Por Sebastián San Martin
La agenda política ha estado enfocada estas últimas semanas en los partidos de la derecha por el llamado Caso Audios, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla, hoy formalizado y en prisión preventiva, así como en el Poder Judicial, al que también llegaron las ondas sísmicas del escándalo, con el impacto de un terremoto.
El partido más damnificado en la derecha ha sido la Unión Demócrata Independiente (UDI), al que pertenecen la mayoría de los imputados y también varios de los afectados por la filtración de una grabación de Hermosilla y sus chats. Los resultados de las elecciones municipales y de gobernadores del 26 y 27 de octubre revelarán si los costos políticos del Caso Audios impactan en la UDI y la derecha.
Entre los nombres que han saltado a los titulares noticiosos se encuentran personajes influyentes como el exministro del Interior de Sebastián Piñera, y familiar suyo, Andrés Chadwick, quien renunció a la UDI, partido del que fue uno de sus fundadores, y a la Universidad San Sebastián (USS); el ex fiscal Manuel Guerra, quien pidió excusas por los chats privados que intercambió con Hermosilla, donde tuvo expresiones homofóbicas y misóginas para otros personeros de derecha, como los alcaldes Rodolfo Carter (La Florida) y Evelyn Matthei (Providencia), la aspirante presidencial de ese sector; y el exministro de Piñera, Felipe Ward, que debió renunciar a la vicerrectoría de la USS después que se conocieran chats que denunciaron presuntas presiones suyas para apresurar proyectos de clientes de Hermosilla
Al grupo se agrega con un papel protagónico en la polémica la exministra de Educación y candidata independiente al sillón municipal de Las Condes, Marcela Cubillos, por el sueldo muy sobre el mercado de 17 millones de pesos, que percibía como remuneración mensual por media jornada en la USS durante los años 2020-2024.
Resolución de la Suprema
No menor ha sido el impacto en el máximo órgano de justicia del país. El jueves pasado, el pleno de la Corte Suprema resolvió en decisión unánime de sus 19 integrantes remover de su cargo a la hoy excolega Ángela Vivanco.
Tras una sesión de siete horas y después de escuchar a la defensa de la jueza, la Corte Suprema resolvió que «el conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que han sido posible constatar, permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que, desde luego, priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho”.
Las siete causales por las que la jueza había sido suspendida por la Corte Suprema hace 20 días se dieron por probadas. Entre ellas, intervenir para acelerar causas judiciales, informar del curso de algunas de ellas a Hermosilla, intervenir en nombramientos de conservadores de bienes raíces así como intentarlo en procesos de nombramiento de jueces del tribunal. Se trataba de un patrón de conducta, según el máximo tribunal
Acusaciones en el Congreso
La derrota de la hoy exjueza del máximo tribunal fue completa, en toda la línea. Sus pares la expulsaron de tribunales. Además, la próxima semana el Senado debiera resolver la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y el juez Sergio Muñoz, que la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría.
Vivanco enfrentará la acusación en la Cámara Alta sin ser ya jueza de la Corte Suprema. De resolver el Senado en contra de ella, en lo que sin duda influirá la decisión de la Corte Suprema de removerla, quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Otros dos jueces de la Corte Suprema se encuentran también en la cuerda floja. En el caso del ministro Jean Pierre Matus, integrante de la sala penal, se vio afectado por la revelación de sus chats con Hermosilla, en los que siendo entonces abogado privado se relacionó con la defensa de una acusación constitucional del entonces ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick. Sin embargo, después no incluyó en su lista de inhabilidades como juez de la Suprema a Hermosilla ni Chadwick. También se le acusa de haber «mentido» al ser preguntado por sus relaciones con el abogado.
En cambio, la situación del juez Muñoz, que fue presidente del Tribunal Superior, es diferente y no se relaciona con el Caso Audios. La oposición lo incluyó en la misma acusación que contra Vivanco, aunque a él se le imputa «notable abandono de deberes», por haber supuestamente entregado información anticipada de un fallo a su hija para que pudiera desistirse de compras inmobiliarias.
Según el oficialismo, la derecha incluyó a Muñoz por ser considerado un juez «progresista» y empatar su salida con la de Vivanco, que fue militante de Renovación Nacional.
El ministro de Justicia anunció que próximamente el gobierno enviará un proyecto de ley para reformar el sistema de nombramiento de jueces y autoridades del poder judicial, así como un sistema que regule los conflictos de intereses que surgen entre los actores principales de la justicia.
Sueldo de Cubillos
Según la Tercera Radiografía de Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, las mujeres académicas de la edad de Marcela Cubillos (55-70 años) ganan algo más de 2,5 millones de pesos al mes. En promedio, este monto es alrededor de 29% menos que el percibido sus colegas varones.
Cubillos se defendió ante la polémica y el rechazo transversal que provocó su nivel de sueldo. Afirmó que cumplía al pie de la letra los acuerdos del contrato que con la USS y que «en Chile hay libertad de trabajo y libertad de contratación. Yo no sé qué pretende la izquierda, si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado le tenga que pedir a ellos que me fijen o determinen cual es un sueldo justo.”
Agregó: “Si para la universidad yo representaba un valor importante que ellos avaluaron en un determinado sueldo, que por supuesto era un muy buen sueldo, la universidad es libre de fijarlos. Si a otros académicos los avaluaban distinto, les avaluaran otro sueldo y eso en cualquier organización”.
A juicio del académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Cristóbal Bellolio “la explicación que da Marcela Cubillos es completamente inverosímil”. Según él, no existe ningún caso cercano o parecido que se asemeje al sueldo de la exministra: “Es imposible que 17 palos sea la retribución correspondiente a la productividad académica de Marcela Cubillos (…). Aquí pareciera haber una nueva forma de financiamiento a la política, y no voy a decir ilegal sino indirecto”.
La fiscal Giovanna Herrera investiga el caso, tras la presentación de oficios ante la Superintendencia de Educación Superior y el Ministerio Público para que se investigara si hubo o no irregularidades, porque la USS recibió recursos del Estado, entre becas y CAE.
El caso ha motivado diversas peticiones de que haya transparencia en las remuneraciones que pagan a su personal las universidades privadas, dado que reciben recursos del Estado.
En declaraciones a Cooler, el abogado y académico de la UAI, Rodrigo Correa, dudó de que las universidades privadas estén sometidas a la obligación de tener transparencia pública. Plantea que «mecanismos tales como la necesidad de someter a aprobación de un consejo en que estuviera representados dichos controladores los sueldos sobre un determinado umbral, podría ser un mecanismo adecuado. Ese mecanismo no habría evitado un sueldo como el de Cubillos, pues pareciera que fue precisamente voluntad de los controlares asignar dicho sueldo.»
