Dentro de las sombras del alma chilena, se ocultan susurros de tragedia. Historias desgarradoras, tejidas con hilos de infancia robada. Entre 2012 y 2022, hubo 45 casos de femicidios a menores de edad en el país, conformando así un 7,2% de los femicidios consumados totales. Sueños perdidos en el aire, con familias atormentadas a quienes les han arrebatado sus hijas, hermanas y madres a sangre fría.
Por Valeria Cifuentes, Amalia Rodríguez y Luna Rojas.
La mañana del 17 de mayo de 2021 no fue como las anteriores. Claudia Ubilla sentía algo raro en sus huesos, en sus entrañas, en su corazón. De pronto, el espacio no era lo suficientemente amplio y sus piernas eran tan débiles que no se sostenían por sí mismas, pero decidió no hacer nada al respecto. Estaba trabajando. Quizá debió escuchar las demandas de su cuerpo, porque cuando volvió a casa durante la noche, los corazones de sus hijos ya no sonaban, no respiraban, no palpitaban. Rubén tenía 18 años, Catalina solo 14.
«Mi jefe me llamó y avisó que Fernando no llegó a su empleo. Inmediatamente sentí una punzada y comencé a llamarlos a los tres», cuenta. Nadie contestó. La inocencia de ambos había sido brutalmente paralizada en su propio hogar, sin una pizca de arrepentimiento. A pesar del tiempo, no se ha avanzado en un juicio oral que dicte sentencia porque la defensa del atacante argumenta que éste padece esquizofrenia.
Catalina fue violada y torturada antes de ser degollada por un amigo y compañero de trabajo de su madre, Fernando Behm (35), quien habitaba una pieza dentro del domicilio de la familia en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana. Ella es solo una de las cientos de víctimas de femicidio ocurridas a lo largo del Chile en el último decenio. Una huella entre muchas que no se han borrado de la historia, con un rostro detrás del número y el dolor que carga un país dominado por una justicia precaria que no avala la seguridad de las mujeres, ni dan tregua a las familias afectadas.
La Ley 21.212 define femicidio como «el asesinato de una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia». El 2020, la calificación amplió el marco legal con la promulgación de la Ley Gabriela, escrita en honor a las víctimas Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, y condenan también los asesinatos hacia la mujer fuera del matrimonio o una relación afectiva, por causa de género, y sin que el victimario sea necesariamente conviviente. Además, incluye el delito de femicidio con violación.
A este marco jurídico se remite el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) para calificar un crimen como femicidio a diferencia de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, organización que acoge dos términos nuevos: suicidio femicida, el cual se refiere a mujeres que terminan su vida a causa de violencia machista, y castigo femicida, que ocurre cuando un hombre asesina a un ser querido de una mujer para dañarla de manera psicológica.
Desde su perspectiva, la abogada feminista y vocera de esta última organización, Lorena Astudillo, cuenta lo díficil que es para las instituciones del Estado comprender la incidencia de los ejercicios de poder desde el sexo masculino hacia su opuesto:
Analizamos las bases de datos de ambas entidades entre 2012 y 2022. Excluyendo suicidios, un total de 635 femicidios remecieron el país. De ese total, nos centramos en aquellos casos en que las víctimas eran menores de edad: 45 casos. El asesinato de niñas y adolescentes es un fenómeno que existe, pero que muchas veces pasa desapercibido en el país, convirtiéndolas en víctimas del silencio. Cuarenta y cinco vidas, como luces que se apagaron demasiado pronto, en manos de hombres cegados por sus propios deseos.
«Los femicidas suelen tener un background de violencia arrastrado de generaciones anteriores. La mayoría de las veces, incluso las familias de las víctimas son conscientes que las víctimas están siendo sometidas a violencia y nadie dice nada porque está normalizado. Está en nuestro inconsciente como sociedad de que la mujer es subordinada al hombre, y en estos casos se exacerba».
Nicole Balin, psicóloga forense de la Defensoría Penal Pública de Chile.
