Benjumeda, explica que “cuando no hay contención ni atención psicológica después, el cuerpo recuerda. Y el miedo vuelve en los embarazos posteriores”.
Lo que para el personal médico fue un procedimiento rutinario, dejó una cicatriz. Jamás la contactaron. Y hoy, con tres hijos, reconoce que solo salió adelante gracias a su familia. Pero insiste en que hay cambios urgentes por hacer.
—No se puede dar una noticia así a una adolescente sin la contención de sus padres. Y tampoco se debería poner a las madres que pierden a sus hijos al lado de las que están por dar a luz.— sentencia.
La herencia del miedo
“Espere. Todavía no”.
Es lo primero que dice al sentarse, mientras se acurruca en su abrigo café y acomoda la bufanda que la envuelve. Enciende un aro de luz —de esos que venden en cualquier mall chino— y la habitación se ilumina. Tal vez esa claridad la transporta de vuelta al hospital: al olor a desinfectante, una mezcla de limpieza y ansiedad que se le quedó grabada. Se sincera y admite que le cuesta hablar sobre su vida personal.
Con apenas veinte años, Claudia Cortez ingresó a la maternidad como quien entra a un territorio desconocido. “Me sentí vulnerable, pasada a llevar”, recuerda. 2 décadas después, por fin puede ponerle palabras a lo que vivió: lo resume en “precariedad y vulnerabilidad”. En aquel entonces no era concejala de La Ligua, solo la niña de la cama tres.
Según la “Primera encuesta nacional de violencia ginecológica y obstétrica”, en Chile el 88,1% de las mujeres entre 18 y 29 años asegura haber sufrido algún tipo de maltrato durante su parto, cifra que supera el promedio de todas las edades que alcanza el 79%. Estos datos evidencian que la desatención y la falta de contención emocional forman parte de un patrón que afecta con especial fuerza a jóvenes vulnerables.
En medio de la hostilidad del hospital, Claudia sentía que su pareja era el único que “estaba de su lado». Sí, como en una guerra. Pero ese pequeño espacio de contención no contrarrestaba los malos tratos del personal. Le decían que su leche no era suficiente para que su hija subiera de peso, y ella lloraba, mientras la pequeña no podía recibir el alta.
Hoy, reconoce que su experiencia fue tan compleja que cree haber vivido una depresión postparto no diagnosticada -y, por supuesto, no tratada- que marcó los primeros años de su maternidad y de su vida emocional.
El miedo, explica, se transformó en un hilo que la guiaría. La sobreprotección y el temor marcaron desde lo cotidiano hasta lo más íntimo. Paz Mondaca, su hija, recuerda cómo aquella historia se transmitió sin filtros a lo largo de los años. “Cuando me la contaban, yo sentía miedo del proceso del embarazo: pensar que podría culminar con humillación, dolor emocional y soledad”, confiesa.
Esa transmisión del terror puede tener un impacto muy profundo. Según la especialista en neurociencias, Isabel Benjumeda, “el trauma se hereda por observación y también a nivel genético y biológico”. Durante el embarazo, el cuerpo de la madre transmite las emociones que la atraviesan: el miedo, la ansiedad o la tristeza alteran sus niveles hormonales y afectan al feto. “No es solamente la mujer embarazada —añade—, es la persona que está conectada contigo mediante la placenta, quien recibe todo eso”. Pero esa conexión va incluso más allá: si una abuela vivió un parto traumático, las células precursoras de su nieta ya estaban ahí, dentro del cuerpo de su madre, recibiendo las huellas de ese estrés.
En el caso de Claudia y su hija, esa herencia se hizo visible con el tiempo. Paz hoy reflexiona sobre la falta de acompañamiento, una ausencia que —advierte— no sólo afectó a su madre, sino que refleja una deuda social. Y aunque la “Primera encuesta nacional sobre violencia ginecológica y obstétrica” muestra que los malos tratos se repiten tanto en el sistema estatal como privado, para su madre es claro que ante un posible embarazo “jamás dejaría que Paz se atendiera en el sistema público”.
