La Fiscalía Nacional Económica estableció que las dos empresas más grandes en el mercado de los gases industriales en Chile se coludieron entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Linde e Indura habrían acordado no competir entre ellas y de esa manera controlar los precios que les cobraban a sus clientes, entre ellos hospitales durante la pandemia.
Por Michelle Conget
El mercado de los gases industriales incluye la producción y comercialización de diversos gases, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el helio, entre otros que son demandados para usos industriales en sectores metalúrgicos, en la minería, y en procedimientos médicos para pacientes en hospitales y en clínicas.
En Chile son cuatro las empresas que principalmente participan del negocio, pero dos de ellas, Linde e Indura, manejan cerca del 80% de la oferta.
Indura y Linde, acusadas de colusión por la Fiscalía Nacional Económica.
Golpe a la libre competencia
El 29 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sacudió el panorama empresarial chileno al presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Este requerimiento apuntó directamente contra dos titanes del sector de gases industriales y medicinales en Chile: Indura S.A. (Indura) y Linde Gas Chile S.A. (Linde), así como a tres de sus ejecutivos.
En 2019, asumieron como gerentes generales de ambas empresas dos ejecutivos que según la investigación de la FNE, ya se conocían de antes, Sergio Novelli en Linde y Marcelo Torres en Indura. El 11 de noviembre de 2018, a las 8:30 horas, los dos se reunieron en el Café Tavelli de Avenida Las Condes, y allí establecieron un acuerdo.
El acuerdo
La investigación de la FNE reveló un pacto clandestino entre Indura y Linde, según el cual ambas empresas acordaron dividirse las zonas de mercado y las cuotas de clientes, abandonando la competencia entre sí en áreas específicas. Un pacto de no agresión, es decir, no disputarse los clientes que cada uno ya tenía.
Novelli lo llamó “un acuerdo entre caballeros”.
Mensajes y llamadas de los «caballeros”
La fiscalía obtuvo autorización para interceptar las llamadas telefónicas de estos ejecutivos. En las conversaciones grabadas entre ellos, ambos se refieren al acuerdo como una situación de “paz y amor” entre las empresas.
En esta infracción también intervino David Lori, ejecutivo de Linde, que se encargó de controlar que el equipo de ventas de la compañía mantuviera el acuerdo. Y como no había competencia en el mercado, Novelli, le envió mensajes a su ejecutivo para ordenarle que subiera los precios.
A su vez, Marcelo Torres, en otras ocasiones, también instruyó a sus vendedores a través de mensajes de WhatsApp.
El caso del Hospital Félix Bulnes
En mayo del 2020 el Hospital Félix Bulnes llamó a licitación en medio de la pandemia por la Covid-19, para el suministro de oxígeno a sus pacientes. Indura era el proveedor habitual, pero Linde postuló con un precio más bajo, y se adjudicó el contrato.
Torres (Indura) llamó y le reclamó a Novelli (Linde). Como tenían un acuerdo, Novelli instruyó a sus ejecutivos para salirse de la licitación. Entonces, Linde envió una carta al Hospital Félix Bulnes. En ella señaló que, por la situación de pandemia, se vieron en la necesidad de desistir de la licitación. Así, el contrato fue readjudicado a Indura, que tenía un mayor precio de mercado.
La demanda de la Fiscalía demuestra cuatro situaciones similares a la descrita.
Este caso de colusión, afectó directamente al sector de la salud, durante la pandemia.
Ante esto, diferentes sectores de la salud se refirieron al tema. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, dijo: “Estamos hablando de oxígeno que se utilizó para pacientes durante la pandemia en hospitales de nuestro país. Nos parece que este es un hecho muy grave porque afecta la disponibilidad de recursos que siempre son escasos en salud y en segundo lugar afecta la confianza, que es muy importante hacia las instituciones que brindan salud en nuestro país”.
El ministerio de Salud ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue la colusión de empresas en el mercado del gas industrial y hospitalario, durante la pandemia de Covid-19.
La delación compensada y sus implicaciones
En un giro sorprendente, Linde y sus ejecutivos implicados optaron por acogerse al programa de delación compensada, evitando así multas y responsabilidad penal. Luego de que la Fiscalía allanara sus domicilios, Linde y sus ejecutivos acudieron a la FNE para entregarse.
Felipe Irarrázabal, ex Fiscal Nacional Económico y hoy director del Centro Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, explica: “La delación compensada blinda a Linde, si es que es acogida en el sentido de que no se considera que hubo una coacción por parte de la empresa, siendo esa la única herramienta que tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para echar abajo la delación compensada”.
Son dos requisitos: que haya una coacción, o que Linde haya sido el organizador de la colusión. Si eso llegase a ocurrir, el TDLC podría rechazar la delación compensada y sancionar a esta empresa.
En el ojo de la FNE
En los informes disponibles en el Centro Competencia de la UAI, se evidencia que en el año 2005 existió un caso que fue fallado por el Tribunal, en el que estas empresas ya habrían estado involucradas. Sin embargo, ese caso se perdió por falta de pruebas, porque en esa época no había facultades intrusivas como las que se aplicaron hoy en este caso: interceptación telefónica, allanamiento y delación compensada.
Ante la situación, el exfiscal aseguró: “Esto demuestra que la Fiscalía Nacional Económica está con un muy buen pie en su capacidad de investigación y que está ejerciendo su atribución, en este caso, ejerció todas las atribuciones intrusivas”.
¿Qué sigue ahora?
Según Irarrazabal, en este caso habría que esperar el proceso frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en donde Indura se defenderá y aportará hechos, informes, informes jurídico-económico que alumbrarán al tribunal en relación con el mérito del requerimiento y luego, eventualmente, el fiscal nacional económico puede querellarse en la medida que sea un caso grave, pero eso lo determinará una vez que la sentencia esté dictada.
El caso sigue en desarrollo, con el TLDC encargado de determinar si proceden las multas solicitadas por la FNE y las posibles sanciones penales para los responsables de Indura.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) calificaron de gravísima la denuncia sobre delito de colusión, y alertaron sobre el daño que este caso podría ocasionar a la confianza y reputación empresarial. La presidenta del gremio, María Teresa Vial, dijo que “estos hechos deben ser perseguidos con fuerza, castigados de forma ejemplificadora y comunicados profusamente, porque no pueden vencernos ni hacernos bajar nuestros estándares”.
Emiliano Fucks Jara, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, se refirió al impacto que esto genera en el sector: “Estamos hablando de dos empresas que en conjunto tienen alrededor de una cuota del 80% del mercado, por lo tanto, cualquier acción que estas dos empresas tomen de manera conjunta va a generar un impacto”.
Agregó Fucks: “Todas estas acciones de colusión llevan a que el mercado en cuestión tenga un desempeño mucho menos eficiente que el que podría tener si es que la competencia se produjera de manera libre, de manera espontánea y no con estas acciones que atentan contra la libre competencia”, agregó.
La ley establece varios criterios que están desarrollados en el requerimiento, como la gravedad de la conducta, el beneficio económico, la reincidencia, la capacidad de pago que tiene el infractor, entre otros. Por lo que el monto de la multa será determinado por el Tribunal.
Hasta el momento se habla de multas de 31 millones de dólares a beneficio fiscal para Indura, y de 109 millones de pesos a título personal, para Marcelo Torres, exgerente general de la empresa.
