Por Gonzalo Slako
En la ciudad estadounidense de Brentwood, Tennessee, reina el silencio nocturno. Acostumbrados a una vida de lujos, los habitantes de un barrio adinerado a las afueras de la localidad difícilmente prestan atención a lo que pasa alrededor de sus hogares. Sin embargo, mientras la mayoría duerme apaciblemente, tres figuras grises, dotadas de mochilas, mascarillas y linternas, cruzan en la oscuridad los terrenos aledaños al barrio, para llegar con el mayor sigilo posible a la parte posterior de una casa que se encuentra desocupada.
Sin armas ni intenciones de enfrentarse a nadie que entorpezca su misión, el grupo de encapuchados se acerca a la puerta para hacer lo que los trae al país; recorrer los dormitorios de la casa, sustraer especies valiosas como bolsos, relojes y joyas, y darse a la fuga en cosa de minutos.
Pero esta vez se les acabaría la suerte. Al momento de salir de la propiedad, el trío se encuentra acorralado por efectivos de la policía local. Momentos antes de ser atrapados con un botín cercano a los 50 mil dólares en joyería robada, uno de los ladrones deja escapar una frase trágicamente familiar para invitar a sus pares a escapar:
–¡Vamonoh compañero!
Si bien un miembro del grupo logró fugarse a pie, los oficiales logran detener al veinteañero Rodrigo Lienen y a un menor de 15 años, ambos de nacionalidad chilena.
La historia anterior, como varias otras de impactante similitud, se conoció a través de la televisión estadounidense, la cual se ha visto plagada de esta narrativa desde hace años. Términos como South American Theft Groups (SATG) han aflorado para referirse a lo que las autoridades de la potencia norteamericana describen como verdaderos anillos delictuales, dedicados específicamente al robo en propiedades de altos ingresos y que han sido representados en los medios principalmente por los chilenos que incurren en lo que la prensa ha incurrido en bautizar como “turismo delictual”. En el estado de Los Ángeles, por ejemplo, se conformó un equipo policial específicamente designado a lidiar con este tipo de agrupaciones delictuales.
Pero lo preocupante de esta tendencia no se queda sólo en la mala reputación que la nacionalidad local pueda adquirir en otros lugares del mundo, sino que, de no corregirse a la brevedad, la ola de crímenes perpetrados por chilenos podría traducirse en una amarga salida de Chile del programa de visa Waiver, una sanción que tendría como consecuencia la remoción de un beneficio internacional único, disponible actualmente para todos los ciudadanos del país.
¿QUÉ ES LA VISA WAIVER?
“Parecen ninjas, van enmascarados y con guantes. Portan mochilas con un surtido muy específico de herramientas para su trabajo en los robos” dijo Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland, para referirse en conversación con FOX 2 Detroit a los “más de 100 equipos de 4 a 6” ladrones chilenos que operan en su país. El mandamás policial es sólo una de las autoridades que ha señalado al acuerdo de visa Waiver que rige entre Estados Unidos (EE. UU.) y Chile como la principal puerta de entrada para los criminales con los que debe lidiar día tras día en su jurisdicción. La idea del sheriff es de dejar sin efecto el beneficio para los chilenos, pues la mayoría de los arrestados por este tipo de delitos han ingresado con gran facilidad gracias al beneficio.
El acuerdo en cuestión data de 2014, y se trata de la inclusión del país en un programa de extensión de visa en EE. UU., es decir, permite que todo ciudadano chileno pueda viajar a territorio estadounidense únicamente dotado de su pasaporte y sin necesidad de tramitar una visa, esto por un plazo máximo de 90 días. Si bien existe una extensa lista de países con alto desarrollo humano que se han incluido del programa, tales como Australia, Corea del Sur y Suiza, Chile es el único país latinoamericano en contar con el beneficio vigente.
Pero esto no significa que eventos como el alza en los robos perpetrados por chilenos en EE. UU. no pueda revertir esta determinación; según explica Francisco Vicencio, cientista político y analista internacional de la Universidad Andrés Bello, otros países que formaron parte del programa perdieron su lugar por causas relacionadas al uso del beneficio por parte de los viajeros: “En su momento estuvieron Uruguay y previo a eso Argentina, [pero] ambos países fueron arrastrados por la crisis económica, y en ese sentido más personas fueron detectadas que permanecían en EU. UU. como inmigrantes ilegales, y por ende el programa no se renovó y se canceló” precisó el experto.
