La comisión especial de Mujeres de la cámara alta aprobó el pasado 8 de marzo la Ley Antonia, proyecto elaborado en memoria de Antonia Barra Parra, joven de 21 años que se suicidó el año 2019 tras ser víctima de violación y abusada sexualmente por el único imputado, Martín Pradenas.
Por Catalina Guerrero
La senadora y presidenta de la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género, Isabel Allende, propuso que la denominada «Ley Antonia» se vote durante el Día Internacional de la Mujer como un gesto hacia las víctimas de delitos sexuales. Asimismo, agradeció a la familia de Antonia Barra y a quienes hicieron posible la construcción y aprobación de la moción. Sin embargo, la política dio un mensaje de inquietud respecto a la situación actual de los femicidios en Chile: “Quiero manifestar mi preocupación porque vemos que los femicidios no disminuyen. Hemos partido este año con femicidios, o intentos de estos, bastante dramáticos. Hay que hacer un esfuerzo para generar un llamado o buscar la forma de que la sociedad tenga más consciencia de que tenemos que avanzar en lo que se refiere a la violencia hacia las mujeres y en particular los femicidios”, manifestó la senadora y expresó que lo que ocurre es muy doloroso y le provoca mucha importancia.
El proyecto busca principalmente aumentar el plazo de prescripción de delitos sexuales, pues esta considerará los daños psicológicos que provocan los diferentes sucesos en las víctimas y que impiden que estén preparadas para enfrentar un juicio, generando además denuncias tardías. Por otra parte, las víctimas podrán hacer una única declaración grabada para evitar su revictimización y su exposición, y los jueces deberán evitar preguntas que las incomoden.
“Lo más importante es que nosotros buscamos evitar la revictimización que ha provocado tremendos sufrimientos, dolores e injusticias para estas mujeres y sus familias. Por eso hicimos una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal y otras leyes. Lo que queremos es un trato digno que resguarde la integridad física y sexual de las víctimas”, añadió Allende.
También, la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género del Senado reemplazó el concepto de suicidio por inducción al suicidio, como un nuevo delito de tipo penal que tendrá condenas que irán de los 3 a los 10 años de cárcel. “Lo que le ocurrió a Antonia, y lo que le puede ocurrir a otras muchachas, es que no solo sufren de acoso o actos de connotación sexual, sino que además hay todo un acoso psicológico que puede ser telefónico o de otro tipo que provoca una tremenda desestabilidad emocional y vulnerabilidad, y que puede llevarlas a cometer lo que ocurrió en el caso de Antonia”, dijo la parlamentaria.
Las víctimas deberán contar con asistencia judicial y en ningún caso pueden ser enjuiciadas, estigmatizadas o cuestionadas por sus relatos, conductas o su estilo de vida. Las investigaciones, además, deberán tener perspectiva de género y de derechos humanos, proteger la vida y la libertad de las personas para evitar la victimización secundaria que se produce, protegiendo los datos personales.
Diversos sectores esperan que con el gobierno de Gabriel Boric, quién ha declarado que será feminista, exista un trabajo en conjunto con otras instituciones estatales que tengan una perspectiva de género. Isabel Allende postuló que “justamente tiene mucho que ver con esto: cómo se trabaja con las policías y con las distintas instituciones para proteger siempre a las victimas, las denuncias y lograr que no haya esta violencia que normalmente acompaña a las mujeres”. De igual forma, señaló que con 14 ministras, no hay dudas de que esto se vaya a cumplir.
La moción que fue aprobada de forma unánime en el Senado ahora pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Si los cambios realizados son aprobados, será promulgada como ley de la República.
