El préstamo a estudiantes por Crédito Aval del Estado (CAE) es una alternativa de financiamiento que les permite pagar una carrera en instituciones acreditadas que integran el Sistema de Crédito para Estudios Superiores, donde el responsable de pagar el crédito siempre será el estudiante. Este financiamiento estatal ha generado controversia desde su implementación, en 2005, porque si bien busca ser un beneficio para quien los solicita, a su vez, trae consecuencias negativas: endeudamiento a estudiantes y a sus familias hasta la actualidad.
Según un estudio de la Fundación Sol, se registraron 632 mil jóvenes endeudados, con un peak de 727 mil deudores en septiembre de 2018. Los autores de esta investigación Marco Kremerman, Alexander Páez y Benjamín Sáez, concluyen que “en pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse es parte de la misma ecuación”.
Muchos de esos endeudados eran estudiantes universitarios provenientes de hogares pobres, quienes hicieron sus 5 o más años de educación superior antes de la gratuidad implementada por el gobierno de Michelle Bachelet en 2016. Es por eso que en este trabajo de periodismo de datos nos preguntamos: Esa medida de gratuidad, aprobada mediante ley corta en diciembre de 2015 ¿cambió en algo el universo de beneficiarios del Crédito con Aval del Estado?
A partir de información obtenida del portal Comisión Ingresa, analizamos base de datos de 2015 y constatamos que antes de la gratuidad, los principales beneficiarios son estudiantes del quintil 1 y 2, quienes corresponden a familias más vulnerables, con ingresos desde $62.000 hasta $116.000 por persona. Estos corresponden a un 51.8% del total. En el otro extremo están los estudiantes del quintil 5, provenientes de grupos familiares que tienen un ingresos mensuales por persona que van desde $286 mil a casi $15 millones. El 13.5% de los beneficiarios CAE corresponde a este segmento socioeconómico.
Cuando la gratuidad entra en vigencia se observa un cambio importante. Al comparar las cifras entre 2016 y 2019, los del quintil 5 pasaron a ser los mayores beneficiarios con un 42% del total. En contraste, los estudiantes del quintil 3 fueron los menos favorecidos correspondiente a un 13% del préstamo estatal.
Esto se podría deber a la implementación de la gratuidad, una política pública implementada el año 2016 donde las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la población, cuyos miembros estudien en instituciones adscritas a este beneficio, no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera.
La investigadora en políticas sociales y educación, Ximena Catalán, aseguró que “sí se ha observado una concentración de la matrícula en las instituciones adscritas a la gratuidad, en contraste de aquellas que no lo están, como sucede con algunas instituciones privadas que no cumplen con los criterios o se alejan por motivos financieros”.
Siguiendo con la comparación, es interesante destacar que los datos revelan que en 2016 solo un 26,5% del total que ingresó a la educación superior tuvo acceso al CAE, con una cifra de 338.103 matriculados en primer año y de ellos solo 89.786 beneficiarios del préstamo. En 2019 la cifra de beneficiarios al préstamo bajó a 17,8% del total de ingresados a la universidad que accedió al CAE, donde de 332.577 matriculados, sólo hubo 59.291 beneficiarios. Esto implica que la diferencia de beneficiarios entre ambos años fue de 30.495, de acuerdo a la información actualizada de Ingresa.
En el siguiente gráfico, se puede observar como la diferencia entre matriculados y beneficiarios ha disminuido a través de los años.
También se evidencia que en 2019 hubo 35.466 beneficiarios menos al préstamo, en relación a los datos correspondientes de 2015 (antes de la aplicación de la gratuidad), año en que los beneficiarios fueron 94.757 de un total de 332.577 matriculados.
Así mismo, también hay una disminución de los beneficiarios del CAE durante los años.
La investigadora también agregó que “se debe considerar que la gratuidad es un beneficio estudiantil y no un mecanismo de acceso que asegure o facilite la admisión como tal a la educación superior”. Esto significa que “en aquellas instituciones con mayores barreras para ingresar, la gratuidad no ha generado un aumento en el acceso de estudiantes con menores ingresos”.
Cabe recordar que en 2020, bajo el contexto de la pandemia, se puso sobre la palestra la condonación del CAE por el precandidato presidencial Mario Desbordes, pero es evidente que muchos universitarios chilenos no podrían acceder a una educación profesional sin este.
Actualmente, la “Mesa por la condonación” busca finiquitar las deudas bajo el mecanismo del CAE y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), ya que ambas representan una deuda para los chilenos que asciende a US$12 mil millones aproximadamente.