Es por ello que se han encendido las alarmas respecto al futuro de Chile en el programa, en especial ante los dichos de la embajadora de EE. UU. en territorio nacional, Bernadette Meehan, quien comentó en abril que “no diré que Chile esté exento de riesgo de salir del programa, porque siempre debes cumplir con tus requisitos”, además de existir presiones desde el país norteamericano por dar fin al privilegio, como en el caso del expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, quien criticó fuertemente la participación de Chile en el programa cuando seguía en el cargo.
LA SITUACIÓN EN TORNO A LA VISA
La problemática del turismo delictual de chilenos en EE. UU. no es nueva; así lo comprueban diversos artículos de noticias que denuncian el tema hace cerca de 4 años, pero en la historia del asunto destacan avances respecto a las exigencias que emanan de la autoridad norteamericana acerca de las condiciones para la permanencia de Chile en el programa.
Una de las complicaciones más persistentes es la capacidad de ciudadanos chilenos con antecedentes delictuales para hacer uso del privilegio, situación que, según Vicencio, no corresponde directamente a Chile por ser simples beneficiarios del programa y no haber participado en la creación del mismo, pero sí despierta la necesidad de una colaboración constante entre las naciones en el intercambio de información relevante. Por ello, las peticiones de mayor eficiencia en la disposición de datos sobre los historiales penales de viajeros provenientes de territorio nacional han sido la tónica de lo que lleva la problemática en la palestra, lo que ha derivado en diversas acciones y dichos.
Un ejemplo de aquello es la firma del Acuerdo de implementación bilateral para la prevención y el combate de delitos graves entre ambos países en julio de 2023, que llegó poco después de que un fiscal californiano denunciara obstáculos en la entrega de información penal de chilenos arrestados en EE. UU. desde su país de origen, lo que a su vez gatilló la reacción de McCarthy. A la vez, en aquella época, según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se actualizaron datos de Interpol respectivos a Chile y se realizó la modernización del pasaporte, todo como parte de una verdadera operación gubernamental para evitar que las tensiones cambiaran la postura de la Casa Blanca respecto a la permanencia de la visa.
Es más, el período previo a la firma del documento en compañía de Meehan, la estrategia de La Moneda por calmar las aguas reunió al secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, con una comitiva encabezada por el canciller Alberto Van Klaveren, quien se trasladó a Washington D. C. para tratar la materia.
Sin embargo, cuando se percibía relativa estabilidad en torno al asunto, el siguiente capítulo en las turbulencias alrededor del tema llegaría en cosa de meses, cuando en abril de este año se filtrara información de una sesión secreta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la que participó Meehan. Indignada, la embajadora resolvió suspender todas las exposiciones en el Congreso sobre la visa Waiver, lo que fue percibido como un aumento en el riesgo de una eventual cancelación del acuerdo.
Pese a lo anterior, las declaraciones más recientes sobre el tema provienen del gobierno, pues Monsalve comunicó recientemente que el beneficio no se encuentra en peligro, y que el riesgo que se comenta proviene de “intereses electorales”. Además, el subsecretario aseguró que, por la disponibilidad de antecedentes que existe actualmente, “si hay una persona con antecedentes penales que viajó a Estados Unidos, lo hizo previo al acuerdo que llegó el Gobierno con Estados Unidos en julio de 2023”, y que de las 52 personas que han sido detenidas en EE. UU. según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), “a lo menos treinta, o sea, sesenta por ciento, son personas que o entraron previo al acuerdo que la implementación del acuerdo de julio de 2023 o ingresaron a Estados Unidos de países distintos a Chile”.
¿DE QUÉ DEPENDERÁ LA PERMANENCIA?
Pese a los paños fríos de Monsalve, Francisco Vicencio percibe que la tensión por la potencial salida de Chile del programa sigue latente, y que existen puntualmente dos factores que podrían determinar la permanencia del beneficio para los próximos años.
La primera tendría que ver con las próximas elecciones presidenciales del país norteamericano, para las que nuevamente Donald Trump destaca como una carta fuerte para sentarse en la oficina oval. Según el experto, el recambio por el exmandatario conservador aumentaría las probabilidades de que se cancele el acuerdo.
El segundo factor, “qué tan fluido funcione el intercambio de prontuarios policiales, la cooperación entre ambas policías que permita detectar a tiempo la eventualidad de este turismo delictual”, es decir, la capacidad de las autoridades chilenas por mantener un buen funcionamiento del intercambio de información esencial para el cumplimiento del programa y en qué medida se respete el acuerdo de julio de 2023.
