El reporte de Amnistía Internacional aseguró que durante el mandato del expresidente se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. El informe hace un guiño al nuevo gobierno y critica la impunidad en la que se mantiene el expresidente. Desde la oposición señalan que las declaraciones son una “exageración muy grande”.
Por María Francisca González
«Sebastián Piñera dejó un legado sombrío en materia de derechos humanos”, aseguró el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile (AI), Rodrigo Bustos, a raíz del informe 2021 de la ONG sobre la protección mundial de las condiciones básicas para cada persona. Con este motivo, el jefe de la oficina nacional se reunió hoy con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para abordar soluciones al crítico estado en el que está el país según el documento que directamente responsabilizó al expresidente.
Uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra defensores de movimientos sociales son algunas de las falencias que destacó el reporte. En este, se planteó que instituciones como Carabineros, el Ejército y Ministerio Público –todas bajo la administración del anterior mandatario– no avanzaron en el cumplimiento de sus promesas hacia el resguardo de la integridad de la vida.
Tras el lanzamiento del informe desde Londres, Bustos fue categórico sobre la falta de compromiso de Piñera, y por lo mismo, la ministra Ríos manifestó luego de su reunión que, pese a ser una evaluación del gobierno pasado, desde la nueva administración o se harán “cargo de la deuda”, incorporando las recomendaciones de AI.
Dentro de las sugerencias para mejorar el amparo a los derechos humanos (DD.HH.) está la reformulación de Carabineros de Chile. Al respecto, el director de la organización explicó a Cooler que la transformación esperada “tiene que implicar un cambio en su doctrina, una mayor subordinación del poder civil con la eventual creación de un ministerio de seguridad pública, mayor transparencia y rendición de cuentas de la institución policial”.
Además, Bustos enfatizó en que el personal debe recibir educación para la defensa de DD.HH. En la misma línea, agregó: “Incluso debe haber regulación a través de ley del uso de la fuerza y no sólo a través de protocolos. Entendemos que no es un proceso de un día para otro, pero es una reforma que tiene que ser profunda y que es urgente”.
Si bien tras el encuentro con la jefa de la cartera de Justicia, desde Amnistía Internacional se valoró que “este gobierno sí escuche”, se criticó la impunidad ante las violaciones de derechos no abordadas por el expresidente, quien no sería investigado al respecto tras la desestimación de la acusación presentada a la Corte Penal Internacional.
La defensa del exmandatario
El documento que revisa el panorama mundial recalcó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que las investigaciones sobre los más de 3.000 casos registrados de vulneraciones en el marco del estallido, fueron paralizadas, archivándose sin cargos. Así también se enfatizó en que al menos hubo seis demandas en contra del expresidente por crímenes de lesa humanidad, todas hasta el momento denegadas.
Pese al escenario de reprobación al que se enfrenta Sebastián Piñera, desde la coalición que lo apoyó durante su gobierno aseguraron que la declaración de Amnistía Internacional “es una exageración muy grande”.
El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, manifestó a Cooler que “la frase «legado sombrío» es una interpretación semántica, una opinión y no un resumen o una constatación basada en números o hechos”. En defensa del exmandatario, planteó que si bien hubo malas prácticas que debieron corregirse, “eso no constituye que el gobierno hubiera dado órdenes expresas de una actuar así, porque en un gran porcentaje de casos, se actuó respetando los derechos humanos”.
Respecto de las medidas propuestas por AI, el parlamentario indicó que es necesario mejorar el funcionamiento de Carabineros, pero “en ningún caso reformular por completo”. Según señaló, el anterior gobierno trabajó en los cambios en las fuerzas de orden para actualizar su formación y “tener mayor control y fiscalización interna de los recursos para evitar que ocurran hechos que lamentar”.
Consultado también por lo dicho desde la ONG, el exsubsecretario de Justicia de la administración Piñera, Sebastián Valenzuela, comentó que “ellos [AI] son los únicos que sostienen que hubo una política de Estado detrás de los casos vinculados a DD.HH. Esto se diferencia de otros informes, como los que han venido de ACNUR, Human Right Watch o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Tarea para Boric
Ya que se espera que el informe que saldrá respecto de este año presente una mejora en la situación, la ministra Ríos aseguró que el nuevo gobierno trabajará encarecidamente por reparar a las víctimas tanto de la dictadura cívico-militar como del 18-O.
Ríos informó que ya se están aplicando medidas en favor de la promoción de la justicia. “Tenemos dos preocupaciones centrales, una que es que la prisión preventiva no se utilice como un castigo anticipado, lo que nos preocupa de sobremanera; y en segundo lugar, es que tenemos condiciones carcelarias que muchas veces no aseguran el respeto de la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad”.
Aunque criticada, la decisión de indultar a los presos del estallido iría en la misma línea. Al respecto, la ministra argumentó que el retiro de querellas se justifica en una revisión exhaustiva de los casos que no atentan verdaderamente contra la seguridad. “Creemos que hay que perseguir los delitos comunes, obviamente, pero tiene que haber una proporcionalidad en la persecución penal por parte del Estado”, indicó.
