Largo y tendido ha sido el debate por las asesoría externas solicitadas por diputadas y diputados del país. Si bien se han regularizado con el tiempo, como consecuencia de diferentes polémicas, aún existen vacíos. Continúan las interrogantes sobre su fiscalización y si acaso se justifican los millonarios gastos provenientes del Estado chileno.
Por: Lorena Martínez, Macarena Aguilar y Maura Nicola
“Para que no parezca chacota”, fue el consejo de $630 mil pesos que recibió la Diputada Camila Rojas (Comunes) en una asesoría para mejorar sus redes sociales, Miguel Crispi (RD) también ha solicitado asesoramiento en esta materia a pesar de que, por reglamento, está prohibido. Más de $400 millones de pesos es el saldo de la Fundación Jaime Guzmán por las 998 asesorías realizadas a parlamentarios de la UDI entre los años 2018 y lo que va de 2023. Y Marcos Espinosa, diputado entre 2016 y 2018, no se conformó con su periodo parlamentario y hoy se mantiene instalado en el Congreso como el segundo asesor más solicitado. Las irregularidades éticas y legales en la cámara baja son latentes y a pesar de las constantes denuncias a lo largo de los años, parlamentarios y asesores continúan con estas prácticas.
Las asesorías externas en Chile sirven para dar apoyo técnico y especializado a diputados y diputadas en el desempeño de sus funciones legislativas. Son un recurso altamente utilizado para obtener información y análisis sobre temas específicos, así como para recibir orientación en la formulación y votación de propuestas de ley. Es en este marco en el que el Congreso Nacional se ha visto envuelto en diversas polémicas a lo largo de los años.
Importante: Existen oficinas especializadas en esta materia dentro de la cámara. Por un lado el Comité de auditoría parlamentaria, que debería controlar los gastos por asesoría. Y por otro, la Oficina de Asesorías Externas, quiénes autorizan los pagos y reciben los informes.
Por ello, Cooler UAI se dio a la tarea de analizar información entregada por la Cámara de Diputadas y Diputados a través de ley de transparencia, donde se pueden identificar en detalle los gastos efectuados por cada parlamentario, a quiénes fue destinado aquel monto y el contenido de las asesorías recibidas. Gracias a la creación de una base de datos, se pudo analizar el comportamiento de los parlamentarios desde 2018 hasta la fecha.
Interactúa con el gráfico para ver en detalle los gastos:
Personas naturales o jurídicas pueden prestar estos servicios, siempre y cuando estén inscritas en el Registro Especial de Asesores Externos. Investigación, elaboración de informes, análisis de proyectos de ley, redacción de discursos, preparación de intervenciones en debates parlamentarios, pueden ser algunas de sus funciones. Así le proporcionan a los y las diputadas recursos necesarios para tomar decisiones informadas, en sintonía con sus ideales y para respaldar su labor como representantes de la ciudadanía.
Todo esto gracias a una asignación parlamentaria destinada a cada uno de ellos y que les permite contratar personal de apoyo, gastos operacionales y asesorías externas. De acuerdo a información entregada por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en 2022 el monto correspondía a $1.053.175 mensuales. Estas consultorías deben cumplir con los principios de transparencia y probidad, y los diputados están sujetos a rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos en esta temática.
¿Son realmente necesarias?
La Biblioteca del Congreso Nacional, también conocida como la biblioteca oficial del Poder Legislativo, tiene como principal objetivo preservar y proporcionar a los parlamentarios y a la ciudadanía en general el acceso a información actualizada y confiable sobre leyes, jurisprudencia, investigaciones y documentos. En ella se recopilan y clasifican leyes, decretos, resoluciones y otros documentos relacionados con la legislación vigente en Chile. Además de colecciones de publicaciones periódicas, libros y materiales audiovisuales. Es decir, un sin fin de información disponible a libre demanda para todos y todas.
Es por ello que la necesidad de estas consultorías en Chile es un tema debatible. Algunos argumentan que son esenciales para que las y los diputados puedan desempeñar su labor de manera efectiva, ya que les brindan apoyo en áreas especializadas y les permiten acceder a información y análisis relevantes para la toma de decisiones políticas. Esa la tesis del asesor legislativo de parlamentarios de Evópoli, Francisco Costa: “Nuestra labor es apoyar a los diputados tanto en los aspectos legislativos como fiscalizadores, en el entendido que ellos muchas veces no son abogados. Entonces con mayor razón requieren la asistencia de uno que les ayude a revisar estas tareas técnicas de una manera más eficaz”.