GRITOS DE JUSTICIA POR ROXANA
Roxana tenía 17 años cuando sus ojos vieron la lluvia por última vez. Cinco días de oscuridad bajo la frialdad de su cama, escondida en mantas que no cobijan más que la anatomía de un crimen.
Compartía un departamento en la comuna de Recoleta con su pololo (25), pareja y conviviente con el que tenía un hijo en común. Los episodios de violencia intrafamiliar eran reiterados dentro del hogar. Una noche helada de julio de 2022, él escapó con el niño, abandonándola a su suerte por si alguien, algún día, la encontraba. Vecinos del lugar dicen que escucharon una fuerte discusión antes del silencio absoluto, por lo que se presume su autoría como asesino. A casi un año del femicidio, continúa prófugo.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), en el mundo, alrededor de 736 mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez, por parte de parejas íntimas u hombres sin vínculos. En Chile, las cifras de la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar (ENVIF) de 2022 revelaron que un 44% de mujeres entre 15 y 65 años se han visto expuesta a este tipo de agresiones en algún momento de su vida y un 23,3% fueron víctimas de violencia intrafamiliar en los últimos 12 meses.
Casos como este están en cada lugar del mundo, donde la “fuerza se le va de las manos” a los femicidas. “Generalmente el victimario ocupa la violencia como un instrumento para que el otro haga lo que él dicte. Muchas veces es tanta que acaba en femicidio y es como “crónica de una muerte anunciada”. Por lo tanto, tiene un impacto doloroso en la sociedad y se necesita una educación y políticas públicas para abordar el problema”, explica Balin.
Almacenado en un cajón con cientos de archivos en la PDI, se encuentra la historia de Roxana. Una investigación interrumpida, sin encontrar aún al culpable. La justicia chilena es un tema delicado en el país, producto de la poca seguridad que le otorga a las familias. La velocidad en la tramitación de las causas es una de ellas, dictó el estudio “Lentitud y baja efectividad de persecución golpean percepción ciudadana del sistema judicial” hecho por el Instituto Libertad y Desarrollo, e inspirado en el índice World Justice Project (WJP).
“Nada se parece tanto a la injusticia, que la justicia tardía”, decía el filósofo hispanorromano, Séneca, siglos atrás. Con el paso del tiempo, muchos casos se han empolvado esperando a ser cerrados y los seres queridos de las víctimas pierden poco a poco la confianza en el poder judicial para dar paz a sus madres, hermanas e hijas. A los pocos días de encontrar el cadáver de la joven, la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió que cerca de su residencia vivían familiares del presunto femicida. Tampoco los encontraron.
LA SENDA DE LA INOCENCIA PERDIDA
Dicen que a los 15 años comienza la exploración del amor, donde las mujeres empiezan el proceso de autoconocimiento, sueñan con romances platónicos, encierran sus iniciales en un corazón junto con las del joven que les gusta y perfuman las cartas donde escriben sus pensamientos más profundos. Si bien a esta edad ya está iniciada la etapa de maduración, todavía prevalece la inocencia. Lo último que una adolescente pensaría es que su enamorado tiene dos demandas de abuso sexual y terminaría por violarla y matarla.
Andrea Mazzo tenía 15 años cuando conoció a Steve Sánchez por Facebook en 2017. Se enamoró de un joven de 17 años, o al menos eso le dijo él. Durante un mes intercambiaron mensajes donde se declaraban su amor y decían estar pololeando. Una tarde llegó el día del encuentro. Camino a la casa del sujeto en Quinta Normal, Andrea sentía mariposas en la guata, ¿era el amor? ¿O era su sexto sentido intentando advertirle la proximidad de un suceso sombrío?
Según Virginia Ruiz de la 35 Comisaría de Delitos Sexuales de Carabineros, en ese encuentro Steve y Andrea fumaron marihuana. Mientras tenían relaciones sexuales, ella empezó a convulsionar. Inmediatamente, él la trasladó a un centro médico. Sin embargo, el personal se dio cuenta de que la joven presentaba lesiones de abuso sexual y que había consumido grandes cantidades de droga, lo que le causó una sobredosis. El peritaje arrojó que la menor no había consumido cannabis, sino otras sustancias, entre ellas anfetamina. Sánchez fue formalizado por delito de violación, ya que el análisis anatómico de la adolescente lo delató.
