Foto: Agencia UNO.
Por Andrés López Awad
Es jueves por la mañana. Decenas de estudiantes del Liceo Tajamar, Liceo 1, Liceo Carmela Carvajal y Liceo 7 llegan a Miguel Claro 32, en la comuna de Providencia. Una ola de jumpers oscuros protesta frente al Liceo -hasta hace unos años de hombres- José Victorino Lastarria. Hay fuerza y hay rabia acumulada. Las chicas tienen una denuncia clara: hombres del liceo emblemático articularon una red vía Whatsapp de difusión de fotos íntimas de las estudiantes y conversaban sobre cómo abusarían de ellas. Qué les harían y cómo lo harían. «Podríamos hacer como una manada entre nosotros y culiarnos (sic) a cualquier mina y después dejarla botada», «las arrastraremos por el suelo» o «sipo (sic) las vamos a violar» dicen algunos de los pantallazos.
La conmoción entre las estudiantes es enorme. Tiene que llegar la policía para evitar que la ola atraviese las rejas del Lastarria. La alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, se suma a la rabia. Una «rabia infinita», dice a los medios. Radio Biobío publica que los antecedentes están en manos de la Brigada de Cibercrimen de la PDI. Presunto almacenamiento y/o producción de material pornográfico infantil. La edil afirma punzante: «Vamos a actuar con el máximo rigor que la ley nos permita en contra de estas personas; sean mayores o menores de edad, no nos importa».
Seis nombres. Seis hombres. Seis involucrados. Todos suspendidos indefinidamente y sin derecho a matricularse en otro liceo municipal de la comuna. Expulsados, «porque pueden poner en riesgo a todas las estudiantes», dice Matthei. Para las liceanas, en tanto, está muy lejos de ser un tema cerrado.
Mariangel Ibarra es representante de las secundarias del Liceo Tajamar y durante la semana podría ser electa por sus compañeras como Presidenta. Ha pasado días colapsados, llenos de trabajo administrativo y dobles jornadas en el liceo por este hecho. No está conforme con la expulsión de «La Manada» del Lastarria. Dice a Cooler que «a pesar de que no vuelvan a ser parte de ningún establecimiento educativo de Providencia, legalmente, por ser menores de edad tendrán que reubicarlos a un nuevo liceo, ¿y qué pasará?, ¿quién asegura un cambio en el comportamiento de estas personas? Es entonces cuando debemos comprender que la violencia de género en los establecimientos educacionales es un problema sistemático, porque no solo se hacen parte los estudiantes, sino que también los mismos profesores y funcionarios son encubridores, y hasta perpetradores de estos actos».
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Estructural. Ese es el concepto que se repite entre mujeres que analizan críticamente lo ocurrido en el emblemático liceo. «Vimos hace pocos días la violación masiva que sucedió en Palermo, casos similares han ocurrido en Chile y de los cuales el Liceo Lastarria forma parte también de un mismo sistema. No son, como se dice, “hombres enfermos”, sino que son, como se diría en el feminismo, hijos sanos del patriarcado. Es que en todo el sistema hay una cultura que afirma valores que van contra los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales que aún sigue imperando», dijo a Cooler Lieta Vivaldi, socia de ABOFEM y especialista en derechos sexuales y reproductivos.
Para algunas expertas esta violencia sistemática no queda solo entre estudiantes. Yaneth Barrientos, profesora de historia e integrante de la Red Docente Feminista comentó a Cooler que «es común escuchar a personas de mi generación (2005-2008) por ejemplo, egresadas de liceos monogenéricos, hablar sobre la forma en que tanto los estudiantes como el personal docente y paradocente normalizaban la violencia, el acoso escolar y tratos poco éticos al interior de las salas de clase y otros espacios, prácticas que aún se mantienen en ciertas zonas del país». Priscilla González feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo a Cooler que «más allá del medio por el cual se coordinen y se comuniquen, la raíz de esta violencia es siempre la misma. Más allá del aspecto de forma, lo más relevante es el aspecto de fondo. Una cultura que nos ha enseñado que las mujeres estamos en subordinación en relación a los hombres».
Para ninguna de las entrevistadas la expulsión de La Manada del Lastarria es suficiente y comparten que una Ley de Educación Sexual Integral es el camino. González cree que «la expulsión es un municipio desechando estudiantes, diciendo “ahora ya no son nuestro problema”. La respuesta punitiva no me parece la más adecuada porque estamos en un contexto educativo y de jóvenes que están todavía en edad escolar. Hubiese sido interesante que nos adelantáramos a esto con un plan de Educación Sexual Integral, donde se atienda especialmente en estos liceos en los que de a poco se van incorporando mujeres». La docente, Yaneth Barrientos, complementa: «De esta forma dejamos de «castigar», que sabemos, en la práctica no repara de todo el daño y perjuicio ocasionado y nos centramos en la prevención y educación. ¿Por qué esperar a que los derechos de nuestras niñas y jóvenes sigan vulnerándose y no permitimos que una visión sin sesgo de género sea la columna vertebral de la enseñanza en establecimientos públicos?».
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En su cuenta pública de Instagram, Mariangel Ibarra sube una foto de su última asamblea en el Liceo Tajamar. Ella y sus compañeras organizan su rabia para tomar acción. «La Manada» del Lastarria es solo el oscuro detonante de un llamado más grande. Tejen su desacato contra un sistema que las tiene en desventaja, pero ante el cual no se quedarán de brazos cruzados: «Es aquí donde llegamos a la conclusión de que aunque no podemos hacer cambios de un día para otro, sí podemos comenzar desde ya mismo a sentar las bases para lograr cambios estructurales y culturales en torno al tema. Es importante que haya voluntad de las autoridades a sentar a todos en la mesa para encontrar soluciones y no solo a los mismos liceos céntricos de siempre».
Es miércoles por la tarde. Termino de escribir la nota y leo Twitter. El Desconcierto publica «Municipalidad de Ñuñoa denuncia a profesores por presunto abuso y acoso sexual contra estudiantes».