Sin embargo, el abogado, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, contrasta esta afirmación con un caso ideal:
“En mi opinión, las asesorías parlamentarias, como sucede en otros congresos del mundo, debiese descansar fundamentalmente en la Biblioteca del Congreso Nacional, que es muy buena y entrega muy buena información y que solo en casos específicos se pueda contratar ayuda externa”.
Alberto Precht, abogado.
En los últimos 30 años se ha cuestionado si acaso el uso de recursos públicos para la contratación de asesores puede generar gastos excesivos o incluso malversación de fondos. En promedio, entre los años 2018 y 2023 se invirtió $189.675.266. También, se ha debatido la transparencia en la selección de los profesionales y la posibilidad de que estas consultorías puedan ser utilizadas para fines políticos o partidistas.
De acuerdo a Precht, la principal diferencia entre la biblioteca y los asesores externos estaría en el enfoque y la personalización de la información. Mientras que el contenido disponible puede proporcionar información general y accesible a todos los interesados, los agentes externos deberían brindar un servicio más especializado y personalizado, adaptado a las necesidades y prioridades específicas de un diputado en particular. También, deberían tener la capacidad de analizar y sintetizar información compleja, proporcionar recomendaciones específicas y ofrecer un apoyo más directo en el trabajo parlamentario. En resumidas cuentas, trabajos complejos, detallados, especializados y de análisis e interpretación.
Cuentas claras conservan la amistad
Si bien se ha hablado mucho del financiamiento, el contenido de las asesorías no ha sido indagado a fondo. Gracias a la investigación exhaustiva realizada por el equipo de Cooler se llegó a casos de asesorías con poco contenido por una gran suma de dinero:
Es necesario mencionar que durante los últimos seis años ha habido una marcada tendencia a la baja en la cantidad de asesorías brindadas a los diputados en Chile. De acuerdo a los datos recopilados, en 2018 se llevaron a cabo un total de 748 asesorías, cifra que disminuyó a 482 en 2019 y a 397 en 2020. En 2021, esta cantidad se redujo aún más a 318, y en 2022 se registraron 332 asesorías. Hasta la fecha actual de 2023, se ha observado una disminución considerable, con tan solo 99 asesorías realizadas. Esta tendencia a la baja puede indicar un cambio en la forma en que los diputados están abordando su trabajo legislativo y buscando apoyo especializado.
Cuando se trata del gasto asociado a estas asesorías, los números también reflejan una disminución significativa en el periodo mencionado. Sin embargo representan millonarias cifras. En 2018, se destinaron $512.047.888 para cubrir los costos de asesoramiento, mientras que en 2019 esta cifra se redujo a $298.484.922. En 2020, el gasto disminuyó aún más a $223.774.900, y en 2021 se alcanzó la suma de $182.815.557. En 2022, se registró un ligero aumento, con un total de $202.587.350 destinados a asesorías. Hasta el momento, en 2023, se ha gastado $62.883.866. Estos datos revelan una reducción en la asignación de recursos económicos para el apoyo a los diputados, lo que podría indicar una mayor atención y eficiencia en la optimización de los recursos públicos. Las bajas podrían atribuirse, en parte, a las diversas polémicas que han rodeado el tema. Estas controversias han generado un mayor escrutinio sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia en el trabajo legislativo.
1/12 probabilidades de éxito
La asesoría de uso de redes sociales brindada a la diputada Camila Rojas (Comunes) en marzo de 2019 tuvo como objetivo proporcionarle orientación sobre el manejo efectivo y estratégico de su Instagram, Twitter y Facebook, esto fue en directo beneficio a ella en vez de ser una ayuda para la formación de leyes. El informe buscó optimizar su presencia en plataformas digitales, mejorar la comunicación con sus seguidores y promover su mensaje político de manera efectiva.
Conversamos con Rojas para preguntarle el objetivo de la asesoría y nos respondió lo siguiente:
“No estoy completamente segura porque es de hace harto tiempo, pero es probable que ese cambio del reglamento haya sido posterior, porque sino no te autorizan el gasto. Son bien minuciosos con el cumplimiento del reglamento los funcionarios del Congreso”.
Buscamos la vigencia del reglamento actual de las asesorías externas, ya que en él se especifica la prohibición de usar dinero fiscal para asesorías de imagen. Sin embargo, en el portal de Transparencia activa de la Cámara no aparece la fecha exacta de publicación. De todas maneras, es posible afirmar que la regulación se realizó entre marzo del 2018 y marzo de 2019. ¿Habrá esquivado este mínimo rango de error? Ya que la asesoría a la diputada fue en marzo de 2019, las probabilidades son 1 entre 12.
En el documento se dieron pautas para el diseño y la estética de las publicaciones, con el objetivo de lograr una imagen coherente y atractiva en línea con la identidad de la diputada y su partido político. Se destacó la importancia de mantener un lenguaje serio, “Para que no parezca chacota”.