Estuvo cuatro días en riesgo vital en el hospital San Juan de Dios. Al quinto, murió por un edema cerebral.
Sanchez Coyazo en realidad tenía 21 años y no 17, como había dicho por Facebook. Además, contaba con dos denuncias por delitos sexuales; una por violación a una niña de 12 años y otra por abuso a una menor de 14. Su modus operandi fue el mismo: las contactó por Facebook, mintió sobre su edad, las invitó a su casa, las drogó y las violó. Esta forma de acoso se conoce como grooming y sucede cuando una persona adulta se contacta con un menor de edad, engañándolo para poco a poco ganarse su confianza e involucrarlo en un abuso sexual.
Algunas de sus compañeras en el colegio sabían de la relación entre Andrea y Steve, pero sus padres no tenían idea. El día de la violación, la quinceañera hizo la “cimarra”, pero antes de partir le mintió a sus padres y les aseguró que iría al colegio cuando en realidad se reuniría con su novio virtual.
«Era mi princesa, mi compañera… No tenía idea de nada. Me enteré cuando llamaron de la posta».
Andrea Moncada, madre de la víctima.
Andrés Vásquez, psicólogo de la Unidad de Salud Adolescente en el Hospital Sótero del Río, se dedica a tratar con víctimas de abuso. Explica que para prevenir el delito sexual, es importante que los menores tengan una red de apoyo consistente, donde se promueva la comunicación y no tengan miedo de contarle la situación a sus familiares. El especialista, además, indica que es fundamental que se implemente educación sexual en colegios, ya que es una herramienta para que los niños, niñas y adolescentes puedan reconocer que son víctimas de abuso.
«Es común que el victimario aplique el secretismo para manipular a su víctima. Las tratan de locas, y en otras ocasiones las víctimas normalizan el abuso. Es importante que ellas puedan reconocerlo y pedir ayuda».
Andrés Vásquez, psicólogo infantil.
ENTRE DENUNCIAS Y SILENCIO
Lindsay Elizabeth Betancur Torres, una joven de tan solo 16 años, es otra víctima de un sistema que no logró ampararla. Un día, cansada de los maltratos psicológicos, físicos y sexuales, valientemente decidió denunciar a su futuro femicida. Le dieron una orden de alejamiento, pero no sirvió de nada.
En la oscuridad de la noche del 10 de mayo de 2014, Lindsay se encontró con su expareja, Rodolfo Velozo Oyarce, quien tenía 26 años. El punto de encuentro fue el sector Altos, un lugar bastante concurrido y transitado en la ciudad de El Quisco. Anteriormente ya la había amenazado con armas blancas, de fuego y una brutal advertencia: que le arrancaría los ojos «si miraba a otros hombres». El día sábado que se encontraron fue más allá de las palabras. Sin rodeos, apuntó a su pecho con un revólver y le disparó.
La valentía de denunciar no fue suficiente. La supuesta protección de la ley no llegó a tiempo. La noticia conmovió a todo el país y desde su colegio expresaron un profundo dolor por su pérdida. Sus familiares y amigos la recuerdan por su forma de ser: una niña alegre, optimista y llena de sueños que tuvo el coraje de luchar y gritar ayuda.
A Rodolfo lo condenaron a solo 10 años de cárcel el año 2015, a pesar de haber truncado el futuro de una adolescente, quien tenía toda su vida por delante. Hoy le quedan 18 meses para salir.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, registró que uno de cada tres femicidas contaba con denuncias previas solo durante 2022. Cuatro años antes, tres de cada 10 mujeres víctimas de femicidio habían tenido una medida cautelar para su protección. Cifras que evidencian las debilidades del sistema. Los tiempos de investigación y condena tras una denuncia son tan extensos y burocráticos que, en muchos casos, es demasiado tarde.
“La única forma en que las mujeres víctimas de violencia estén seguras, es que los victimarios estén presos”.
