Según Documentos de la Superintendencia de Educación Superior, los reclamos en materia de convivencia se triplicaron en los últimos 5 años.
Por Benjamín Carrasco, Paulette Fuentes y Fernando Ríos
El hostigamiento es una conducta abusiva, realizada de forma sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad e integridad física o psicológica de un individuo. Esta situación se provoca en distintos ámbitos, laboral, callejero, pero usualmente tiende a estar relacionado con la educación.
Según un estudio realizado por la Interclínica Cordillera, entre 2020 y 2022 se registraron 5.934 casos graves de acoso escolar en Chile, volviendo al país entre los tres países más afectados en Latinoamérica sobre este ámbito. En 2024, por otra parte, la Superintendencia de Educación informó que más del 72% de denuncias ingresadas estaban relacionadas al tópico de convivencia, con 12.637 casos.
Sin embargo, si bien estos datos son preocupantes, la mayoría están relacionados al hostigamiento educacional se relaciona a los establecimientos educacionales como colegios y liceos. Pero entonces, ¿qué pasa con las universidades?
Datos relacionados este tipo de violencia en establecimientos de educación superior eran inexistentes hasta el año 2019 con la creación de la Superintendencia de Educación Superior (SES), quienes se volvieron los encargados de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias que regulan las universidades.
Este año el organismo publicó en su Cuenta Pública los resultados sobre las denuncias y reclamos en contra de instituciones de educación superior en 2023, donde se registró la mayor tasa en materias relacionadas a la convivencia estudiantil desde la creación de la Superintendencia con un 5,1%, siendo 209 casos en total.
Hecho con Visme
En cuanto a la clasificación de estos, el tópico “hostigamiento docente” obtuvo el mayor número con 59 denuncias, traduciéndose en un 28,2% del total de reclamos; les sigue “violencia, maltrato y bullying” con 46 casos (22%) y la tercera materia con mayor porcentaje de denuncias/reclamos fue la misma categoría, la cual su única diferencia es la eliminación concepto de maltrato, con 26 casos (12.4%).
Si bien la convivencia es la categoría en denuncias con menor porcentaje dentro de las Cuentas Públicas, luego de casos ocurridos este año como el de Catalina Cayazaya y el de la estudiante de psicología de la Universidad Viña del Mar, esta situación se ha vuelto más preocupante, dejando la incógnita en que ocurre realmente en las universidades y el trato contra el hostigamiento educacional.
CONVIVENCIA
“Esto se va a ir a lo legal. La universidad presenta falencias respecto al apoyo a jóvenes”.
Estas son las palabras que señaló Claudia Grassi a la Estrella de Valparaíso, madre de la estudiante de psicología que se lanzó del tercer piso de una de las instalaciones de la Universidad Viña del Mar, producto del hostigamiento del que era víctima.
Acoso, bullying y hostigamiento docente son algunos de los motivos por los que Grassi explica la decisión que tomó su hija, inclusive añadiendo que la psicóloga de la universidad conocía del caso, pero esta no hizo nada al respecto para ayudarla.
Diego Villegas, estudiante de psicología de primer año, comentó sobre el impacto del caso en su carrera: “Lo que le pasó fue totalmente desastroso, nos afectó a todos. Tuvimos una marcha blanca y se tuvo que reagendar todas las pruebas y trabajos. De hecho, ya habían problemas mucho antes apenas entré a esta universidad, no pasaron ni dos semanas y hubo una primera funa en la cual un compañero de un paralelo totalmente diferente dañó, tanto psicológica como verbalmente, a una compañera. Hubo una funa entre comillas y quejas con respecto a la carrera, que si iban a hacer algo o no, o si iban a expulsar al niño, porque según la norma sale que se debe expulsar al alumno, pero en vez de hacer algo así simplemente lo cambiaron de paralelo y generó un disgusto totalmente enorme”.