Las que se preparan para sanar
En una mesa del café Le Fournil, en Concón, Alyson Yévenes habla sobre su verdad. Es estudiante de cuarto año de Obstetricia en la Universidad de Valparaíso. A ratos ríe cuando la ironía se cuela entre sus recuerdos, pero enseguida vuelve a su tono serio.
Reconoce que las nuevas generaciones traen consigo un enfoque distinto, aunque todavía persisten prácticas antiguas. “No me ha tocado trabajar con muchas matronas de la vieja escuela —comenta, mientras sujeta una taza de té—, pero sí me pasó algo con una. Ella tenía muchos años de experiencia, un trato pesado y poco cercano. Pero lo más importante, seguía enseñando cosas que ya no se usan, que incluso están contraindicadas, explica.
Por un instante guarda silencio. El bullicio del local se hace presente, pero eso no la inmuta; parece estar acostumbrada a lidiar con un ambiente ajetreado.
En una ocasión, una embarazada le preguntó a aquella matrona cómo prepararse para la lactancia y la respuesta fue que debía “formarse el pezón”: masajearlo y estirarlo tres veces al día durante diez minutos. “Eso se hacía antes —dice Alyson soltando una leve carcajada—, pero hoy se sabe que no sirve y que podría inducir, aunque con baja probabilidad, un parto prematuro. Le expliqué a la paciente que eso ya no se recomendaba, que el cuerpo sabe amamantar por sí solo.”
Más adelante su tono cambia. Habla más lento, con una mezcla de orgullo y melancolía al recordar una atención en particular: aquella en la que atendió un óbito fetal (muerte del feto al interior del útero). La madre ocultó el embarazo todo lo que pudo. Hasta que un día el cuerpo dijo basta: un fuerte dolor la llevó al hospital. Allí la recibió Alyson, le diagnosticaron una complicación severa que ataca la sangre y el hígado e, incluso, puede costarle la vida. Los médicos actuaron de inmediato, pero ya no había nada que hacer. Ella sobrevivió. Su bebé no.
La estudiante recuerda que el equipo aplicó el protocolo de la Ley Dominga. “A mí me tocó recibir a la guagua. Me dijeron: ‘Vamos a hacerlo igual que si fuera un recién nacido vivo’. Le hicimos la ligadura del cordón, la limpieza, la vestimos. Hasta le pusimos un cojincito en forma de corazón. Luego se marcaron las huellas de sus piececitos”.
Hace una pausa, toma un sorbo de té y continua. “Esa experiencia resultó muy buena. Fue admirable cómo el equipo supo manejarlo todo. No solo fue un buen procedimiento, fue un buen trato”, concluye. Sin embargo, aunque hay atenciones correctas, todavía queda camino por recorrer para sanar la herida.
Un ejemplo de esto llega desde una pantalla. En Zoom aparece “Camila” (nombre ficticio), estudiante de quinto año de Obstetricia en la Universidad Andrés Bello. Habla con calma; a veces se detiene, busca las palabras precisas y responde con serenidad.
Durante su formación, asegura, el tema de la violencia ha estado siempre presente. Sus docentes repiten que son la nueva generación y que no deben reproducir los errores que cometían —o aún cometen— las matronas de la vieja escuela. Por eso tienen ramos de bioética, donde se enseña empatía y trato al paciente. Pero esa enseñanza, según comenta, contrasta con lo que ha visto en la práctica.
En el Hospital Clínico de Viña del Mar, presenció cómo un ginecólogo le dijo a una paciente con un desgarro postparto: “Yo te voy a suturar y te voy a dejar apretadita como niñita de quince”. Camila recuerda quedar en shock. La paciente, en cambio, se rió, como si aquello fuera normal.
Su experiencia ha sido dispar. En algunos hospitales ha visto partos “respetados”; en otros, prácticas obsoletas como la maniobra de Kristeller, desaconsejada por la OMS y “proscrita” según la Guía Perinatal del Ministerio de Salud (Minsal).
