Tras una jornada intensa de propuestas del gobierno, votaciones y una descoordinación de parte del ministerio de Hacienda, La Moneda deberá jugar bien sus cartas para evitar que se apruebe en sala un quinto retiro del fondo de pensiones
Por Benjamín Gálvez
Este martes 12 de abril se rechazó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto del quinto retiro de fondos de pensiones. Dicho proyecto está en la discusión de la opinión pública desde hace semanas generando un debate intenso del cual el mismo oficialismo no ha sido unánime en cuanto a su decisión
El conflicto se divide en dos partes, primero por quienes están a favor argumentan que el retiro es algo esencial para quienes lo necesitan en estos tiempos de crisis económicas debido al alza de los precios y los efectos que aún persisten de la pandemia actual. Aquella postura es liderada por la diputada Pamela Jiles, quien desde el primer retiro de fondo de pensiones se ha visto impulsando la iniciativa, quien argumenta que ella “tiene lealtad con mi pueblo que sufre” y tilda de “comunista neoliberal” a personajes como Karol Cariola (PC), quien se mostró a favor de retiros anteriores, pero muestra su oposición al actual.
Mientras que el lado que se opone al retiro; conformado por gran parte de la oposición, por el gobierno y expertos; se basan en que la aprobación del retiro en cuestión tendría consecuencias severas en cuanto a la inflación, significaría un gasto enorme para el gobierno y afectaría directamente a los más pobres debido al gran impacto que tendría en los mismos fondos.
Respuesta del Gobierno ¿Desesperada?
El gobierno ayer por la mañana presentó un proyecto alternativo, el cual consta de un retiro acotado y está pensado para quienes tengan deudas hipotecarias, de pensiones alimenticias o quienes busquen un crédito para su primera vivienda, entre otras cosas.
La polémica se desató cuando se entrevistó a la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, quien se enteró gracias a la periodista Catalina Edwards, quien la entrevistaba en la radio Duna del proyecto propuesto por el gobierno, asegurando que ella “no tenía detalles” de la iniciativa.
Aquel hecho desató de inmediato las críticas de distintos sectores, demostrando descoordinación por parte del gobierno de Boric. E incluso hubo quienes se atrevieron a tildar de “desesperadas” las medidas. Parte de quienes se sumaron a las críticas del proyecto fue la asociación de las AFP Chile, quienes dijeron que la propuesta del gobierno convertiría los fondos en “en el Servipag de las deudas vencidas”.
Algunos expertos también miraron con ojos críticos la propuesta del gobierno, argumentando que el ejecutivo se muestra débil ante la presión de la opinión pública y del poder legislativo e incluso casi cediendo ante ello. Demostrando una falta de consenso por parte del gobierno como tal sin lograr ponerse de acuerdo.
Aquella es la postura de Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), quien critica el plan del gobierno de hablar sobre las consecuencias negativas de un eventual quinto retiro para después postular un proyecto similar con efectos no iguales pero de la misma naturaleza.
También menciona que un nuevo retiro (sea de la forma que sea) implica la pérdida casi total de fondos previsionales para muchas personas, lo cual es un efecto inverso a lo que se busca proteger con estas medidas, logrando “resolver” problemas a corto plazo, pero afectando severamente al largo plazo.
Ortiz dice que a pesar de que el gasto sería menor con el proyecto del gobierno, aún así la inflación sería un problema, ya que “se generarían mayores presiones de índole fiscal por medio de la pensión garantizada universal, así como un efecto acotado en el mercado de capitales, en medio de la reducción de USD 2.000 millones en el mercado local (según indicó en prensa el ministro de Hacienda), cifra que, si bien es acotada, implica reducir la profundidad del mercado de capitales, específicamente para instrumentos de largo plazo, con impacto marginal en las tasas largas. (…) Por lo tanto, es esperable que exista un impacto inflacionario, muy acotado (dada la cantidad de recursos que serían retiras de los fondos previsionales según el gobierno) siendo muy difícil de cuantificar.”
A pesar de que algunos expertos mencionan que se debió haber tenido un enfoque más apuntado hacia el IFE, Ortiz asegura que “generar un nuevo IFE no ataca el principal problema que es la necesidad de impulsar el mercado laboral. Además, un nuevo IFE es inyectar nueva liquidez a la economía, que va en contra de la necesidad de impulsar un menor dinamismo de la demanda interna, para apoyar el necesario ajuste macroeconómico (normalización de la política fiscal y política monetaria contractiva vía alza de la tasa de política monetaria) y dar una menor tracción a la inflación. Por otra parte, la propuesta del gobierno se encuentra enmarca dentro de recursos disponibles en el presupuesto de 2022, por lo que no generaría nuevas presiones de gasto fiscal.”
Lo cierto es que ahora el quinto retiro será discutido en sala, y se deberá también votar por la propuesta del gobierno. Mientras tanto el gobierno deberá ocuparse de contrarrestar las críticas frente a sus descoordinaciones y buscar cómo frenar las intenciones de un quinto retiro por parte de los diputados a favor de ello.
