Por Valentina Sepúlveda y Trinidad Hagelin
La reciente decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de modificar el criterio sobre la «confianza legítima» en los funcionarios a contrata ha generado una fuerte reacción en diversos sectores, especialmente entre los gremios del sector público.
Organizaciones como la ANEF, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y el Colegio de Profesores han manifestado su preocupación por lo que consideran un retroceso en la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado, temiendo que esta medida pueda generar un aumento en los despidos arbitrarios y precarizar aún más las condiciones laborales de miles de funcionarios públicos.
El nuevo dictamen, liderado por la contralora Dorothy Pérez, establece que las controversias sobre este principio deben resolverse a través de los tribunales de justicia, eliminando la jurisprudencia administrativa previa que protegía a los funcionarios públicos con más de dos años de antigüedad en sus contratos. Esta modificación deja en una situación de vulnerabilidad a miles de empleados públicos, quienes, según la ANEF y la CUT, se verán desprotegidos en casos de despido injustificado. Para los sindicatos, este cambio implica una flexibilización del marco normativo que ha sido históricamente un respaldo ante despidos arbitrarios en el sector público.
El presidente de la CUT, David Acuña, criticó duramente la medida, y aseguró que con este dictamen la desprotección hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado es “brutal”. «Antes del dictamen de la contralora existía una única herramienta para poder discutir ante un despido injustificado. Ahora, nada», señaló Acuña y destacó que los funcionarios públicos no tienen un finiquito, como ocurre en el sector privado, lo que limita su acceso a la justicia y a una adecuada defensa legal. En este sentido, reiteró la necesidad de que los trabajadores del Estado cuenten con una herramienta básica para la defensa de su estabilidad laboral.
La ANEF reaccionó con dureza y declaró a la contralora Dorothy Pérez como «persona non grata». La organización gremial ha convocado manifestaciones y protestas en todo el país, mientras que la Mesa del Sector Público anunció una serie de acciones para exigir la reconsideración del dictamen, incluyendo protestas masivas y reuniones con el Ejecutivo. Las movilizaciones se han intensificado en diversas ciudades, con demandas claras por la restitución de las garantías laborales para los trabajadores a contrata.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que si bien el Ejecutivo está dispuesto a dialogar sobre la situación, la Contraloría es un organismo autónomo, por lo que no responde ni define en función de las decisiones del gobierno. «La Contraloría y su contralora son las que determinan un dictamen de manera autónoma, independiente de las opiniones y las críticas», subrayó Vallejo. Sin embargo, indicó que el gobierno está dispuesto a abrir espacios de conversación para tratar las preocupaciones de los trabajadores del sector público y buscar alternativas que mitiguen el impacto de la decisión.
Desde el Congreso, parlamentarios como Yasna Provoste y Luis Cuello también se mostraron en desacuerdo con la medida y advirtieron que este cambio podría generar más precarización en el empleo público, especialmente en un contexto donde más del 50% de los trabajadores estatales se encuentran bajo contratos temporales. Provoste, expresidenta del Senado, argumentó que este tipo de medidas podría afectar negativamente la calidad del servicio público y la moral de los funcionarios, mientras que Cuello, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, destacó la necesidad de una legislación más robusta para garantizar la estabilidad laboral en el sector público.
En contraste, sectores políticos como Renovación Nacional defendieron la medida. Argumentaron en esta tienda que es una forma de optimizar la administración pública y de fomentar una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado. La derecha ha planteado que esta modificación en el criterio de la Contraloría permitirá reducir la burocracia y mejorar el rendimiento de los funcionarios públicos, especialmente en tiempos de restricciones presupuestarias y de eficiencia administrativa.
En tanto, las movilizaciones continúan. Los funcionarios públicos afectados se enfrentan a un panorama incierto, marcado por la judicialización de sus derechos laborales y la creciente desconfianza hacia las decisiones de las autoridades gubernamentales. Este conflicto pone de manifiesto las profundas tensiones dentro del sistema de empleo público chileno, en particular en un contexto de alta temporalidad en el empleo estatal, donde más de la mitad de los trabajadores no tienen un contrato fijo o de planta.
El futuro de los trabajadores a contrata y la estabilidad laboral en el sector público chileno es un tema de debate, y los próximos días serán clave para determinar si el gobierno y la Contraloría reconsiderarán el dictamen o si las protestas y movilizaciones seguirán escalando.