Este tipo de asesoría plantea un dilema ético. Si bien es comprensible que los políticos busquen utilizar las redes sociales como una herramienta de comunicación efectiva, el uso de fondos públicos para ello es un problema. Además, la asesoría parece centrarse más en la estética y en la apariencia de las publicaciones en lugar de abordar aspectos más sustanciales de la comunicación política, lo que tiene sentido considerando que la profesión de su asesora es diseñadora gráfica.
Quien no se salva es el diputado Miguel Crispi (RD). En enero del 2020 (con el reglamento actual) solicitó una asesoría de estrategia digital por 330.000 pesos que tuvo por objetivo mejorar su presencia y comunicación en las redes sociales. El documento proporciona recomendaciones para optimizar su estrategia en línea y fortalecer su interacción con los ciudadanos.
El Mapa Consultores SPA fue la institución a cargo del trabajo, esta personalidad jurídica no es nueva en el área. Aparece desde el inicio de nuestros registros en enero de 2018 y hasta hoy ha hecho 43 asesorías a parlamentarios de RD y el PC, sumando $23.884.479 de ganancias. Puedes ver el detalle en el primer gráfico.
Este tipo de requerimientos están prohibidos según el reglamento, y en vista de que fueron aprobadas, es difícil dilucidar cuál es la profundidad de la fiscalización y seguimiento a estos documentos, que una vez más, presentan irregularidades en su realización.
“Por una sociedad libre y justa”
Este es el lema de la, ya muy mencionada, Fundación Jaime Guzmán. ¿La razón? Es la que más se repite en los datos recopilados, con una constante sin duda significativa. Los integrantes tampoco lo niegan, incluso lo recalcan: «Somos el centro de estudios con más tradición y presencia de asesoría en el Congreso”, manifestó orgulloso el director del área formativa de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros. Así como Teresita Santa Cruz, directora del Área Legislativa de la organización, cuando se le pregunta por la cantidad de dinero estatal recibido desde la bancada UDI: «La fundación no actúa solo como un centro de estudios (…) estamos presentes, estamos en el Congreso permanentemente con ellos, entonces al pensarlo, un parlamentario está pagando por tener un equipo de seis abogados especializados, entonces así se explican mejor los montos».
Sin embargo, a lo largo del tiempo la proporción de asesorías pagadas a la Fundación Jaime Guzmán por parte de los y las legisladoras, especialmente aquellos pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI) no se justifica tan fácilmente. Es importante recalcar que para todos y todas las parlamentarias las asignaciones poseen el mismo valor. Sin embargo, las cifras son alarmantes porque indican un acaparamiento significativo del gasto total de las asesorías en la cámara baja. Estos datos, recopilados a partir del año 2018, revelan una tendencia que se ha mantenido hasta la fecha actual.
Solo en aquel año se destinaron $130.950.000 a esta institución por 252 asesorías, representando aproximadamente el 25,57% del total gastado por todos los diputados. Este patrón se repitió en 2019, con un monto de $119.050.000 por 253 consultorías, un 39,88% del total.
Estas cifras aumentaron estrepitosamente en 2020, cuando más de la mitad del gasto (54,43%) se fue a la fundación. Se pagaron $121.800.000 por 267 informes. En 2021, esta tendencia exagerada continuó, con un pago de $106.721.482 por 228 asesorías, lo que representa un 58,38% del total.
En 2022, aunque se observó una disminución en los montos, aún fue desproporcionado. Se destinaron $89.453.175 por 195 consultorías, el 44,16% de todas las asesorías solicitadas ese año. Este año se han registrado $25.200.000 por 55 documentos, el 40,07%. Estos datos revelan una proporción desmedida, en el que los diputados y diputadas de este partido han pagado sumas excesivas a la Fundación Jaime Guzmán por servicios de asesoramiento. Esta situación pone en jaque la transparencia y la correcta justificación de recursos públicos.
Además, la misma asesoría es cobrada múltiples veces a distintos parlamentarios de la UDI, que mes a mes piden uno o más servicios como bancada. 500 mil pesos paga cada uno por la misma asesoría, de alrededor 300 páginas.
