En la Universidad de Chile se realizó un conversatorio entre expertos, quienes debatieron sus impresiones en las materias de educación y libertad de enseñanza. Entre ellos se encontraba la expresidenta de la Comisión Experta, la académica UAI Verónica Undurraga.
Por Diego Cabanillas
Veronica Undurraga, ex presidenta de la Comisión Experta del actual proceso constitucional, destacó que, debido a que la gran mayoría del consejo estaba conformado por gente de derecha, “se aprobaron normas sin tomar en cuenta lo que quisiera el otro sector”.
“Como tengo miedo de que en el Estado quieran hacer esto y esto otro, entonces se coloca que no lo puedan hacer”, dijo. En ese sentido, la académica mencionó que había frases que no se podían utilizar como “derechos de los niños” o hablar de adolescentes, ya que eso hablaba de autonomía progresiva.
“Se tenía miedo a un exceso de intervención estatal en los distintos ámbitos, los cuales se consideraba que debían estar regidos por una lógica privada; la familia, que el estado no se meta con mi familia, proyectos educacionales y empresa”, aclara.
Normas directas
Undurraga hizo una comparativa en la lógica del consejo constitucional a nivel económico y educativo, ya que en ambas materias se buscó un fortalecimiento al sector privado. “Hay una especie de sensación del mundo privado de que hay una hiper regulación. Se deja de crecer a nivel económico y se cree que hay una causalidad entre la hiper regulación y la falta de crecimiento”, agrega.
La abogada explica que el equilibrio que consiguió la comisión experta de reconocer libertades económicas a cambio de reconocer lo básico en el catálogo de derecho, fue desarmado por el consejo. “La cláusula de derechos humanos se reduce (…) y se ponen políticas públicas detalladas”, dice.
Respecto a alguno de los cambios, Undurraga comenta que se abrió el recurso de protección de enseñanza, además que se le entregó una hiper protección a las libertades en general, que no está en la actual constitución. “Hay un recurso de protección directo, hay una posibilidad de judicialización para reclamar sobre todas las libertades, para los padres a elegir”, justifica.
“Hay una especie de nostalgia por las soluciones de los ochenta y noventa en este texto, además de una retracción hacia la auto regulación por una desconfianza a compartir o a tomar decisiones en conjunto teniendo que incorporar todas las miradas”, cierra.
Distintas interpretaciones
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, sí cree que agendas políticas distintas a las de la mayoría del consejo pueden desplegarse. Además, enfatizó en que era “bien pobre” la norma de educación pública de la Comisión, mientras que la del consejo es más potente, pues obliga al estado a garantizar sus instituciones.
“Puedo sostener que el resultado final, si bien es evidente que refuerza la libertad de enseñanza, creo que no vulnera el derecho a la educación de la manera en que se ha expuesto como que quedara totalmente sometido (…) Hay muchos espacios donde el derecho a la educación queda fortalecido, más que hoy”, dijo.
En esa misma línea, Rodríguez agrega que la propuesta “destraba conflictos” que el país ha sido incapaz de resolver, como asegurar la asistencia a clases o las necesidades educativas especiales.
“Creo que aquí hay un avance y por lo menos una intención de hacerse cargo de que en Chile el Estado no tiene las herramientas para asegurar el derecho a la educación y se expone de forma casi pornográfica, en un sentido que se muestra con exhibicionismo, morbo y no se hace nada al respecto”, sumó.
Finalmente, el director ejecutivo destaca la propuesta de querer darle atribuciones a quienes lideran instituciones para asegurar la convivencia escolar. “Nuestro sistema político o jurídico no es capaz de darle a quien lidera una institución la capacidad de poner orden para que los demás puedan aprender”, comentó.
“Creo que es una propuesta esencialmente conservadora, no creo que vaya a generar un cambio relevante en el sistema educacional chileno. En ese contexto, creo que se han armado interpretaciones forzadas (…) Como decir que se fija un solo sistema de financiamiento escolar”, puntualizó.
Un proceso innecesario
Cristian Bellei, académico de la Universidad de Chile, fue más directo en su postura, ya que cree que las demandas de la ciudadanía en temas de educación no se ven reflejadas en este proceso constitucional. “Es algo que se quiere parecer”, apuntó.
“El derecho a la educación en términos concretos, es el mismo que la constitución actual (…) Se perdió la oportunidad de hacer una definición más rica, moderna y contemporánea de la educación, es la misma que tenemos del siglo 19. Se perdió la oportunidad de pensar en la educación permanente, formal, de los adultos, universitaria, no dice nada de eso”, expuso.
Bellei cree que, en lugar de haber un fortalecimiento a los derechos de educación, este debilita, ya que no hay una articulación del sistema, ni un avance en la regulación de los niveles educacionales.
Además, Bellei explica que se debilita el sistema público, ya que se obligaría al estado a financiar el sector privado, cosa que no está en la constitución actual, de esta forma se entraría en una negociación por parte del estado y el sector privado con la libertad de enseñanza.
“Acá los privados quieren tal libertad que quieren que se les entregue esa plata y luego quieren discriminar a la mamá cuyos impuestos le financiaron, porque me lesiona el proyecto educativo y yo tengo libertad”, argumentó.
Respecto a la libertad de enseñanza, Bellei sumó que ya está garantizada y la presentada en la propuesta la catalogó de “doméstica”, pues pues “quienes la escribieron parecen ver la educación como parte de las creencias religiosas y de la socialización de los niños en sus casas”.
“Los propietarios de proyectos educativos pueden apelar a la defensa de esa libertad de enseñanza e integridad de sus proyectos para volverse sobre cualquier miembro que no les guste: esa mamá soltera que incómoda en la comunidad ya no forma parte, o esa persona que le reza a un Dios que no nos gusta a nosotros, que no le gusta al dueño de la escuela se vuelve un peligro para la integridad del proyecto”, manifestó.
