70% de las municipalidades a nivel nacional infringieron la normativa de la ley n°21.389 que impide otorgar o renovar licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Por Nicole Beretta y Matías González
Santiago, Chile – junio de 2025
Mientras el Gobierno celebraba, el pasado 20 de mayo, con bombos y platillos los dos años de la llamada “Ley Papito Corazón” —que según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha permitido recuperar más de $2,5 billones en pensiones de alimentos, equivalentes a 52 Teletones— un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelaba un flanco débil en la implementación de la medida: más de 3.400 licencias de conducir fueron entregadas a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sin que (hasta ahora) los municipios responsables indiquen resultados respecto a medidas correctivas oficiales.
En la siguiente gráfica podemos ver todas las comunas del país quer incurrieron en eta falta, y cuántos casos hubo en cada una.
Consultada por Cooler, la ministra a cargo de la cartera, Antonia Orellana, dijo que “normalmente lo que ocurre es que el volumen de solicitudes es muy grande y el funcionario de la Dirección de Tránsito es el único con clave para poder revisar, porque el Registro es privado, no es algo público que cualquiera pueda consultar (…) Entonces, ahí los municipios, y nosotras esperamos que también los consejos municipales cumplan ese rol fiscalizador”. Aclara que en particular la Contraloría General de la República sería la encargada de informar a cada municipio del incumplimiento cometido, además de proporcionarle un informe con las consideraciones, medidas de apoyo y necesidades de seguimiento, “porque nosotras no podemos fiscalizar a los municipios en algo que es su atribución legal”.
Radiografía de infracciones
El informe consolidado del órgano fiscalizador arrojó que el 94% de las municipalidades de la Región Metropolitana no cumplieron con la norma, de las cuales La Granja (117), Lo Espejo (115) y San Ramón (83) corresponden a las tres comunas que más entregaron licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024 (período de análisis), a pesar de que la ley lo prohíbe.
Además, un dato particularmente preocupante: 66 funcionarios municipales y concejales (a nivel nacional) renovaron u obtuvieron su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, a pesar de estar inscritos en el registro.
La situación cobra aún mayor gravedad al considerar que otros 482 deudores son familiares directos de funcionarios municipales, quienes también habrían accedido a sus licencias en las mismas comunas donde sus parientes ejercen funciones.
Cabe destacar que, en las notas del anexo del CIC, se contabilizaron 5.330 licencias emitidas, cifra que considera la suma de tres tipos de licencia: profesional, no profesional y especial. Si se considera cada una de las licencias otorgadas a las 3.432 personas infractoras, el número total asciende a 6.748 documentos, dado que un mismo deudor puede poseer, por ejemplo, licencias profesionales tipo A2 y A4 al mismo tiempo.
Por otro lado, el documento también señala que solo 191 son los casos de personas que el mismo día que fueron ingresados o eliminados del registro de deudores obtuvieron o renovaron su licencia de conducir, lo que genera dudas respecto de si ellos formarían parte —o no— del total de deudores identificados por la CGR. Sin embargo, los 3.241 casos restantes no se salvarían de desobedecer la normativa.
La única excepción se encuentra en el artículo 34 de la Ley N° 21.389, estableciendo que si la persona solicitante acredita ante un tribunal que la licencia es esencial para ejercer un trabajo que le genera ingresos —como, por ejemplo, el conducir taxis, micros, ambulancias, transporte de carga, de pasajeros o de escolares— el juez puede autorizar su emisión. No obstante, dicha autorización queda sujeta al cumplimiento estricto y oportuno de las condiciones fijadas por el tribunal, incluyendo el pago total de la deuda por pensión de alimentos. Por otro lado, también existen las licencias especiales que son requeridas para manejar vehículos pertenecientes a instituciones como Carabineros, Bomberos, las Fuerzas Armadas, o para operar maquinaria pesada.
Sin embargo, nada en el informe indica que alguno de estos miles de casos cuente con respaldo judicial alguno.
Contactamos a la Contraloría para obtener más detalles. Nos dicen que la responsabilidad de verificar si el solicitante figura o no en el Registro de Deudores recae directamente en el funcionario municipal a cargo de realizar el trámite, tal como mencionó la ministra, y en caso de infringir la norma, la ley indica que se debe sancionar al responsable con una multa que puede fluctuar entre un 10% y un 50% de su remuneración.
“Para que tengan claro, este es un Consolidado de Información Circularizada (CIC), no es un informe de auditoría”, explicó a Cooler, Cecilia Gutiérrez, periodista del Departamento de Comunicaciones de la CGR, por lo que solo le entrega la información a los municipios y ellos no tienen que entregar nada de vuelta.