El alumno de la UVM explica que la institución no se ha pronunciado respecto a la situación, siendo algunos profesores los que se acercaron durante la marcha blanca o tomaron sus clases para entregar apoyo a los estudiantes afectados por el suceso, existiendo un nulo respeto tanto de estudiantes y docentes, quienes también han indicado en audiencias que han sufrido de hostigamiento.
Más allá de los posibles reglamentos que cuenten las instituciones, la única normativa existente para sancionar los casos de acoso es la Ley N°21.369, enfocada en agresiones por motivo de género. Si bien el diputado Tomás Lagomarsino anunció la preparación de un proyecto para sancionar el hostigamiento en educación superior, no se han recibido noticias sobre esta medida.
Es por ello que la Superintendencia de Educación Superior permite, ya sea de forma presencial o a través de su página web, reclamar o denunciar distintos tipos de irregularidades con el objetivo de que el organismo intervenga e investigue la problemática correspondiente. Sin embargo, una plataforma que entrega una alternativa para quienes necesiten apoyo acaba por ser poco utilizada, teniendo en total sólo 4293 casos ingresados.
Hecho con Visme
Según Iván Armijo Rodríguez, consultor en la Superintendencia de Educación Superior: “Sobre los estudios que existen en relación a todo tipo de acoso, violencia, discriminación, etcétera, suele ser una muestra más bien pequeña de lo que realmente existe. Es un tema que particularmente no se visualiza mucho salvo cuando aparecen casos mediáticos como el caso de la joven de en el hecho práctica no cierto de medicina en la Universidad de Los Andes y es porque no necesariamente llegan directamente hasta la Superintendencia”.
Respecto a la enorme disminución de casos desde educación básica y media a superior, Felipe Torrelbo, Jefe del Departamento de Datos, Información y Reportes de la SES, añadió: “Nosotros reportamos directamente sobre lo que aparece en el sistema. Entonces, el que exista esa diferencia en la información puede tener que ver con la forma en la esta se obtiene. Me carga la metáfora del iceberg, pero sabemos que estamos viendo una submuestra, voy a decir mejor dicho, bastante específica de lo que puede ser el tema a nivel general y existen varias etapas previas a la propia Superintendencia. Por ejemplo, nosotros no tenemos registro de los reclamos procesados al interior de cada institución. Eso nosotros no lo sabemos, no nos llega”.
Sin embargo, existen otras explicaciones relacionadas a un cambio de paradigma en la mentalidad de los estudiantes. Andrés Vita, psicólogo, comenta que si bien existe una mayor concientización en alumnos sobre la capacidad de denunciar situaciones de hostigamiento que anteriormente no hubieran realizado, existe un cambio generacional donde los universitarios exigen “muchos derechos y pocos deberes” .
“Por ejemplo, respecto al hostigamiento docente, me han tocado varias veces alumnos que yo creo que son más psiquiátricos, en el fondo, ante la puesta del límite o la reprobación, saltando inmediatamente con denuncias de acoso. En vez de asumir que el profesor lo está reprobando, en el fondo, por no estar cumpliendo con los estándares académicos, lo transforman en que los están acosando y que está ensañado con ellos y por eso los reprueban”, añadió Vita.
Si bien existen varias dudas respecto a la razones por el aumento de denuncias, algo está claro: podrían ser aún más los casos de los que llegan a la Superintendencia de Educación Superior, dejando la incógnita sobre cuántos estudiantes más se verán afectados por esta grave problemática.
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
A mediados de marzo, la joven Catalina Cayazaya se quitó la vida luego de acusar una serie de abusos y maltratos por parte de sus tutoras. Dichas negligencias se produjeron durante su internado como estudiante de Terapia Ocupacional en la Universidad de los Andes. Casi un mes más tarde, su madre denunció la situación tras enterarse de estas irregularidades.
El caso fue altamente mediático, la comunidad estudiantil se pronunció en el campus, pidiendo justicia por Catalina. En redes sociales, poco a poco se fueron destapando otros casos de hostigamiento docente en prácticas universitarias e internados en diferentes carreras, cosa que, aparentemente, no es nueva en nuestro país.
