Pese a la negativa en la Cámara Baja, parlamentarios de la coalición de derecha buscan volver a implementar el polémico sistema de juicio para los delitos que involucren civiles.
Por Gonzalo Slako
Una compleja semana se vive en el Senado tras la aprobación unánime del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en la Cámara de Diputados, determinación posterior a una votación que declaró como inadmisible la indicación que buscaba entregar nuevamente competencia a la justicia militar en casos donde funcionarios de las Fuerzas Armadas se vieran involucrados en delitos durante el ejercicio de sus funciones. Con 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención, parecía que ese sería el fin del asunto.
Sin embargo, un grupo de senadores de Chile Vamos buscará insistir con el punto en esta nueva etapa de la tramitación, cuando el proyecto se encuentre en su terreno. Entre los motivos para defender este sistema de justicia, parlamentarios han entregado distintos argumentos, que van desde el no funcionamiento del sistema ordinario hasta acusaciones de sesgo político de jueces y fiscales.
El debate concitó atención por el reciente fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas en Putre, caso que, por haber ocurrido dentro de los límites institucionales del Ejército, deberá pasar por la justicia militar, aunque su familia clama por la aplicación de un proceso civil.
¿Qué implica la justicia militar?
Para el abogado y panelista televisivo Alberto Precht, es necesario abordar el contexto histórico de la justicia militar en el país para comprender el trasfondo del debate, pues según cuenta en conversación con Cooler, la justicia penal ordinaria que conocemos en la actualidad se reformó a inicios del siglo XXI, lo que derivó en la creación del Ministerio Público y la formó como un sistema principalmente oral y transparente.
Según explica el experto, previo a este cambio, el sistema procesal antiguo se caracterizaba por ser un procedimiento escrito y dependía de la figura de un juez instructor e investigador y que además emitía los veredictos, muy por el contrario de la diferenciación entre jueces persecutores y aquellos que dictan las sentencias.
Precht cuenta que «la justicia militar sigue manteniendo los principios» de la justicia previa a la reforma, que además es notoria por ser una vía en la que «lo que prevalece es el secreto de la investigación, lo que se conoce como el secreto del sumario, donde en la gran primera parte de la investigación las partes no conocen lo que está haciendo el juez».
El abogado también menciona que en el pasado la justicia militar, a pesar de estar diseñada para juzgar a un grupo específico, se aplicaba a «casi cualquier delito donde se involucró una persona que fuera parte de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile», lo que cambió durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se excluyó de las facultades del sistema el juicio a civiles y menores de edad. Desde entonces, «los delitos entre militares y los ocurridos en tiempos de guerra son juzgados por este tipo de tribunales, y por lo mismo en el caso de la muerte del joven conscripto Franco (Vargas), es la justicia militar la que debe juzgar, porque es un hecho ocurrido en un recinto militar, entre militares y donde presuntamente, hasta el momento, no hay intervención de civiles».
Por último, Precht precisó que para casos de la justicia militar «los jueces de primera instancia no provienen del Poder Judicial, sino que son jueces militares, con fiscales militares. Son abogados, pero son parte del ejército, y solamente en instancias superiores como sería la Corte Marcial sí existen jueces civiles que son nombrados por la Corte Suprema, aunque también en casos especiales se puede solicitar un ministro en visita, que sea un ministro civil pero que actúe como juez militar y lleve a cabo el proceso».
El debate
Actualmente, como parte de la polémica existente en la Cámara de Senadores en torno al retorno de este tipo de justicia a casos que involucren civiles, el debate en algunos sectores se mantiene abierto, mientras que parlamentarios de distintos partidos han emitido declaraciones opinando respecto a la potencial medida.
Un ejemplo de los partidos indecisos es Renovación Nacional, cuyo jefe de bancada en el Senado, Manuel José Ossandón, señaló que se encuentran estudiando el mejor curso de acción, y reconoció la necesidad de una «justicia especializada en la materia, pero tenemos que ponernos de acuerdo en la mejor fórmula».
También se aprecian casos como el de Demócratas, donde algunos representantes, como Matías Walker, vicepresidente del Senado, se ha mostrado en contra de entregar casos con actores civiles a la justicia militar, mientras que otros miembros del partido sí apoyan la medida, como el diputado Miguel Ángel Calisto, quien comentó que «lo que pasa hoy día con la Fiscalía es que [un uniformado] que usa su arma frente a un delincuente termina formalizado, y eso es lo que tiene a muchos policías y fuerzas armadas prácticamente sin la acción de ejercer su rol».
Algunas de las declaraciones más polémicas han aparecido desde los partidos de Chile Vamos, donde algunos rostros de la derecha emitieron comentarios que avivaron la discusión.
Por ejemplo, el senador Iván Moreira (UDI), expresó que “tenemos un problema: jueces y fiscales con un sesgo político contra Carabineros y las FF.AA. La justicia militar no es la solución ideal, pero es la alternativa para estos tiempos extremos”, con una acusación directa a las autoridades del Poder Judicial. De forma similar, el también senador José Miguel Durana (UDI), declaró que “la justicia ordinaria tiene una mirada que no se condice con la actuación que tienen las FF.AA. y Carabineros para restablecer el orden».
Representantes del oficialismo han lamentado que se votara la indicación que ponía la medida en debate, como la diputada Alejandra Placencia (PC), quien calificó a la iniciativa como un «retroceso» y puntualizó que «los tribunales militares deben considerarse para cosas muy específicas relacionadas únicamente con la labor militar».
Por el lado del gobierno, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicó en el programa de TVN Estadio Nacional que «la Cámara no rechazó la norma, la declaró inadmisible. Por tanto, una vez que se declarara inadmisible, sería, podríamos decir, poco riguroso que se insistiera la misma norma en la Cámara revisora».
