En la antesala del diálogo entre la compañía y el ministro de Economía, el gerente general de Siderúrgica Huachipato, César Garrido, dejó su cargo en una jornada marcada por las movilizaciones de trabajadores en Concepción y un comunicado del Sindicato 2 de la industria afectada, que asegura que ya hay más de un centenar de contratistas destituidos en medio de la crisis.
Por Gonzalo Slako Haase
En un momento clave para determinar el futuro de la Siderúrgica Huachipato, industria emblemática de la región del Biobío y principal productora de acero del país, el gerente general de la empresa renunció abruptamente a su cargo, al mismo tiempo que se desarrollaba en Concepción la tercera protesta de funcionarios contra el cierre de la planta, coincidente con la visita a la región del Ministro de Economía, Nicolás Grau, para discutir opciones de continuidad para la usina.
Ante la salida de Garrido, la corporación a cargo resolvió nombrar al ingeniero civil Jean Paul Sauré Roeckel como gerente general interino, mientras sigue en pie el plan que detendría la producción de acero en Huachipato en un plazo máximo de tres meses.
La deserción de Garrido es un nuevo capítulo en el rápido descenso que ha tenido la siderúrgica desde el anuncio de cese de actividades indefinido que se hizo público la semana pasada. Se trata de una medida que, según un comunicado de la misma compañía, se debe a la determinación de la Comisión Antidistorsiones frente al caso de dumping de importadoras de acero chinas, cuya decisión de fijar sobretasas arancelarias entre 9,2% y 22,5% a los productos provenientes del gigante asiático (bolas y barras) no satisface la petición de Huachipato de imponer un 25% de salvaguarda. Por ende, esto «impide a la empresa competir en igualdad de condiciones». El Ministerio de Hacienda publicó esta mañana las recomendaciones de la comisión en el Diario Oficial.
Ante la decisión de cierre, el presidente de la CAP, matriz de la siderúrgica, afirmó que «hicimos todos los esfuerzos posibles por darle continuidad a Huachipato». El presidente del directorio de la planta, Julio Bertrand, expresó que «lamentamos la pérdida de una empresa emblemática para la región del Biobío y Chile, que habría sido fundamental en el desarrollo sostenible y la innovación del sector industrial y minero en nuestro país».
Frente a esta situación, el ministro Grau anunció que intentaría revertir el cierre de Huachipato, tanto por la compleja situación de empleo que generaría la materialización de la medida como por considerarla una industria «estratégica» a nivel nacional. Tras estas declaraciones, el titular de Economía asegura haber sostenido reuniones con grandes grupos mineros para poder negociar acuerdos que beneficien a la siderúrgica como productor nacional. Sin embargo, esta iniciativa ha despertado críticas por la posibilidad de considerarse una colusión desde el plano legal.
Grau se encuentra esta jornada en la región del Biobío para sostener reuniones en busca de hallar soluciones que permitan proseguir el funcionamiento de la planta.
Manifestaciones y despidos
En medio de la incertidumbre, los sindicatos de la siderúrgica han realizado un llamado a manifestarse, iniciativa que ha resultado en numerosas marchas que buscan evitar el cierre de Huachipato, captar ayuda del gobierno, lograr un alza en las sobretasas aplicadas y «defender el acero chileno».
Durante la jornada, más de 2.000 trabajadores de la empresa se movilizaron desde Talcahuano hasta la capital regional para transportar sus consignas ante la visita del ministro Grau, a la vez que se publicaba un comunicado del Sindicato 2 de Huachipato que asegura que la empresa contratista con la que trabaja la planta ya ha desvinculado a más de un centenar de empleados como resultado de la crisis, información que encendió las alarmas de los funcionarios. Actualmente la planta brinda trabajo a más de 20.000 personas en la región del Biobío.
Crisis del dumping
Para sugerir la instauración de sobretasas arancelarias, la Comisión Antidistorsiones detectó que varias empresas chinas proveedoras de barras y bolas de acero habían incurrido en la práctica del dumping, una maniobra de mercado en la que se exportan productos a un valor por debajo del precio normal para afectar a sus industrias rivales. Esta técnica de competencia desleal habría gatillado la decisión de CAP de cerrar la planta.
A pesar de que desde Huachipato exigían una salvaguarda de un 25% para garantizar su continuidad en el mercado, Carlos Smith, economista y académico de la Universidad del Desarrollo, opina que la medida solicitada no sería más que «un respiro» entre las constantes pérdidas de la siderúrgica, las cuales ascienden al millón de dólares diarios y cuyo origen se remonta a más de una década.
El experto plantea que la caída de la industria era predecible por su desempeño en los últimos años, y que el escándalo de dumping chino sólo fue el «golpe de gracia» que lapidó a la planta. Asegura que «lo mejor en esos casos es ser más eficiente y usar esos dineros en crear otras cosas», con otras propuestas de CAP como acero verde, hidrógeno verde o un hub logístico como principales candidatos para generar empleo en la zona.
«No hay una bala de plata»
El ministro Grau comunicó esta mañana en conversación con Radio Bío Bío que el gobierno tiene la voluntad de revisar el porcentaje de las sobretasas ante una eventual apelación por parte de Huachipato, aunque aseguró que «no existe una bala de plata» para solucionar a corto plazo una problemática que se ha perpetuado por años.
Con miras a revertir el cierre de la planta, el ministro sostuvo el martes una reunión con distintas empresas mineras, bajo la idea de generar un potencial acuerdo de compra que favorezca a la siderúrgica a nivel económico. Sin embargo, la potencial ayuda causó preocupación por poder considerarse un caso de colusión a raíz de un esfuerzo coordinado y no el fruto de una decisión unilateral por parte de las mineras.
Smith opinó respecto a las reuniones que «es como un manotazo ahogado, no tiene un buen destino», y que de ponerse en marcha un acuerdo de este tipo «podría generar posibilidades de un comportamiento colusivo» entre las empresas involucradas, además de la posibilidad de que pagar los precios que fija Huachipato podría no ser rentable para las mineras, convirtiendo el pacto en una solución de corta duración.
«Lo que hay que determinar es si Huachipato es eficiente o no, y si no es eficiente, subsidiarla internamente no tiene mucho sentido» explicó el experto, recalcando la idea de que el foco del gobierno debería estar en reemplazar la industria con otros proyectos de la matriz que puedan reactivar el área tras el cierre.