Por Antonia Mendoza C.
A ojos de cualquiera resulta evidente que, trasladar a 38 imputados -acusados de 16 tipos de delitos en al menos 22 acciones criminales y en donde al menos 11 arriesgan cadena perpetua- que se encuentran distribuidos en distintos recintos penitenciarios a lo largo del país, es una pésima idea.
El poder judicial parecía ir por el camino correcto cuando, tras evaluaciones de factibilidad técnica, decidió suspender el juicio presencial convocado el 22 de abril en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica y lo reemplazo por una audiencia telemática que, sin embargo, terminó siendo suspendida el mismo día en la mañana.
En los días posteriores, la opinión pública y las declaraciones de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile (Ansog) dan cuenta de lo que implica para la seguridad pública llevar a cabo el juicio presencial en Arica.
La nueva suspensión de un juicio contra una de las bandas organizadas más peligrosas, incluso cuando se presume un vínculo con el Tren de Aragua, y que evidentemente se han infiltrado en Chile, solo abre cuestionamientos al sistema judicial.
¿Será que el crimen organizado internacional encontró al santo al que rezarle en las falencias del sistema judicial de nuestro país? Es difícil para los chilenos volver a confiar en nuestro cuestionado sistema de justicia.
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