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
La diferencia de edad entre la víctima y el victimario es un tema complejo que se ve reflejado en la mayoría de los femicidios registrados por SernamEG y la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Lindsay es parte de las adolescentes que se enamoraron de la persona incorrecta. Cuando entablan una relación íntima, se da una jerarquía de poder entre la pareja, donde el mayor siente que puede controlar a la menor y ésta ingresa a un callejón sin salida. «Dentro de esta disparidad, el niño, niña o adolescente se encuentra mucho más vulnerable a poder hacer cosas que no quiere hacer, o de ser manipulado», explica Andrés Vásquez.
Como un recordatorio desgarrador, la impunidad y las condenas insuficientes reflejan la necesidad de una mayor sensibilidad y acción en la protección de las afectadas. Investigaciones más ágiles, penas justas y efectivas, así como programas de prevención y educación, son medidas esenciales para reparar el funcionamiento de una sociedad que ya está corrompida, rota, fracturada.
CASTIGO FEMICIDA
«La pedagogía de la crueldad es el brazo ideológico del patriarcado, es el modo de subsistencia en las comunidades modernas. Dejada atrás la colonialidad, asistimos a un nuevo proceso: la dueñidad». La antropóloga Rita Segato entiende el concepto “dueñidad” como “una nueva forma de señorío resultante de la aceleración, concentración y expansión de una esfera de control de la vida”, donde es común que el patriarca se sienta dueño de los cuerpos de toda su familia, incluida su pareja.
Si bien el femicidio es la manifestación más violenta y extrema en materia de violencia de género, también existen otras expresiones punitivas en contra de la mujer, que por lo general, tienen la intención de castigarla extendiendo el daño a sus seres queridos con el objeto de destruirla psicológicamente. Por lo tanto, el hombre ataca o mata a los hijos de la mujer con el fin de vengarse de ella, incluso cuando también son hijos del sujeto en cuestión.
La Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer contempla los asesinatos a las hijas de estas mujeres como femicidios y los califica en su base de datos bajo el nombre de castigos femicidas. Entre 2012 y 2022, se consumaron ocho casos de castigo femicida a menores de edad.
“Martes 13 ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. La creencia popular advierte que los días martes 13 son de mal augurio. Hay diferentes historias del origen de esta superstición. Para los romanos alude a Marte, dios de la guerra y la destrucción. Los cristianos, por su parte, lo asocian a Judas, el apóstol número 13 que traicionó a Jesús.
El martes 13 de abril de 2021, Luciano Jaque Araneda asesinó a punta de balazos a sus dos hijas, Valentina y Michelle, de 3 y 11 años. Una vez cumplido su cometido, se suicidó. El día anterior, Alejandra, madre de las niñas constató una denuncia por violencia intrafamiliar en la 14 Comisaría de San Bernardo, y Carabineros recibió una orden del Tribunal de Familia para sacar a las niñas de la casa del padre y llevarlas donde su madre.
Cuando las patrullas llegaron a la casa, Luciano y Alejandra se encontraban en medio de una pelea. Finalmente, Carabineros se llevó a toda la familia a la comisaría y el padre se quedó con las niñas porque Alejandra se desistió de la tuición. A la mañana siguiente, el papá presentó una demanda contra la mujer por abandono de hogar. Por la noche ocurrió la masacre.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública las abandonaron. Según la ley, los oficiales deberían haber cumplido con la orden judicial a pesar de la petición de la mamá. Tres de ellos fueron desvinculados de la institución.
A sus 23 años, Alejandra tuvo que lidiar con el tormento del castigo femicida. Para los medios no bastó que su pareja matara a sus hijas, sino que además la martirizaron, dándole cabida a la familia del asesino, quienes justificaron sus actos.
“Sabía de los problemas de mi padre con su novia actual, ya que ella andaba leseando con otro tipo (…). Ante los Carabineros, ella aseguró que no se las quería llevar (a sus hijas), que todo lo que él dijo era una mentira. Trató de hacer algo a la mala y le salió peor, porque le jugó la mente a mi papá», constató el hijo mayor de Luciano Jaque. En otra instancia, el hermano del homicida comentó que Luciano era “un buen padre de familia”.