Por su parte, Marcos Espinosa Monardes (PR), profesor de historia y ex Diputado de la República durante tres periodos consecutivos (2006-2018), rindiendo honor a su profesión, habitó la cámara por todo un periodo escolar, 13 años, como de 1ro básico hasta 4to medio. Sin embargo no se conformó con su periodo parlamentario y hoy se mantiene instalado en el Congreso como el segundo asesor más solicitado. Puedes ver el detalle en el gráfico superior justo después de la Fundación Jaime Guzmán en cantidad de asesorías. Le consultamos al respecto a nuestro experto y nos comentó:
«Ahí tenemos un grave problema, hoy día es legal pero no debiese serlo (…) en este caso lo que debiese ocurrir es que, una vez que una persona deja el cargo de diputado exista algo que se denomina periodo de congelamiento que podría ser 6 meses, un año, en Japón puede ser hasta cuatro años, donde el parlamentario no puede prestar servicios de una asesoría parlamentaria ni servicios de lobby. Eso en nuestro país no existe y a mi juicio no es correcto. Muchas veces esto se presta para que una persona que perdió su pega porque se acabo su periodo pueda seguir teniendo pega y eso es lo que se debe evitar«
Alberto Precht, abogado.
Un camino lleno de controversias
En los últimos años, las asesorías a diputados y diputadas en Chile han estado envueltas en una serie de escándalos que han puesto en tela de juicio la transparencia y el buen uso de recursos públicos. Desde millonarios financiamientos irregulares hasta presuntas contrataciones de asesores fantasmas, estas polémicas han socavado la confianza en el sistema político chileno. Algunos de los casos más destacados incluyen el denominado «Caso Asesorías» en 2016 abordado en el reportaje de Mega Noticias «Congreso Papers«, que reveló un presunto mal uso de fondos destinados contratando asesores ficticios.
En 2012 y 2013, los y las diputadas en Chile gastaron un total de $6.026.225.385 en consultorías externas. Cada parlamentario recibía $25 millones anuales, y a cada bancada se le entregaba un monto adicional de $257 mil mensuales por político. La UDI encabezó el gasto con $1.910 millones, seguida por la DC, el PPD, RN, el PS, el PRSD, el PC y el PRI. Los congresistas independientes también gastaron un total de $241 millones.
A partir de ese mismo año, aumentó la participación de sociedades comerciales y personas naturales en las asesorías externas. Los individuos llegaron a representar alrededor del 50% del total de contrataciones, y en algunas bancadas, como la del PPD, alcanzaron el 77% de los servicios pagados.
La Fundación Jaime Guzmán fue la entidad que más dinero recibió por consultorías externas, superando los $451 millones en 2012 y 2013. Le siguen Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada con $275.800.000, el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap) con $215 millones, Tinto Producciones con $191.190.000 y la Sociedad Legal Limitada con $191.110.000.
En 2015, se destapó el caso SQM por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile cuyas siglas nombran el caso, un escándalo de financiamiento irregular de la política en el que se reveló que la empresa había realizado millonarios aportes a diversos políticos, incluyendo diputados. Esto generó serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la influencia de los aportes en las asesorías políticas.
Ese mismo año, en el marco del caso Penta, se descubrió que varios parlamentarios habían contratado asesores relacionados con aquellas empresas. Esto generó cuestionamientos sobre la independencia y la ética de los legisladores en su relación con el sector privado.
En 2017, salió a la luz el caso de presuntas asesorías parlamentarias falsas, donde se descubrió que algunos diputados habían contratado asesores que nunca hicieron el trabajo, lo que ahora se entiende como asesorías fantasma, esto generó sospechas de malversación de fondos y falta de transparencia en el uso de los recursos destinados a asesorías. También se identificó el plagio en otros documentos.
Uno de los temas centrales en estas polémicas ha sido el monto asignado a las asesorías y la justificación de los gastos. Ha habido debates sobre los criterios utilizados para determinar los montos de las asesorías, así como la falta de seguimiento y control efectivo sobre la calidad y eficiencia de los servicios prestados por los asesores. Estas discusiones han puesto en tela de juicio la asignación de recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de los diputados.
Ante la evidente falta de control sobre los recursos entregados a los parlamentarios, el Senado y la Cámara anunciaron medidas más estrictas de fiscalización. Sin embargo, la investigación realizada por Mega, mencionada anteriormente, reveló que los informes entregados para acreditar las asesorías no siempre demostraban que se llevaron a cabo o que fueran de calidad.
Calcular el costo de una asesoría, fiscalizar sus contenidos y equiparar lo indispensable de lo dispensable han sido desafío para las oficinas de la cámara encargadas de autorizar pagos y aprobar formularios. Trabajos complejos, detallados, especializados, de análisis e interpretación son los que los parlamentarios deberían solicitar y por los que se deberían invertir fondos estatales que vayan a un objetivo final de legislar para las personas. Sin embargo se nos presentan casos como estos, asesorías infladas, con contenidos vagos e informales. La falta de control y supervisión sobre las asesorías ha sido otra preocupación recurrente. Los mecanismos de supervisión existentes no son suficientemente rigurosos ni efectivos para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la calidad de las asesorías contratadas, es decir, son «chacota«.
