Por Antalia Cheul
Denuncia, juicio y sentencia: Ese debiese ser el conducto regular frente a un caso lleno de pruebas y evidencia por abuso sexual, ¿no? Pues existen muchos de ellos donde este proceso no se cumple en un rango de tiempo prudente, o incluso, la causa es archivada en un viejo cajón.
Los delitos de índole sexual en Chile se normalizan vergonzosamente. Pareciera ser que con la tercera ola del feminismo que inició en 2015 ha existido un aumento de conciencia en la ciudadanía frente al respeto por los derechos de la mujer; pero quizás es solo una pantalla.
Durante el último tiempo se han registrado casos desgarradores que han revolucionado a la sociedad. En la comuna de Curarrehue, Kennedy Alexander Leal, abusador sexual de una menor de 14 años, fue imputado por la ley por el hecho, la cual dictaminó que deberá cumplir su “condena” en libertad. O si nos remontamos a 2020 con el juicio por violación de Antonia Barra por Martín Pradenas, quien recién fue condenado a 17 años de cárcel en 2023 por el delito cometido en septiembre de 2019 (en su pena se consideró este caso y seis más). Además, recordemos que en julio de 2020 los tribunales ordenaron solo arresto domiciliario, pese a las peticiones de la Fiscalía de decretar prisión preventiva.
Pero en el último tiempo, el caso Cobreloa ha conmovido al país durante la última semana, una sorprendente cadena de delitos que tiene en prisión preventiva a nueve excadetes del equipo, por una denuncia de violación grupal perpetuada entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021. Con justa razón, este es el caso más grave en la materia dentro de la historia del fútbol chileno.
Formalización de excadetes de Cobreloa acusados de abuso sexual. (Foto: Extraída de Chilevisión Noticias)
“El Estado opresor es un macho violador”, la reconocida frase de Las Tesis que retumbó en 2019 en los corazones de miles de víctimas por abuso sexual hace más sentido que nunca en casos así. Pareciera ser que la legislación busca apaciguar la reacción de las mujeres frente a hechos persistentes de violencia a través de la famosa ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad -niños, niñas y adolescentes-, la cual “permite perseguir por siempre penalmente a los responsables, interponer acciones reparatorias contra ellos y contra terceros civilmente responsables”, según lo dictaminado. Pero sólo existe bajo este ámbito. Es importante que las autoridades políticas del país amplíen el rango etario dentro de la legislación con el objetivo final de proteger a la víctima para que justamente, no ocurra lo que leeremos a continuación:
Valentina, la joven denunciante, quien para ese entonces tenía 18 años, fue invitada por uno de los nueve imputados a una fiesta en la Casa Naranja del plantel, lugar donde se perpetuó la violación en manada. A primeras horas del 17 de septiembre denunció el hecho a las autoridades y recibió un documento firmado por la doctora Alejandra Ledezma en urgencias del Hospital Carlos Cisternas de Calama.
Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva fueron detenidos durante la mañana del jueves 2 de mayo en diversas localidades del país.
Mientras Chile celebraba las Fiestas Patrias, inició un calvario irreparable para Valentina. El informe médico certificó “signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”, dejando en constancia lo ocurrido a la Policía de Investigaciones (PDI) de la localidad. Pero entonces, ¿por qué luego de tres años del suceso el caso está en boca de la opinión pública? Este hecho sólo deja en evidencia la negligencia y falta de humanidad de instituciones deportivas, policiales y judiciales del país.
“No hay pruebas y estas cosas no llegan a ni una parte”, le dijo la PDI a Valentina, quienes además la forzaron a firmar una declaración señalando que las relaciones con los ocho autores del delito fueron “consentidas”, cuando eso nunca fue así. Aunque el Ministerio Público haya seguido su curso, el 12 de mayo de 2022 los fiscales a cargo de la investigación cerraron la causa “por falta de elementos probatorios”.
“Me grabaron, e hicieron videollamadas a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, declaró la joven de 21 años. Aún sin el testimonio de los jugadores sub20 del club Ioíno, ¿cómo los registros audiovisuales y un informe médico no son pruebas suficientes de investigación que podrían dictar culpabilidad de los hechos ocurridos?
El 18 de enero de 2023 María Saavedra, madre de un excompañero de uno de los involucrados y señalada como impulsora de la denuncia, acusó a los victimarios en diversas instancias. Ella expresó su repudio frente a la falta de colaboración del club y de la ANFP, indicando que “nunca ha habido una respuesta”, evidenciando una vez más que en Chile los delitos de abuso sexual sí pasan desapercibidos.
Cadetes de Cobreloa en acondicionamiento físico. (Foto: Extraída de timeline.cl)
Cuando la bomba estalló, el jueves 2 de mayo, el club Cobreloa recién apareció a través de su cuenta de Instagram: “Como es de público conocimiento, en cuanto la ANFP tomó conocimiento formal de estos graves hechos solicitó a Club de Deportes Cobreloa activar el protocolo establecido en el Decreto N°22, sobre la prevención y sanción de conductas de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva del país”, señaló. Pero todo el mundo se olvida que el club instruyó a los victimarios a no dar detalles de la fiesta para salir ilesos de la situación.
Saavedra aseguró que las instituciones deportivas siempre trataron de esconder el hecho. ¿Cómo luego de tres años, con numerosas pruebas y testimonios, recién en mayo de 2024 son imputados por la ley? “Siempre lo escondieron, partiendo por Ramírez -el entonces presidente del club- (…). Yo no era la responsable de fiscalizar lo que la ANFP, el IND, el COCH no hicieron. Lloré un año y medio porque me sentía una loca. Cobreloa me tiró a la pelea con nombre y apellido “, aseguró la mujer.
Entre las pruebas utilizadas para formalizar a los excadetes, la Fiscalía rescató peritajes realizados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, concluyendo que ocho de los nueve imputados agredieron sexualmente a Valentina, mientras que el noveno, Román Áviles, grabó la violación.
El derecho o la ley son el reflejo de la sociedad. Nos han hecho creer que el Estado es neutral, y que, por ende, la norma también lo es. Pero esto no es verdad: en general tiene características masculinas que oprimen y esclavizan a la mujer. La violencia institucional se entiende como una forma de discriminación donde el Estado actúa activa o pasivamente, y en casos así, se evidencia su perpetuación contra la dignidad de la persona.
Muchas tienen miedo de denunciar porque piensan que lo que les pasó fue su culpa, cuando bajo ninguna circunstancia la víctima es responsable de lo ocurrido: Valentina, Antonia, María, Dominga o Camila, sea cual sea el nombre, tocan a una, tocan a todas.