Ni los familiares ni los medios tradicionales mencionaron la diferencia de 18 años entre Luciano y Alejandra. Nunca detallaron que cuando empezaron la relación, ella tenía tan solo 12 y él 30, y a esa misma edad quedó embarazada de su primera hija.
RADIOGRAFÍA AL FEMICIDIO
Chile ha luchado una ardua guerra por conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero en la década transcurrida entre 2012 y 2022, el país se enfrentó con una angustiosa realidad que no deja a nadie exento y que continúa conmoviendo a todos.
Las batallas no están cerca de terminar y los casos de femicidios se encargan de recordarlo. La violencia de género cada año sigue sumando víctimas, al parecer sin descanso. Pero lo que para muchos son solo titulares, son en realidad mujeres que vivieron, con sueños y con historias. Personas reales a las que les arrebataron la vida, sin ningún sentido ni lógica. Son madres, hermanas, hijas, abuelas, tías y amigas, quienes se vieron forzadas a partir de este mundo, dejando atrás a sus seres queridos, quienes hoy deben aprender a convivir con el dolor.
A través de sus historias, se da visibilidad a víctimas de quienes no se habla: las familias. Esperando así que estas mujeres no queden en el olvido, para que no terminen siendo una cifra más entre números vacíos.
Durante esa década, destaca el año 2017, donde se registró el mayor número de casos de femicidios. Al contrario, el 2012 se registró la menor cantidad de casos.
La RM fue la región en donde se consumó la mayor cantidad de femicidios, registrando 219 casos; mientras que Arica y Parinacota sumó seis, siendo la zona con la menor cifra.
Entre los más de 600 femicidios consumados, se encuentra Soledad Valenzuela.
El 5 de julio del 2020, Soledad Valenzuela tenía 29 años y su cuerpo fue descubierto sin vida tras un incendio en su casa, en la comuna de Doñihue. No era una muerte cualquiera por un incendio común. Se trataba del primer caso de femicidio no íntimo en Chile, un nuevo delito que contempla el Código Penal gracias a la Ley Gabriela.
Con esta nueva categoría, se define que femicida también es todo hombre que mate a una mujer con quien tiene o ha tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Soledad ejercía el comercio sexual y su victimario solo era un cliente más. Por lo tanto, se tipificó su caso como resultado de un acto de violencia con motivos exclusivos de violencia de género, debido al odio que puede expresar un hombre hacia una mujer.
El asesinato de Soledad dejó a 3 niños sin su madre. Paula Valenzuela, su hermana, tuvo que hacerse cargo de sus hijos, de un momento a otro y sin mayor ayuda del gobierno. Ella explica que tuvo que costear los gastos de psicólogos para sus sobrinas y los abogados por su custodia, ya que para el gobierno la única víctima es quien muere. Lo único que hicieron fue proporcionarle un abogado para su juicio:
La reciente aprobación de una ley de reparación integral establece una pensión por parte del Estado para los hijos e hijas de víctimas de femicidios hasta que cumplan 18 años. Incluye un fuero laboral de 12 meses a víctimas de femicidios frustrados o atentados. Desde su experiencia, Paula dio su apreciación sobre este nuevo beneficio:
“Esta ley ha sido una búsqueda de justicia. No es todo lo que esperamos, pero sí es un gran avance”, expresó la vocera de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, Julieta Rivera. Con esto, los hijos y la hermana de Soledad Valenzuela podrán encontrar un poco de alivio en medio del desamparo.
Hijos e hijas de mujeres que el Estado dejó en absoluta indefensión, por un sistema burocrático e inconexo. Donde denuncias, ordenes de alejamiento y medidas de protección parecen correr por carriles separados. Esos menores de edad no tendrán de vuelta a sus madres, como las 45 adolescentes asesinadas en una década, cuyos casos hemos revisado para la realización de este reportaje, no tendrán de vuelta su vida. Sus historias son más que un número en un registro de crímenes. Permitir que solo se les mire como una muerte más en una larga lista sería negarles, otra vez, lo que no tuvieron en vida: justicia.
Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, denuncia aquí.
