Criticado por el medio futbolístico, Pablo Milad tiene más malas decisiones que buenas. Una buena es que logró que el Mundial Sub-20 se realice en Chile el 2025. Una pésima es el préstamo que le pidió a Leonidas Vial, accionista de Colo Colo, por un monto de US$ 7 millones.
Por Ignacio Valdés
La administración de Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), acumula una serie de fracasos deportivos y económicos que afectan negativamente la competitividad y rendimiento de Las Rojas y los clubes.
El fútbol chileno enfrenta uno de los momentos económicos más complejos de su historia. Las obligaciones financieras son cada vez mayores, hay deudas que se acumulan y sus montos se calculan en millones de dólares. Desde la orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de Warner Media, la cual decreta que la ANFP deberá indemnizar a Warner con US$ 37 millones.
Para el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, a pesar de que el contrato se firmó con el antiguo presidente, Sebastián Moreno, este es un error de la administración Milad. Se lo atribuye a este porque Moreno se percató del error e intentó negociar con los dueños de los derechos televisivos una medida compensatoria. Mientras que el actual titular de la ANFP se preocupó de deshacer las negociaciones.
Deudas con Warner Media
Deben recordarse los finiquitos que la Asociación ha tenido que pagar por despidos de directores técnicos. Las deudas suman frente a una caja pagadora que cada vez es más pequeña.
La situación escaló a niveles preocupantes y amenaza con desestabilizar al organismo rector del fútbol chileno, ya que se pone en jaque su estabilidad financiera y la continuidad del campeonato nacional, tal como se conoce. Entre todos estos pagarés, el más crítico es la millonaria obligación financiera con Warner Media.
La relación entre la ANFP y Turner Media, quien opera en Chile a través de su matriz Warner, comenzó en 2018, tras un acuerdo para la compra del antes Canal del Fútbol (CDF), lo que significó que los derechos televisivos del fútbol chileno pasaron a ser propiedad de la multinacional por un monto cercano a los US$ 2.200 millones, según información de Pulso LT. Desde ese momento el balompié criollo sólo se transmite por medio de TNT Sports.
El trato significaba una inyección de capital y recursos para el fútbol chileno. Al ser dueña del 80% de CDF, la ANFP recibió un dinero proporcional al porcentaje de propiedad, mientras que para los clubes trajo una distribución de recursos, ya que cada uno recibió US 3,2 millones, por conceptos de derechos de imagen.
Hasta ahí, todo parecía ir por una carretera. A fines del 2019, tras el estallido social, la situación se complicó. Por la contingencia, la actividad se suspendió poco más de un mes. En un partido intrascendente entre Unión La Calera y Deportes Iquique que se jugó en el estadio Bicentenario de La Florida, donde se intentó retomar la normalidad, las manifestaciones de los hinchas se tomaron la escena. Fanáticos de Colo Colo invadieron la cancha y el duelo terminó forzosamente.
Después, el consejo de presidentes de la ANFP aplazó el regreso del fútbol hasta nuevo aviso. Pero el esperado no sucedió y el campeonato llegó hasta ahí. Se decretó campeón a Universidad Católica, quien tenía una ventaja de 13 puntos sobre Colo Colo, su más cercano perseguidor. En la parte baja de la tabla no hubo descenso y en la Primera B no hubo ascenso.
La temporada siguiente tampoco fue mejor y la situación empeoró. El campeonato de Primera A empezó a fines de enero del 2020 y terminó abruptamente el fin de semana del 15 de marzo por la propagación de la Covid-19.
La actividad futbolística del país no tuvo fechas programadas ese año hasta fines de agosto, es decir, cinco meses sin competición. Los 46 duelos suspendidos por las revueltas abrieron tensiones con Warner Media, que ha exploró vías legales por el perjuicio económico que le causaron los partidos no disputados. Incluso se analizó la posibilidad de poner fin al contrato y llevar a la ANFP a un arbitraje internacional.
Tras evaluar los escenarios, Warner acudió al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. La instancia falló a favor de la multinacional. El árbitro de la negociación, Enrique Barros, estimó que la ANFP debe pagar 33 mil millones de pesos, en compensación por los partidos no jugados, lo que se traduce en pérdidas millonarias para los controladores de TNT Sports.