Diferentes carreras, principalmente medicina, ingeniería y derecho, acusan maltrato por parte de sus supervisores: insultos, descalificaciones, humillaciones, desamparo, entre otros episodios que han llevado a situaciones críticas. Según algunos estudiantes, el sufrimiento es tal que la experiencia universitaria se transforma en una tortura. Han declarado padecer de distintos trastornos, desde baja autoestima hasta intentos de suicidio.
Lamentablemente, no hay una fiscalización en la relación entre tutor-estudiante y sus respectivos tratos (asimetría de poder). Asimismo, otro elemento se hace presente: algunos tutores no cuentan con los conocimientos pedagógicos básicos para supervisar a los estudiantes. Esto puede decantar precisamente en fallas comunicacionales, donde el tacto de los profesores puede ser tosco.
La prevención también ha estado en la palestra. Según su propio alumnado, la U. Andes carece de canales eficaces que permitan dar a conocer los protocolos anti-suicidio, o al menos para evitar situaciones que terminen como el caso de Catalina. La Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, dirigida por Nicolás Abásolo, postula la instalación de un protocolo universal con siete lineamientos, pero se mantiene a la espera de ser aprobado.
El reclamo de Carolina Cors, madre de Catalina, fue enviado a la Superintendencia de Educación. Una vez recibida, el órgano ofició a la Universidad de los Andes para recabar información sobre el caso. Como primera medida, las tutoras de la joven fueron apartadas mientras se desarrolla la investigación pertinente.
Dicha decisión se tomó el 9 de abril, donde la comisión encargada de las pesquisas tuvo un plazo de 30 días para determinar si efectivamente, las “situaciones irregulares” tuvieron lugar. En cuanto a la comunidad estudiantil, los Centros de Estudiantes se pronunciaron al respecto por medio de un comunicado, pero acordaron no dar declaraciones al respecto.
Para ahondar en esta temática, se le consultó a la SES por informes que dieran cuenta de la cantidad de casos que abordan hostigamiento docente en internados y/o prácticas universitarias. La respuesta fue la siguiente: “Implica para esta Superintendencia realizar una extensa revisión de un total de 17.766 denuncias recibidas desde el año 2020 a la fecha, determinar a través de la lectura del contenido de la denuncia y sus documentos fundantes, si estas contienen o no la información solicitada (…)”.
Asimismo, el ente agrega que el Sistema de Reclamos y Denuncias, canal que recoge las querellas, no cuenta con una categoría que clasifique el tópico “prácticas profesionales o internado”. En pocas palabras, pese a contar con una serie de catastros desde la creación del ente hace casi cinco años, se rechazó la entrega de este tipo de información.
Pero pese a la negativa, desde la SES se justificaron respecto al conteo de denuncias recibidas. Armijo aclara que comenzaron a recoger reclamos a partir del año 2019, pero de manera distinta a la que se hace hoy en día: “2019 es un año relativamente de experimentación. La base de datos no existía todavía. Hay que considerar que la Superintendencia fue creada en julio de ese mismo año. Por lo tanto, solamente se recibieron casos en forma directa a través de la gente que llegó a la oficina. Esa fue la versión alfa del sistema”.
En la misma línea, el experto precisa en los múltiples cambios que ha sufrido la caracterización de esta clase de episodios. Precisa en la ley N°21.389, que apunta a toda parte de acoso y discriminación de género y que comenzó a regir recién en 2023. De aquí se desprende que la SES, por más que quisiese tener un catastro de denuncias desde 2019, la inexistencia de una base de datos, en conjunto con un sistema digital en pañales y la falta de caracterización complican enormemente la recopilación de las cifras.
Aún así, el ente comprende que se trata de una materia importante a incorporar en su agenda y registros. Armijo declaró que “la ley obligó a que todos empezaran a trabajar sobre el tema de violencia”. En ese sentido, al igual que las demás instituciones como la ASEMECh, la SES se ha colaborado en materia de protocolos e instancias en que se puedan respetar a cabalidad los dictámenes para evitar situaciones como la que vivió Catalina Cayazaya. “Se está poniendo el foco en una norma que apunte a regular los campos clínicos porque se ha evidenciado que hay un índice de conflictividad en carreras del área de la salud”, sentenció Armijo.
