El día 17 de mayo, Teodoro Ribera Neumann, comisionado y participe de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, votó en contra de la norma: «la educación superior técnica y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley«. Siendo este, rector y fundador de una universidad privada, cuyos familiares directos participan en la propiedad, ¿por qué el comité no consideró un eventual conflicto de intereses?
Por Paolo Cavallar, Magdalena Araya, Diego Cabanillas y Vicente Quiroga
En el marco de la Comisión Experta, el artículo 152, inciso 9 de la constitución, indica que sus miembros no podrán votar a favor o en contra de ningún asunto que interese directa o personalmente a estos, ni a personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. Pese a lo anterior, podrán participar en el debate advirtiendo previamente estos intereses.
Es así que cualquier integrante de la Comisión Experta que provenga de un gremio que se relacione con la materia a votar en cuestión, podrá hacerlo siempre y cuando el asunto sea de índole general. El problema radica en que, según este mismo inciso, la elección a abstenerse a votar queda, prácticamente, en manos de los mismos comisionados.
Buscamos a Teodoro Ribera en las dependencias del ex congreso nacional y le preguntamos por su rol en la Universidad Autónoma. Nos dijo: «La Universidad Autónoma es una organización sin fines de lucro, no tiene dueños».
Frente a esta declaración, buscamos documentos sobre su participación en la casa de estudios y la de su familia. Encontramos esta publicación de la Superintendencia de Educación Superior con el registro de una asamblea socios, asociados y fundadores de junio del año 2022 donde figuran Ribera y tres de sus hermanos. Según el informe, el miembro de la comisión experta y sus familiares directos ingresaron a la Corporación Universidad Autónoma de Chile el 20 de noviembre de 2015, en medio del proceso de postulación del plantel al sistema de gratuidad implementado bajo el gobierno de Michelle Bachelet.
¿Por qué no se abstuvo de votar en la comisión?
Le preguntamos al ex ministro de Sebastián Piñera por qué no se marginó de la votación. «Ese fue un tema que se planteó al secretario de la Comisión por parte de la presidenta, toda vez que yo me abstuve de opinar y votar, el propio secretario de la Comisión señaló que no, no había tal inconvenientes porque eran políticas de índole general y no políticas referidas a una persona en particular», dijo.
La plataforma Proceso Constitucional ofrece un perfil público de cada comisionado, información de la cual se deducen sus áreas de expertise -razones técnicas por las cuales los partidos políticos les eligieron, en el caso de Ribera, Renovación Nacional-. Aquí también encontramos puntos débiles.
La ficha de Teodoro Ribera omite su rol como fundador de la Universidad Autónoma y su participación en la toma de decisiones estratégicas del plantel. Se le presenta como un docente que llegó a rector: «En 1998 asumió como Rector de la Universidad Autónoma de Chile, desempeñándose también como profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y luego como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Autor de numerosos artículos académicos y libros en Chile y el extranjero.» En el apartado «temas de expertise», su perfil se remite a cuestiones legislativas, nada relacionado con educación: «Organización y atribuciones del Tribunal Constitucional, Derecho Internacional y su incorporación al Derecho Interno, Nacionalidad, entre otros.»
La ética de González
Natalia González es comisionada experta elegida por la Unión Demócrata Independiente (UDI). Esta abogada de la Universidad Católica, aparte de ser una de las directoras de Libertad y Desarrollo, ejerce desde 2020 como consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), corporación autónoma creada para velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.
Mientras la comisionada electa por la UDI participaba de una de las sesiones de la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, González decidió inhabilitarse para una votación que involucra la elección de los miembros del CPLT. En la instancia, la miembro del Comité Experto se expresó de la siguiente manera:
“Por esta enmienda, se incorporan unos literales nuevos al artículo 59, que establece quiénes no pueden ser candidatos a diputados o a senadores. La enmienda incorpora a ese listado, que ya teníamos aprobado en general, a los integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) y a los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Como soy integrante del Consejo Directivo del CPLT, me voy a abstener en esta votación”, señaló González.
De esta forma, la posición de la comisionada y consejera del CPLT fue aceptada por el secretario de su subcomisión. En cierto modo, su actuar y el actuar de los encargados de la deja en claro lo apuntado al comienzo de este reportaje, y es que la inhabilitación de sus funciones queda solo en manos de ella misma. Si los comisionados no lo manifiestan explícitamente, todo sigue su curso.
