En su Informe Anual 2023, que lanzó en el Parque Villa Grimaldi, que fue un centro de torturas en dictadura, el instituto resaltó las deudas pendientes y los avances en materia de derechos humanos.
Por Diego Cabanillas
En la conmemoración de los 75 años de la declaración de derechos humanos y a 50 años del inicio de la dictadura en 1973, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su Informe Anual, 437 páginas, en una ceremonia a la que la asistieron representantes de los tres poderes del Estado, incluido el Presidente de la República, Gabriel Boric.
Consuelo Contreras, directora del instituto, enfatizó que se analizó la actuación del Estado en torno a las adopciones irregulares en dictadura, que afecta a los derechos de identidad y convivencia familiar de niños, niñas y adolescentes.
“No existen los mecanismos necesarios y una instancia estatal especialmente dirigida a la modernización de los procesos de adopción, el reconocimiento de las víctimas, la obtención de verdad, justicia y reparación de las víctimas a sus familiares de origen”, dijo.
También destacó Contreras la importancia de realizar el lanzamiento en Villa Grimaldi, el mayor centro de detención, tortura y exterminio de personas en dictadura, uno de los 1.132 sitios que han sido identificados hasta ahora, de los que solo 45 han sido declarados monumentos históricos y reconocidos como sitios de memoria.
“Solo el 21% de las víctimas por desaparición forzada [en dictadura] ha sido encontrada y sus restos han sido entregados a sus familiares. Solo el 10% de las causas judiciales por violación de derechos humanos del período 73′ – 90′ han llegado a sentencias definitivas”, agregó.
La directora del INDH cree que faltan recursos y voluntad política para terminar con estas causas y conocer la verdad. Además, criticó a los negacionistas que se justifican en el supuesto crecimiento económico que hubo en dictadura. “Nos hemos olvidado que en marzo de 1990 el 45% de la población vivía bajo la línea de la pobreza”, dijo.
Contenido del informe
El capítulo de apertura del informe aborda los avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia. Se recapitulan las recomendaciones que el INDH le ha hecho al Estado, de las cuales el 73% a las que se dio seguimiento están solo parcialmente cumplidas o pendientes de seguimiento.
El segundo capítulo aborda la violencia y vulneraciones en la zona centro sur y el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, además de afectaciones de violencia. Se advierte que hay afectaciones para residentes de la macrozona. Según Contreras, hay limitaciones en la información disponible, tanto en programas como en instituciones.
El principio de no discriminación y derechos sociales de tres grupos de especial protección se expone en el tercer capítulo: mujeres, personas en situación de discapacidad y personas LGBTQ+. Según se detalla, aunque se ha avanzado en políticas, su efectividad es dudosa, ya que no están asegurados los recursos financieros para algunos ámbitos de la educación y tampoco existe adecuada evaluación de la implementación de las normas antidiscriminación, salud, educación y previsión social.
El capítulo de función policial y orden público evalúa las más de 300 recomendaciones que ha hecho el INDH desde el 2011 respecto a la actuación de la fuerza policial. De estas, el 55% están pendientes de cumplimiento y en un 33% de los casos hay un incumplimiento parcial. Concluye que se necesita avanzar considerablemente en la adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos y en el establecimiento efectivo del control del poder civil sobre las policías.
El quinto capítulo aborda la gestión de desastre desde la perspectiva de derechos humanos, se trata de una materia de gran vigencia tomando en cuenta los incendios forestales y las inundaciones que afectaron las regiones del centro sur en los últimos meses. Plantea que se requiere robustecer no solo a la institución del servicio nacional de prevención y respuesta a desastres, sino mejorar su condición con otro servicio.
Sin Estado de Excepción
El Presidente de la República, Gabriel Boric, aprovechó la instancia para volver a descartar la aplicación del estado de excepción constitucional en zonas donde hubo un aumento en índices de criminalidad, como piden sectores de la oposición. “Acá no hay una varita mágica, no hay una sola solución”, dijo.
“Estamos en un estado de excepción hace ya mucho tiempo, pero hemos avanzado paralelamente a ese estado de excepción con una política de diálogo a partir del plan Buen Vivir y de la Comisión de Paz y Entendimiento”, agregó.
Boric se sumó al rechazo frente al negacionismo. “Comparto lo lamentable y triste que resulta que en el último tiempo, porque no sé si esto pasaba con tanta frecuencia antes, pero se cuestione por parte de algunos parlamentarios el financiamiento a instancias como esta, que seguramente no han visitado”, cerró.
