Comprometiéndose con quienes vieron sus derechos humanos vulnerados durante el estallido social, el gobierno presentó un proyecto integral para dar respuesta a lo sucedido. Con una propuesta que recordó el trabajo hecho por las comisiones investigadoras post Pinochet, las especialistas aseguran que es una señal que va por buen camino.
Por María Francisca González
«El primer recuerdo propiamente político que tengo es de la primera mitad de los 90s, en Punta Arenas, viendo tele y tratando de entender a qué se referían quienes preguntaban “dónde están”», dijo el Presidente Gabriel Boric desde el Ministerio de Justicia. Con el relato de cómo comprendió que había familias que desconocían el paradero de sus seres queridos tras las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen militar, planteó sentir vergüenza porque tal situación se repitió durante el estallido social de 2019 y anunció la creación de la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación.
En una ceremonia que estuvo marcada por la memoria del trabajo hecho por comisiones anteriores tras el fin del mandato de Augusto Pinochet, y por la presencia de la senadora Fabiola Campillai –quien en el marco del 18-O quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de Carabineros–, se mostraron los ejes en los que la propuesta buscará responder por lo ocurrido.
Cumpliendo con el propósito de esclarecer los hechos y hacer justicia para las víctimas y sus familiares, se presentaron dos iniciativas: un proyecto de ley que garantizará la persecución penal especializada en DD.HH., y el aumento de recursos destinados al Servicio Médico Legal (SML) para la realización de los Protocolos de Estambul –el conjunto de normas internacionales para documentar torturas– que aún están pendientes.
Otro de los ejes será la Mesa de Reparación Integral, la cual creará un espacio de participación entre quienes hayan visto vulnerados sus derechos y expertos. Según anunció el Presidente, habrá encuentros territoriales regionales en los que se sentarán las bases para generar medidas de indemnización.
Por último, el área de “No repetición, memoria y educación” establecerá un comité interministerial que coordinará materias como salud y seguridad pública para evitar que este tipo de sucesos vuelva a ocurrir. En la misma línea, se plantearon distintas iniciativas que apuntan a la formación de funcionarios públicos y ciudadanos en la materia, y se anunció la presentación de un proyecto de ley para la protección de defensoras y defensores de DD.HH.
Según explicó la doctora en Derecho, Verónica Undurraga, la agenda viene a cumplir con las directrices internacionales que se establecen en casos de vulneración a los derechos humanos. De acuerdo a estos estándares, la reparación debe incluir restitución –que implica la devolución de la víctima a su estado anterior si es posible–, indemnización de los perjuicios económicos, rehabilitación –que incluye atención médica y jurídica– y satisfacción a través del reconocimiento público del daño y la adopción de medidas que eviten la reincidencia.
El largo historial de comisiones chilenas de DD.HH.
Evocando el compromiso de sus antecesores, Gabriel Boric planteó durante la presentación de la agenda que este gobierno dará lo mejor de sí “para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”.
Tal como lo recordó el Mandatario, no es primera vez que el país debe enfrentarse a dilucidar qué ha pasado tras la constatación de violaciones a los derechos humanos: desde Patricio Aylwin a Sebastián Piñera un largo listado de iniciativas tuvieron que impulsarse luego del regreso a la democracia para resarcir los perjuicios cometidos.
La comisión Rettig y Valech I y II, son parte de las formas con las que anteriormente se ha intentado reparar y garantizar la protección de las condiciones fundamentales de los chilenos y chilenas.
Dados los antecedentes del país, la abogada de la Universidad de Chile especialista en Derecho Internacional de los DD.HH. y regulación de la actividad policial, Catalina Fernández, explicó a Cooler que este tipo de iniciativas deben ser observadas “con atención y cierta cautela para ver en qué medidas estas representan un cambio significativo y una alternativa real frente a las víctimas para obtener la justicia y reparación de los hechos”.
Consultada por el hecho de que sea, en este caso, Gabriel Boric quien asuma la responsabilidad por lo sucedido durante el mandato de Sebastián Piñera, Fernández indicó que es una señal adecuada y que parece ir por buen camino. “No es una obligación que se limite al gobierno anterior […] Es el Estado de Chile en su totalidad el que tiene la responsabilidad de, por un lado, prevenir las violaciones, y por otro, cuando ellas ocurren, repararlas”, planteó.
Una respuesta necesaria
Según planteó a Cooler Alejandra Arriaza Donoso, abogada con vasta trayectoria en DD.HH. que asumió la defensa de Fabiola Campillai, establecer este tipo de agenda era una manera urgente de “hacerse cargo del daño ocasionado por agentes del Estado a miles de víctimas durante el estallido social, y una forma de cumplir con las obligaciones internacionales que tiene nuestro país”.
Como representante legal de víctimas de delitos de este ámbito, Arriaza indicó que la integralidad con que se abordó la iniciativa será crucial para llegar a los resultados esperados. La experta señaló que “la reparación y rehabilitación debe ser tanto física como psicológica, se debe refundar al Ejército y policías, controlar la compra y uso de armamento, educar en materia de derechos humanos, dar celeridad a las investigaciones y juzgamiento por crímenes de lesa humanidad”.
Con la medida, se espera mejorar el declive en la protección a los DD.HH. que registró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según registró el organismo en un documento publicado en enero de 2022, hubo uso excesivo de la fuerza y patrones de violencia que, en el marco de las protestas, dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos.
