Con la polémica implementación del plan piloto del gas a precio justo, se ha cuestionado si el Estado debe continuar involucrándose en el mercado y qué tan viables son proyectos populares, por lo que economistas entregan su juicio al respecto.
Por: Vicente Quiroga Campos
El pasado 20 de marzo diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) oficiaron al Ministerio de Energía, a cargo del ministro Diego Pardow, en donde se solicitó que se entregara información acerca del costo del Plan Piloto que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) realizó junto al Gobierno para vender gas entre agosto y diciembre del 2022 en las comunas de Chiguayante, San Fernando y Quintero.
De esta manera, el miércoles 24 de mayo Enap lanzó oficialmente el proyecto comercial Gas de Chile, con el que la compañía estatal ingresa oficialmente al negocio del gas licuado en el país. No obstante, esto vino acompañado de la noticia que reveló el costo del plan piloto, que significó el desembolso de $591 millones para llegar a los 6.000 cilindros de gas que se consideró en el proyecto, en donde cada balón tuvo un costo unitario promedio de $117 mil.
Esto ha generado polémica, dado que el Gobierno esperaba vender gas a “precio justo” a familias más vulnerables a tan solo un 35% más bajo, aproximadamente, que el precio en el mercado, justificando que el valor tan alto del costo por balón para el Estado se debió a que la mayor parte de la suma era por despacho y por IVA. Sin embargo, desde la UDI se han tomado medidas, en donde Juan Antonio Coloma, junto con otros diputados, presentaron un requerimiento a Contraloría para investigar un presunto mal uso de recursos públicos.
Es así que se pone en tela de juicio nuevamente la viabilidad de proyectos populares de parte del Estado, o bien, si este puede incursionar en el mercado en un rol de Estado empresario. De esta manera, Cooler UAI consultó a expertos en economía para saber qué piensan al respecto.
Opiniones expertas
Carolina Abuauad, economista e investigadora de la Fundación Piensa, sostiene que la iniciativa, como fue concebida el año pasado “demostró que los ingresos estuvieron lejos de cubrir los costos. Si dicha alternativa continuaba operando hubiese sido viable, pero incurriendo en importantes gastos fiscales, además de prácticas contrarias a la libre competencia”.
Asimismo, afirma que “los errores e imprudencias cometidas en este plan piloto no necesariamente deben repetirse y extrapolarse a distintas iniciativas estatales. Efectivamente, algunas empresas del Estado poseen ventajas competitivas en ciertos aspectos, ya sea por su carácter público, experiencia, entre otros. Es por esto que una medida como la nueva propuesta, en la que Enap solo comercializaría su producción de GLP a nivel mayorista, hacen más sentido, ya que no intervendría en la distribución del mismo, que representó más del 85% del plan piloto”.
Del mismo modo, Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo cree que “Enap logró convencer al Gobierno que no había ninguna posibilidad de ser competitivo en ese rubro. Por lo cual se quedará con el rol mayorista en una escala ínfima que el próximo Gobierno cerrará rápidamente”.
Así, acerca del rol del Estado empresario, y si esta polémica podría afectar a proyectos como el de la Estrategia Nacional del Litio, Flores afirma que “sin duda esto genera sospechas sobre toda nueva actividad empresarial estatal y probablemente la Empresa Nacional del Litio nunca será creada”.
Por otro lado, Abuauad dice que la polémica “ya empezó a permear a otras iniciativas estatales dentro de la opinión pública. De hecho, algunos parlamentarios comentaron que este hecho condicionaría su voto en una futura discusión de la Reforma Tributaria argumentando, por ejemplo, que si el aumento de la recaudación va a ser utilizado en este tipo de políticas no vale la pena evaluar un alza de impuestos”.
Continuando bajo esta misma línea, opina que con respecto al litio “también se ha ampliado la discusión y desde el Gobierno han llamado a no extrapolar lo que sucedió en este plan piloto a otras políticas públicas. Mirándolo por el lado positivo, creo que este error político puede llevar al Gobierno a ser más pragmático a la hora de inmiscuirse en nuevos negocios en los que no tiene experiencia”.
Respecto de la Estrategia Nacional del Litio, Carolina Abuauad opina que «el proceso ha contado con una mayor participación del sector privado. Tiene más límites y somos uno de los países con mayor cantidad de reservas de este mineral a nivel mundial. Los resultados de las conversaciones han sido positivos y de llegar a acuerdos, siendo un ejemplo el anuncio de la creación de una empresa con participación de Codelco y SQM (…). Por esto, y dados los mayores controles legislativos que implica esta política, esperaría que su desarrollo lleve a un desenlace más positivo que el del “gas a precio justo”.
Así, la economista cerró al afirmar que, sobre el rol de Estado empresario, este sería viable. “El Estado tiene experiencia en diversas áreas como proveedor de bienes y servicios por su carácter público. Si bien se puede cuestionar la forma en que administra o gestiona estos servicios, tiene una clara ventaja competitiva en algunos mercados por haber sido uno de los pocos (sino el único) proveedor en los últimos años”.
Concluye de este modo que si el Estado decidiera intervenir como actor relevante en un mercado del cual no participa, como fue en el caso del gas, «creo que la viabilidad se puede poner en duda. En caso de que quisiera volver a proveer un bien o servicio a “precio justo”, creo que en algunos casos puede contar con una ventaja competitiva para hacerlo, pero el análisis previo debiera ser más minucioso y certero”.
Gas popular y actores políticos
Bajo la línea de la polémica del gas, el diputado Juan Antonio Coloma declara que ”nosotros (la UDI) vamos a citar al ministro Jackson y al ministro Pardow a la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados para que respondan las preguntas, y en base a los antecedentes que proporcionan, tomaremos decisión de qué rumbo van a tomar las distintas acciones de fiscalización”.
“Esperamos, primero, puedan pedir perdón a nombre del Presidente de la República por el despilfarro de cientos de millones de pesos que, lamentablemente, le costó al país su “plan piloto”, que era un plan que simplemente fracasó. Esto independiente de las acciones que la Contraloría pueda tomar en el oficio de fiscalización”, continúa Coloma.
Así, el diputado concluye que lo que proponen desde la UDI es “que hoy día un pequeño repartidor de gas, una persona que tiene uno, dos o tres camiones ‘firme’ un contrato con una empresa, ya sea Gasco, Abastible o Lipigas. Lo que nosotros queremos es que ese dueño de camión pueda comprarle a cualquiera dependiendo del precio, eso evidentemente va a agilizar y va a meterle mayor competencia a un mercado, y esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la Fiscalía Nacional Económica en su informe del año 2020”.
El alcalde de San Fernando, Pablo Silva, opina brevemente al respecto del plan que fue implementado en su comuna, a lo que afirma que este “fue un plan piloto para demostrar que era posible vender gas más barato que las distribuidoras tradicionales, con muy poco alcance; solo mil usuarios (…). Fue beneficioso solo para los mil vecinos seleccionados por índice de vulnerabilidad, en su mayoría adultos mayores, quienes aún preguntan si se retomará, pero provocó el descontento de los más vulnerables, no seleccionados por razones obvias”.
“La viabilidad del punto de vista de los costos es un tema que debe resolver Enap y el Estado, considerando todas las aristas del caso, y que el dinero público debe usarse bien, ya que es una empresa de todos los chilenos. –continúa Silva– No creo que afecte a las comunas donde se desarrolló este piloto, ya que somos colaboradores de un plan que benefició a un poco más de mil vecinos y no responsables de su implementación. Creo que esto va a afectar más al Gobierno, por razones obvias”.