El contrato firmado el 2018 estableció que las transmisiones de los partidos ocurrirían a todo evento, se “contempla efectivamente un derecho de indemnidad a todo evento para CDF (actual TNT Sports, propiedad de Warner), por las pérdidas derivadas de la no realización de partidos de fútbol comprendidos en los derechos de transmisión”, se expone en un documento Judicial.
Tras perder la orden de no innovar en segunda instancia, cuyo propósito era ganar tiempo y que no se acumularan los impuestos de la deuda establecida por la Justicia, la ANFP acude a la Corte Suprema como último recurso para anular el juicio. El futuro es incierto y con un mal diagnóstico para los de Quilín 5635. El contrato es claro, preciso e irrefutable, para los magistrados habrá fútbol a todo evento.
Guarello afirmó: “El fútbol chileno está a punto de morir, reventado económicamente (…) zombificado por la escudería. Como si esto fuera poco, algunos señores lo revientan económicamente de puro soberbios, creen que se las saben todas y no es así”.
Cuatro entrenadores
El periodo de Milad al mando de la ANFP comenzó el 30 de julio de 2020. Desde ese día, pasaron por la banca chilena Reinaldo Rueda, Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca. Este último sólo ha ganado un partido oficial de un total de nueve.
A pesar de los paupérrimos números y que se ha desvinculado a otros técnicos con mejor desempeño, es el factor monetario el que retiene al DT de La Roja. Para que se vaya Gareca habría que pagarle un equivalente a 11 sueldos como finiquito, es decir, 2,5 millones de dólares.
Desde Perú las acusaciones son más graves. El periodista Peter Arévalo dijo: “La ANFP tiene serios problemas económicos. Ricardo Gareca pasó del paraíso que significaba estar en la selección de Perú a una Federación que no ha podido cumplir con su segundo mes de salario acumulado”. Según Arévalo, la ANFP no ha pagado dos meses de sueldo a Gareca.
Los casos de Rueda y Lasarte son parecidos. Ambos estuvieron dirigiendo a Chile para las eliminatorias del Mundial de Qatar, ninguno tuvo el desempeño esperado y no pudieron encaminar a la selección a la cita planetaria. El primero tenía acordada una cláusula de rescisión de US 2,2 millones.
Tras la presión de la prensa, Milad y el consejo de presidentes, el adiestrador colombiano negoció su salida y terminó pagando 500 mil dólares a la Asociación para rescindir el vínculo. En cambio, Lasarte no cumplió el objetivo mundialista y no se renovó el vínculo.
Malas decisiones
Guarello, en su masivo programa de YouTube “La hora de King Kong” hizo una lista de los desaciertos de Milad. Criticó las labores de Francis Cagigao, exdirector deportivo nacional y de Javier Castrilli, exjefe de la comisión de árbitros de la ANFP “trajiste a Cagigao, te gastaste un millón de dólares y no te dejó un plan, ninguna lista de jugadores. Vino Castrilli, puro escándalo, uno tras otro ¿de qué estamos hablando? El fútbol chileno está en la lona”.
En el balompié nacional, las polémicas arbitrales son pan de cada fin de semana. Con el objetivo de recuperar la credibilidad y transparencia, Castrilli despidió al menos 16 colegiados, entre los más destacados, Julio Bascuñán y Piero Maza.
El argentino dejó su puesto polémicamente. El árbitro Francisco Gilabert denunció que recibió llamadas desde Santiago para cobrar un penal a favor de Huachipato que jugaba el partido de promoción contra Copiapó. El exjuez trasandino fue suspendido de sus labores mientras se investigaba la denuncia, decisión que no acató, por lo que fue desvinculado.
Por lo anterior, el porteño comentó en X “qué absurdo… Para que se caiga de una vez por todas esta farsa y quede al descubierto que fue todo armado para que vuelvan todos los árbitros despedidos». Las repercusiones no quedaron sólo en las declaraciones y redes sociales, sino que Castrilli demandó a la institución por despido injustificado y daño moral. Tanto el Juzgado de Letras como en la Corte de Apelaciones falló en contra de la entidad ubicada en Avenida Quilín, esta debió desembolsar en total 150 millones de pesos como indemnización.
