La autoridad regional emplazó nuevamente al Gobierno respecto a esta problemática, y enfatizó en que se debe aprobar de forma rápida la cooperación militar, debido al aumento en los casos de homicidios en la capital.
Por Vicente Flores.
Este miércoles, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valoró la petición realizada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), sobre permitir la colaboración militar en su comuna para combatir la delincuencia.
Según Orrego, “el alcalde Vodanovic se ha sumado a muchos alcaldes, y también a este gobernador, que llevamos un buen rato pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha por la seguridad interior”.
Además, el ex DC nombró los dos componentes que se ven implicados en materia de seguridad. “Uno tiene que ver con las infraestructuras críticas: estaciones de trenes, intermodales, estaciones de metro, en fin. Y otro, que ha sido muy exitoso en el sur y en el norte, donde tenemos estado de excepción, ha sido el apoyo logístico que pueden entregar las Fuerzas Armadas a nuestras policías”, sostuvo.
Es más, respecto a la actual ley de infraestructura crítica, el gobernador fue tajante en relación a cómo debe actuar el ejecutivo, pues señaló que: “Se dice que la legislación chilena no lo permite (cooperación militar), sin estado de excepción. Entonces hay dos posibilidades: o se decreta estado de excepción o se cambia la legislación”.
De esta forma, Orrego llamó a apurar las tratativas relacionadas a la seguridad y delincuencia, ya que espera “que tanto el Parlamento como el Ejecutivo le pongan sentido urgente a algo que estamos pidiendo todos, desde la izquierda hasta la derecha”.
Las declaraciones de la autoridad regional se dieron en el marco de la presentación pública de 30 propuestas para combatir el comercio ilegal. Además de la Gobernación de Santiago, estuvieron presentes el presidente de la CNC (Cámara Nacional de Comercio), José Pakomio, y el subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, Cristián Crespo.
Estas propuestas se determinaron conforme al estudio de caracterización de comercio ambulante que realizó el año pasado el Centro de Políticas Públicas UC, y que fue encargado por la administración de Orrego.
Dicho estudio arrojó diversos problemas específicos a abordar, como la limitada capacidad institucional para la fiscalización y el control del comercio ambulante, así como también el escaso foco de investigación en fenómenos criminales asociados al comercio ambulante.
Para controlar estas problemáticas se propusieron las siguientes medidas: un programa de reforzamiento de la fiscalización en la vía pública, un fono denuncia anónimo, mapas de riesgo para el control de la distribución a ambulantes, protocolos para la desarticulación patrimonial de organizaciones en zonas focalizadas y un observatorio de fraude y corrupción en instituciones públicas vinculadas a la temática, entre otras.
Según Pakomio, todas estas propuestas nacen a raíz de que “ha existido inacción de muchas autoridades sobre este tema a nivel nacional, y esto constituye un flagelo que está quitándonos espacios públicos y nuestras calles. El comercio ambulante es un actor relevante en generación de inseguridad en la población, y por eso es que estamos muy esperanzados con este estudio, en sus resultados, conclusiones y en todo lo que podemos realizar para hacer frente al comercio ilegal”.
También, el estudio concluyó que ha aumentado la población dispuesta a ejercer el comercio ambulante, y se observaron dificultades institucionales para regular la venta en bienes nacionales de uso público. Asimismo, hay limitaciones para el empleo formal de personas migrantes que ejercen o tienen disposición a ejercer el comercio ambulante.
En línea con aquellos problemas, se propuso lo siguiente: crear un programa de capacitación a municipios y convenios con estos últimos para asesorar en la gestión del espacio público, formar una mesa para el fortalecimiento de la ejecución de sanciones por comercio ambulante, una plataforma regional de registro de vendedores ambulantes y un sello de permiso ambulante, entre otras medidas.
Finalmente, Crespo señaló que “queda todo este material y trabajo a disposición de las autoridades para que, efectivamente, podamos configurar una política de mediano y largo plazo para abordar el comercio ambulante en la Región Metropolitana. No solamente están las medidas en sí mismas, sino que también hay una identificación de los actores que las pueden promover, así como los plazos que se requieren para implementarlas”.
