Por Fernando Ríos Ramírez
El 1 de julio se cumplirá una de las pocas propuestas logradas por el Ejecutivo: elevar el sueldo mínimo a 500 mil pesos. No obstante, ciertas organizaciones no están satisfechas con el monto, una de ellas la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), que solicitó al presidente Gabriel Boric elevar la cifra a 630 mil pesos mensuales. La pregunta que ahora surge es, ¿será posible? Sí, pero no es un trámite sencillo.
Es cierto que durante los más de dos años de gobierno el ámbito económico ha sido complejo. Los éxitos son pocos; las celebraciones bulladas. “No hubo recesión” declaró el ministro de Hacienda Mario Marcel al enterarse que el Producto Interno Bruto (PIB) subió un 0,2% en 2023. Un crecimiento que expertos tacharon de paupérrimo, poco digno de aplaudir. Otro dato: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo pasado marcó un 0,4%, cifra menor a la esperada.
En materia de salarios, efectivamente el presidente cumplió con su palabra. Un trabajado esfuerzo que el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó en entrevista con radio Duna: “Hemos tenido un aumento del 23% en términos reales del salario mínimo en poco más de dos años”. La propuesta de la CUT es un 19% mayor que la cifra que se instalará a principios de julio. En adición, el gobierno cuenta con el respaldo de un subsidio inédito para las Mipymes, ayudándoles a cubrir buena parte del aumento del salario mínimo. El beneficio actualmente lo tienen 140 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, las herramientas para conseguir dicha hazaña financiera existen.
Pero detractores siempre habrá. Desde el mundo empresarial se mostraron reacios a la medida. Personeros de diferentes gremios y economistas se pronunciaron bajo una misma premisa: No existe sustento técnico para cumplir la demanda. José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, argumentó: “Atravesamos un período en que las empresas están enfrentando cambios importantes, en que la incertidumbre es la peor enemiga (…) adelantar una discusión de esta forma es irresponsable”. Si bien el ministro Grau estuvo de acuerdo en entablar negociaciones, estas serían en un buen rato más; un proyecto a largo plazo que deberá evaluarse según determine la Ley de Presupuestos del 2025 y su eventual tramitación en el Congreso. Su estimación rondaría los 140 mil millones de pesos.
La petición es apresurada, sí, mas no descabellada. Si el gobierno consiguió antes de lo esperado la propuesta, ¿qué le impide seguir sumando? Sería un alza histórica en el salario mínimo de un 44% en términos reales. ¿Beneficioso? Por supuesto, pero con importantes resguardos. El gobierno deberá jugar a dos bandos para conseguir un acuerdo transversal con el empresariado y las Mipymes, sin despreocuparse de otras aristas del plano financiero. “Esa es la idea, que el resultado sea siempre mejor de lo esperado”, dijo el ministro Grau. Una misión difícil, peor no imposible, sujeta a las voluntades de actores que han criticado a una administración cuyos logros, a estas alturas, resultan escasos.