Camila la describe como un movimiento en el que “médicos o matronas presionan fuertemente el abdomen, para acelerar el parto. Antes incluso se subían con el codo, apoyados en una escalera, y se lanzaban sobre la paciente —hace una pausa—. “Hoy no es tan burda, pero se hacen presiones firmes mientras la paciente grita”.
La conversación avanza hacia el ámbito académico. En la universidad la legislación también es un tema. “Nos enseñan qué entra dentro de la ley, y también hay manuales de cómo actuar ante su activación. Me parece absurdo tener que aprenderlo como un procedimiento, pero es necesario. Por ejemplo, el manual dice cosas como ‘ser empático’. Y uno piensa: ¿por qué eso tiene que estar escrito para que las personas lo hagan?”.
El silencio no cura
Ocho años después, Adriana Palacios se sienta frente al computador. Mantiene la mirada fija unos segundos antes de hablar. Hay algo de incomodidad en su gesto que se percibe incluso a través de la pantalla. Ha pasado casi una década, pero la lucha sigue y se reactiva cada vez que se habla de la ley que aún no ve la luz. “Me genera mucha angustia…tengo mucha decepción”, admite.
Hace dos meses estuvo en el Ministerio de Salud. Allí le dijeron que el proyecto no podía avanzar “porque tiene palabras que a tales personas no les gustan”. Para ella, esa frase resume todo: el peso de las presiones frenan el cambio. “Si los doctores dicen ‘no queremos esa ley’, no va a salir. Ellos no quieren ser sancionados”, agrega. Esa resistencia, asegura, mantiene el tema en silencio. Mientras tanto, los abusos continúan: “Nos siguen diciendo ‘tú cállate, porque nosotros somos los profesionales’”.
Su ceño se frunce y se percibe el cansancio de quien ha contado una historia demasiadas veces. Estos gestos no frenan cuando recuerda la respuesta de un grupo de asesores en el Congreso que le retrucaron “que ya existe una norma que ‘protege el parto’”—, su voz se vuelve más firme: “No es lo mismo. No se comparan”. Del lado político, solo hubo silencio; el mismo que aún protege a los agresores.
Se toma unos segundos, piensa, como si buscara las palabras precisas para describir los comentarios y críticas con los que ha cargado durante años: por no callar, por simplemente atreverse a denunciar. “Porque por todo se me juzgaba, por todo. Fui mamá de nuevo y otra vez: ‘Ah, ¿viste? No quedaste tan traumada, tuviste otra guagua’”.
Hoy olvida esas críticas y admite que es difícil contactarla. Su madre, Jacqueline Palacios, lo confirma: después de las apariciones en televisión, Adriana fue revictimizada; los medios— recuerda— insistían en que se debía mostrar más afectada, algo que ella siempre rechazó. Desde entonces, ha optado por el silencio. “He estado muy bajo perfil por el miedo de que puedan hacerle algo a mis hijos o a mí. Y yo solamente estoy mostrando la cara, mi historia. No estoy haciendo nada malo, solamente estoy pidiendo justicia”, explica Adriana.
Esa distancia fue resguardo, pero también desilusión. Su caso se transformó en una vitrina mediática: “Me sentí muy utilizada muchas veces, especialmente por el abogado que me tocó”. Se refiere a Marco Antonio Quevedo, quien en 2024 fue candidato a gobernador en Tarapacá. “Usó mi nombre, jugó con eso, pero no jugó con ganar el juicio”, reclama con amargura.
Su madre resume con tristeza las consecuencias de todo aquello: “La Adriana no quiere saber nada más sobre el tema de la violencia obstétrica en Chile ni de las entrevistas”. El cansancio, la revictimización y la falta de acción política la empujaron al silencio. Aún así, a la distancia, Adriana no se arrepiente: asegura que lo volvería a intentar, esta vez con más fuerza. Y mantiene una postura clara: desde el hospital, el Congreso y los medios de comunicación “jugaron conmigo, jugaron con todo”.
