La institución acordó por unanimidad presentar una querella criminal contra aquellos miembros responsables de haber omitido acciones cometidas durante la crisis social iniciada en octubre de 2019, con la finalidad de establecer la verdad y dar luces de esperanza a las víctimas del estallido.
Por Emilia Valenzuela
En el comunicado publicado el martes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que se querellará contra el Alto Mando de Carabineros. Según informó el organismo, se busca la responsabilidad de los jefes de la institución uniformada, principalmente por la omisión de medidas destinadas a evitar hechos de violencia policial cuando se realizaban las labores de control de orden público ocurridos el 18 de octubre de 2019.
La sesión ordinaria del consejo se llevó a cabo el 2 de mayo de 2022, donde se acordó por unanimidad la presentación de una querella criminal en contra de los miembros del Alto Mando. En el texto, el INDH señala que “son responsables por haber omitido acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social iniciada en octubre de 2019”.
El informe sostiene que “en particular, estas omisiones derivaron en numerosas denuncias por lesiones oculares producto de la utilización de escopetas antidisturbios y de los carros lanza gases, así como por reiterados casos de desnudamientos forzosos cometidos al interior de comisarías, los que constituye violencia sexual”.
Catalina Fernández, abogada de la Universidad de Chile, comentó a Cooler que esta querella en específico se trata de una causa compleja y que hay que entender la demora, ya que “se involucran mayores autoridades y eso requiere de un proceso de identificación, investigación y de recopilar antecedentes, lo que es bastante más largo que las causas tradicionales”. Sin embargo, cree que estos retrasos afectan a los derechos de las víctimas al acceso a la justicia.
Además, la profesional aseguró que en materia de los derechos humanos, cuando se habla de reparación por graves violaciones a los DD.HH., el Estado debe tomar medidas respecto a las víctimas particulares que han sufrido perjuicios: reparándolas económicamente, con programas de salud, de asistencias, entre otras.
Pero, también existen unas series de medidas denominadas “garantías de no repetición”, que toma el Estado para evitar que estas violaciones a los derechos humanos se vuelvan a producir en el futuro, y según dijo Fernández: “estamos al debe, porque parte importante de estas garantías se vinculan con el rol de los policías y con la pregunta de ¿Cómo vamos a reformar las policías?, ¿Qué medidas vamos a tomar para regular de forma adecuada el uso de la fuerza policial?, para que esté sujeto a la autoridad civil, para que haya mecanismos claros de responsabilidad, ¿Qué mecanismos vamos a tomar para resguardar la protección del orden público?, Sin que eso signifique una autorización para el uso de las fuerzas excesivas. Creo que han dado algunos lineamientos pero, todavía muy generales y todavía queda bastante en esta materia”.
Fabiola Campillai
La senadora fue una de las víctimas del actuar polocial en octubre de 2019. Campillai recibió un disparo de una bomba lacrimógena en su cara al salir de su casa, que le quitó la vista en ambos ojos.
Este martes se inició el juicio oral contra el excarabinero autor de los hechos, Patricio Maturana, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo. Abordada por la prensa en el Congreso Nacional, Campillai dijo que «no me puedo referir al juicio, pero sí puedo decir que tengo la esperanza que el Poder Judicial esté a la altura y también tengo la esperanza que se haga justicia». Además, la congresista añadió: «ojalá al fin pueda tener reparación, porque sin reparación no hay justicia».
El juicio se extendería hasta principios de julio, donde la fiscalía pretende que se le otorgue la pena de 12 años de cárcel para él, mientras que la defensa de Campillai pide 15 años.
Se busca a los responsables
La acción judicial apunta a perseguir la cuplabilidad de integrantes del Alto Mando, activos o en retiro, quienes a juicio del INDH, no llevaron a cabo las medidas eficaces para poner freno a la violencia ejercida en su labor social.
Con esto, el consejo del INDH pretende contribuir a que se establezca la verdad y se sancione a los responsables de dichas conductas delictivas, realizándose un proceso propio del estado democrático de derecho, tal como lo mencionó el organismo que encabeza Sergio Micco.
Desde la vocería del INDH
Pablo Rivera, jefe de la UPD, Instituto Nacional de los Derechs Humanos.
