María Francisca González
Recientemente, la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI) realizó la mayor incautación de libros falsificados desde la creación de la unidad. No mucho después del decomiso, la Convención Constitucional rechazó en el pleno las normas sobre derechos de autor con el argumento de que se atentaría contra el acceso a las creaciones e investigaciones. Si bien el interés se centró en lo que resolverán los convencionales luego de que se revise el artículo en su comisión, hay un elemento al que no se debe dejar de atender si lo que nos preocupa es garantizar la cultura nacional: la regulación del precio de los libros.
Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), sólo el 35% de las obras leídas por chilenos provienen de una librería oficial, en tanto en Argentina y México, este porcentaje asciende a 56% y 59%, respectivamente. ¿La diferencia? En Chile, manejamos los niveles de impuestos a la lectura más altos de la región, un 19%; mientras que en los otros países no existe cobro extra.
La pugna entre el derecho a la cultura y el de los creadores está desmovilizando la atención de lo primordial, ya que mientras La BRIDEPI se jacta de la mayor hazaña de su historia y la Convención sigue su trabajo, la División de Educación General sigue revelando en sus estudios anuales las dificultades que existen para motivar la lectura en niños, niñas y adolescentes. Desde la misma entidad aseguran que sólo teniendo la incosteable oportunidad de elegir qué leer, los índices de lectoría mostrarán cifras favorables.
Claro es que requerimos de un mercado editorial que reconozca y dignifique el trabajo de los autores, pero la piratería y el poco interés en la literatura continuarán mientras los libros continúen siendo un lujo. Una real política que procure la armonía entre ambos derechos requiere de voluntad estatal y parlamentaria para revisar y cambiar el tributo al libro. ¿Vale la pena vanagloriarnos de combatir la falsificación en tanto nos convertimos en un país que no lee? Parece ser que hay prioridades que ponderar.