“Lo que se hace es un cruce de datos entre distintas instituciones y se entrega a los organismos correspondientes, en este caso a los municipios. En este contexto son ellos los que tienen que tomar las acciones derivadas (investigaciones sumarias u otras que ellos estimen convenientes), por lo que tus fuentes en este caso serían los propios municipios o las asociaciones de municipios, no la CGR que ya entregó la información”, sentenció Gutiérrez.
En el caso de Lo Espejo, la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes, comentó a la prensa el pasado 10 de mayo que la situación había sido detectada hace unos 10 meses atrás, por lo que se inició un sumario administrativo para identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, investigación que, en ese entonces, se encontraba en su etapa final.
Se le consultó a Reyes —a través de su secretaria municipal— respecto a los plazos del sumario, resultados y posibles medidas correctivas, pero solo brillaron por su amabilidad y silencio.
Sin embargo, un trabajador municipal (de alto cargo) de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Lo Espejo, comentó a Cooler que no les ha llegado ningún informe de la contraloría individualizando personas, ni fechas, ni tipos de licencias. “Nosotros estamos a la espera también para ver los usuarios beneficiados sin considerar esta ley, cosa de que si vinieran por un duplicado, va a saltar altiro, y ahí le vamos a tener que retener la licencia”, explicó.
Tras ser consultado respecto de las medidas que ya se han tomado en Lo Espejo, dijo que las determinaciones fueron drásticas: la destitución del Director de Tránsito (Roberto Olea) y la Jefa del Departamento de Licencias de Conducir (Iris Albornoz). Además, “tengo entendido que a dos funcionarios se les aplicó ciertas medidas, pero no sé mayores detalles de cuál fue la medida disciplinaria que se le aplicó”, añadió.
Al indagar al respecto a través de la página de Transparencia Activa y la plataforma web oficial del municipio en cuestión, solo se pudo corroborar que, efectivamente, en el rol de dirección figura como “Directora Suplente” doña Norma Cáceres desde inicios de marzo en vez de Olea, sin especificar los motivos de la suplencia en el documento oficial de personal a contrata.
Así mismo se pudo comprobar la subrogancia de Christian Hormazábal por Albornoz, debido a que la Jefa del Departamento de Licencias de Conducir se encontraría con licencia médica desde el 7 de febrero, y según constata el decreto oficial de Transparencia Activa, Hormazábal debe reemplazarle desde el 13 de febrero hasta la fecha de término de la licencia.
Y respecto a los supuestos funcionarios amonestados, no se encontró nada.
Por su parte, el jefe del Departamento de Licencias de la Ilustre Municipalidad de La Granja, al ser consultado sobre el tema solo indicó que eso debía responderlo el director de Tránsito de la comuna, pero él no ha respondido los correos electrónicos hasta el momento.
¿Alguna recomendación por ahí?
Frente a la controversia, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) ha salido al paso, señalando a través de la publicación de un Informe Técnico-Jurídico el pasado 5 de mayo, que muchos municipios enfrentan limitaciones técnicas para verificar en línea si un solicitante figura en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, responsabilizando una falta de interoperabilidad entre plataformas estatales.
Argumentan que la normativa exige una consulta que, en la práctica, no siempre es posible ejecutar con certeza en el momento de la atención, por lo que algunas de sus propuestas apuntan a facultar y capacitar a los funcionarios municipales, además de proponer modificar la Ley de Tránsito con el Nuevo art. 20 bis: cancelación de licencias si se omite verificación o se inscribe posteriormente el deudor.
Desde el Congreso ya se discuten soluciones legislativas para enfrentar esta omisión. La diputada Alejandra Placencia (PC) ingresó un proyecto de ley que busca establecer mecanismos obligatorios y trazables de verificación del Registro de Deudores (Art. 13: Refuerza el control al momento de otorgar licencias) —además de apoyar la creación del Art. 20 bis—, así como sanciones administrativas para los funcionarios y municipios que emitan licencias sin cumplir con la normativa.
La iniciativa contempla además un sistema de notificación automática a los juzgados de familia cuando se infringe la ley, y un refuerzo a la responsabilidad del Ministerio de Transportes y el Registro Civil como entes fiscalizadores. El proyecto fue recientemente revisado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero aún se encuentra en tramitación.
Queda bastante clara la conclusión que se desprende el CIC de la Contraloría: urge una revisión profunda del funcionamiento de las direcciones de tránsito y un monitoreo efectivo por parte del Ministerio de Transportes y de los mismos municipios. A pesar de ello, hasta ahora no existen anuncios oficiales sobre un plan nacional de fiscalización, ni mucho menos sanciones para las municipalidades que infringieron la normativa.
Mientras tanto, cientos de madres y cuidadores principales siguen esperando que el Estado —en todas sus formas— cumpla con la promesa de garantizar el derecho a una infancia digna y protegida. Porque, aunque en el papel la ley funciona, en la práctica, al parecer, aún hay mucho por hacer.