Si bien los meses no contienen grandes sumas de denuncias, cabe destacar el explosivo alza en abril de 2024. Las razones detrás de este aumento, según la misma Superintendencia, tendría relación directa a las consecuencias mediáticas del bullado caso de Catalina Cayazaya a inicio de ese mes.
Según cifras de la Superintendencia, desde febrero de 2020 hasta junio del presente año se han registrado 749 reclamos y/o denuncias, tanto por parte de los estudiantes como los profesores. La base de datos incluye los tipos de instituciones, que van desde Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales, hasta las mismas Universidades.
Aunque los meses no presentan grandes sumas de denuncias, cabe destacar el explosivo alza en abril de 2024. Las razones detrás de este aumento podrían apuntar a las consecuencias del mediático caso de Catalina Cayazaya. El hecho originó un efecto dominó, donde muchos otros estudiantes denunciaron maltratos o conductas irregulares en sus establecimientos universitarios.
¿QUÉ PASÓ EN PANDEMIA?
Las cuentas públicas dan a conocer un aumento entre el 2020 y 2023, pasando de un 0,8% al 5,1% cuando, durante el 2019, las denuncias alcanzaron un 1,9%, lo que demostraría que los datos se triplicaron hasta el año pasado. Las razones no se encuentran especificadas en ninguno de los documentos de la Superintendencia de Educación Superior, pero conociendo el contexto sanitario mundial por el que pasaba el mundo durante los años de la varianza, puede suponerse que la pandemia de COVID - 19 fue una de las responsables.
En entrevista con CNN Chile, el superintendente del órgano fiscalizador de datos, José Miguel Salazar, declaró que una de las razones fue la complicada situación financiera que vivieron las instituciones de educación, las que no habrían tenido los recursos necesarios para resolver los problemas de los estudiantes ni los equipos bien suministrados para atender reclamos.
Según la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Alejandra Contreras, las universidades estatales, aunque no todas, viven enfrentando hasta la actualidad un déficit económico que alcanza los 250 mil millones de pesos, producto de la pandemia por COVID - 19.
Además, se encuentra la situación psicológica que pudo afectar a los estudiantes durante el confinamiento hasta la vuelta a la presencialidad, la cual se dio de manera completa el año 2023, año donde los casos de denuncias en la materia de convivencia aumentaron. Según el psicólogo Andrés Vita, la principal consecuencia que dejó la pandemia, al estar confinado y conectado de manera remota a la sala virtual, fue “volver a la presencialidad con menos habilidades sociales que antes”. Asimismo y con respecto a la disminución de casos declarados entre la educación básica y superior, el psicólogo explica que “en los colegios, son los padres quienes hacen las denuncias por sus hijos quienes viven la pre pubertad, donde hay menor desarrollo cognitivo de empatía y las situaciones de bullying son mayores.”
Cuando se les cuestionó a los funcionarios de la Superintendencia de Educación Superior sobre esta materia y las definiciones de Vita, los analistas confirmaron estas declaraciones, acotando que no solo aumentan por la pérdida de habilidades sociales tras el confinamiento, sino que el ente fiscalizador también se ajusta, como fue mencionado anteriormente, e incluye nuevas categorías para exponer denuncias sobre convivencia.
Cabe destacar que, según Iván Armijo, está es una de la razones por las que los números se habrían disparado, es difícil realizar un análisis asertivo de la varianza entre la pandemia y después, puesto que “no se sabe bien qué pasó en las interacciones online, no está todo grabado, así que no podemos asegurar que pasó ahí”, refiriéndose a las instancias en que alumnos se relacionaban de manera virtual fuera de las salas online de clase.
El Ministerio de Salud tiene disponible un servicio telefónico gratuito donde se puede recibir ayuda de un profesional capacitado. El servicio *4141, no estás solo, no estás sola funciona las 24 horas del día, de lunes a domingo.
